La mayoría del Consejo de Participación eligió al exsecretario del organismo, César Córdova, como Defensor del Pueblo encargado. Minoría criticó la elección.
La designación de César Marcel Córdova como Defensor del Pueblo encargado, por parte de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está siendo verificada por la Contraloría General del Estado.
La Dirección de Auditoría de Administración Central, mediante oficio No. 929-DNA1-2021 de 11 de octubre de 2021 dirigido a la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, le plantea cinco interrogantes respecto del procedimiento y designación de Córdova, quien reemplaza en el cargo a Freddy Carrión, quien fuera destituido por la Asamblea por incumplimiento de funciones.
El CPCCS deberá responder documentadamente sobre la base legal que sustenta la resolución que apoya la designación que se cumplió el 18 de septiembre de 2021. Además, copias de las actas por las cuales la Asamblea notifica con la destitución del Defensor del Pueblo.
Además, deberá informar si el pleno del CPCCS revisó y analizó otras hojas de vida para el proceso de designación del Defensor del Pueblo encargado.
Finalmente, la Contraloría requiere la información que fue analizada por el pleno del Consejo, para determinar el cumplimiento de requisitos y la no existencia de inhabilidades de César Córdova, previo a su designación como Defensor del Pueblo encargado.
La designación de Córdova se dio en medio de denuncias de los consejeros de minoría acerca de que el ahora Defensor del Pueblo no reunía los requisitos para su designación, sobre todo con que no acredita trayectoria en derechos humanos, sino más en temas de aduanas.
Hernán Ulloa acusó a Córdova de supuestamente responder directamente a la Presidenta del CPCCS y habló de que la designación de autoridades genera muchas presiones políticas y económicas.
Antes de la designación, los consejeros de mayoría, Sofía Almeida (presidenta), David Rosero (vicepresidente), Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, dieron por conocido un informe jurídico no vinculante, que recomendaba que el encargo se realice a personas que no hayan tenido afiliación política en los últimos 10 años y que no formen parte de la Defensoría del Pueblo. (RR)
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