Por una medida impuesta durante el correísmo, el Estado ecuatoriano ha estado pagando tarifas fijas a las empresas privadas.
Superar los problemas y pérdidas generados desde que el expresidente Rafael Correa obligó a todas las petroleras privadas a cambiarse de los contratos de participación a unos de prestación de servicios es uno de los grandes retos que todavía tiene por delante el gobierno de Guillermo Lasso.
Este es un tema que se acarrea desde 2010, cuando Correa vendió la medida como una forma para que el país se quedara con el 99% de los excedentes de cada barril extraído.
Sin embargo, lo que se impuso en realidad fueron tarifas fijas a las empresas, sin importar lo que invirtieran ni cuánto produjeran. Se eliminaron los incentivos y la producción de las empresas privadas cayó unos 20.000 barriles diarios, en promedio, durante los años del segundo boom petrolero.
Así, se perdieron más de $4.000 millones de ingresos, a lo que se sumaron demandas al Estado por los cambios forzados. A Occidental se tuvo que pagar $1,000 millones, a Perenco, $435 millones, a Petrobras, $217 millones, entre otros.
Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, ha puntualizado que hasta la fecha Ecuador paga a las empresas privadas más de $33 por barril producido. Esto, mientras el costo de producción en los campos en manos de Petroecuador está en la mitad.
“Es decir, en la mayoría de los casos, se recibe muy poco o se está a pérdida, debido a que los contratos vigentes son a tarifa fija, sin tener en cuenta las fluctuaciones del precio del petróleo. No estamos siendo eficientes y necesitamos generar más ingresos por esos contratos”, dijo.
Revertir la situación
Una de las medidas para revertir la baja producción y la crisis en el sector petrolero es la migración voluntaria de las empresas privadas del contrato de servicios al contrato de participación. Eso se incluyó dentro de la Ley de Desarrollo Económico (reforma tributaria).
Durante una reciente comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, aseguró que ese cambio busca corregir las distorsiones en el manejo del sector durante los anteriores gobiernos.
La propuesta es que las operadoras privadas reciban parte de la producción de petróleo para compensar sus inversiones. Mientras tanto, el resto queda en manos del Estado.
Andrés Vinueza, ingeniero en petróleos, puntualizó que, en teoría, se busca considerar el volumen de crudo extraído en cada campo, pero también su precio de venta.
“De esta manera, los nuevos contratos deberían reflejar la realidad del mercado petrolero y evitar un perjuicio al Estado en caso de que los precios suban o fluctúen demasiado como pasa actualmente. Con los contratos actuales, el Estado ecuatoriano queda muchas veces a pérdida y se acumulan deudas por pagar a las empresas privadas”, añadió.
Con corte al 28 de febrero de 2022, esas deudas sumaban más de $1.000 millones, según el boletín del Ministerio de Economía.
Vinueza recalcó que el Gobierno debe transparentar cómo está negociando esos nuevos contratos y cuáles son las principales condiciones a futuro en cada caso.
Las 15 empresas que tienen contratos de servicios específicos con Petroecuador han solicitado un cambio voluntario a la modalidad de participación. El 18 de abril de 2022, LA HORA solicitó al Ministerio de Energía más información sobre ese proceso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (JS)
La producción diaria apenas se incrementó
Cuando Guillermo Lasso llegó al poder a finales de mayo de 2021, la producción diaria promediaba los 496.000 barriles de crudo. Casi un año después, se llega a un poco más de 498.000 barriles.
En otras palabras, a pesar de los anuncios de más inversiones, y el inicio de las operaciones en el campo Ishpingo del ITT, el aumento real no supera los 3.000 barriles.
Esto se debe a los años de malas inversiones y la nula planificación, pero también a que la actual administración se está enfocando solo en abrir más pozos, pero no en invertir en recuperación mejorada para evitar que cada vez se obtenga más agua que crudo en cada barril extraído.
Esa falta de inversión provocó por ejemplo que primero se anunciara que el primer pozo en el campo Ishpingo iba a producir 3.600 barriles, y un par de días después se bajara a 2.000 barriles diarios.
El Gobierno apunta a que se podrá ir de los 498.000 barriles actuales a alrededor de 560.000 barriles hasta finales de 2022, pero no queda claro cómo lo va a hacer.
Pasos positivos en la transparencia
Desde hace varios años, expertos del sector como Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, proponen que, para sacar más ingresos, y transparentar el precio real del crudo ecuatoriano, se venda directamente a refinadoras y no a intermediarios.
Eso, precisamente, se hizo en la última venta spot de más de 11 millones de barriles de crudo Oriente y Napo, la cual fue adjudicada el pasado 19 de abril de 2022. Los ganadores de la licitación fueron la norteamericana MarathonPetroleum Supply y Petroperú.
Por primera vez en mucho tiempo, el petróleo nacional se vendió con premio (más que la cotización de mercado del crudo del WTI) y no con castigo.
Sin embargo, todavía falta claridad sobre cómo se manejará el área de Comercio Internacional de Petroecuador, con el fin de evitar que se vuelva a convertir en foco de corrupción como en los anteriores gobiernos.