Los consejeros de minoría denunciaron que Córdova es persona cercana a la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida.
En una sesión polémica, la noche del sábado 18 de septiembre de 2021, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró a César Marcel Córdova Valverde como Defensor del Pueblo encargado, hasta que el mismo Consejo nombre, mediante concurso de oposición y méritos, al titular de la Defensoría del Pueblo.
Córdova se desempeñó como secretario del CPCCS durante ocho meses, y presentó su renuncia el 12 de julio pasado. El nombramiento se aprobó con los votos de los consejeros: Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.
Los consejeros de minoría, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, se abstuvieron de votar argumentando que Córdova no acredita trayectoria en derechos humanos, sino más en temas de aduanas. Ulloa fue más allá y dejó entrever que el Defensor del Pueblo encargado respondería a la Presidenta del CPCCS, Sofía Almeida.
“Como se conoce, la designación del secretario de un organismo se lo hace sobre la base de una terna que es enviada desde la Presidencia, porque se entiende que es una persona de entera confianza del presidente o presidenta”, señaló Ulloa, al tiempo de sostener la designación es ilegal porque el encargado no cumple con los requisitos que ordena la Constitución y la Ley.
De su parte, Almeida defendió la designación de Córdova, al señalar que sí registra un diplomado en materia de derechos humanos.
La Presidenta del Cpccs señaló que fue “difícil tomar la decisión en tan corto tiempo” ya que recibieron varias hojas de vida. Apuntó que la ley de la Defensoría del Pueblo no establece un mecanismo para definir al encargado, una vez que Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional.
Aclaro que Córdova estará en el cargo, mientras el CPCCS lleve adelante un concurso de méritos y oposición para designar a un nuevo titular de la Defensoría.
De su parte, la consejera Ibeth Estupiñán, quien es parte de la mayoría, aseveró que si no cumplían con la designación este 18 de septiembre, podían caer en incumplimiento de funciones, lo cual sería causal para un juicio político.
Mientras que el consejero Juan Javier Dávalos dijo que la intención del nombramiento fue «darle una salida institucional» a la crisis de la Defensoría del Pueblo, ante las disputas internas que se evidenciaron desde que Freddy Carrión fue detenido por un supuesto abuso sexual, el 17 de mayo pasado.
Previo a la designación, los consejeros de mayoría dieron por conocido un informe jurídico no vinculante, que recomendaba que el encargo se realice a personas que no hayan tenido afiliación política en los últimos 10 años y que no formen parte de la Defensoría del Pueblo.
Aspectos que para el consejero Francisco Bravo van en contra de la Constitución porque es discriminatorio ya que afecta la participación de quienes habrían querido intervenir en la elección. Aspecto con el que coincidió la consejera María Fernanda Rivadeneira, quien advirtió que esta designación podrí traer consecuencias. (RR)
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