En el proyecto de Extinción de Dominio, se plantea que ya no se requiere de una sentencia penal condenatoria para iniciar una investigación y permitir que los jueces pasen los bienes obtenidos ilegalmente, al Estado.
En la consulta popular del 21 de abril de 2024, el 61% del electorado (5’846.059 ecuatorianos) se pronunció a favor de que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que aprobó la Asamblea Nacional el 8 de febrero de 2024.
Para que el pronunciamiento popular en las urnas pueda aplicarse, el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió el 13 de mayo a la Función Legislativa un paquete de cinco reformas, entre ellas, cambios a la Ley de Extinción de Dominio.
La propuesta del Ejecutivo está contenida en seis páginas y ocho artículos que dispone que se reduzcan los plazos y se simplifiquen procedimientos. Entre ellos, plantea que ya no se requiere de una sentencia penal condenatoria para iniciar una investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio, y permitir que los jueces pasen los bienes obtenidos ilegalmente al Estado.
“En ningún caso podrá alegarse prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia de extinción de dominio”, dice el texto enviado al Legislativo.
Una vez que en el Parlamento se aprueben las reformas (en un plazo de 60 días, hasta el 12 de julio), la Justicia podrá determinar el origen de los bienes independientemente de la existencia de un proceso penal o civil.
En la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea también se reducen y determinan plazos para el proceso de extinción de dominio; para la verificación de bienes en máximo 30 días, y para la investigación patrimonial tres meses.
Si el afectado no contesta la demanda de la Procuraduría General del Estado (PGE) en máximo 15 días, el juez declarará de forma inmediata la extinción del dominio. El proceso se completará en menos de cinco meses, a diferencia de lo que ocurre actualmente en que solo la investigación dura un año para luego iniciar el juicio de extinción, cuyo fallo incluso puede ser apelado.
Condiciones para la extinción de dominio
Para que se configure la extinción de dominio debe comprobarse la concurrencia de las siguientes condiciones: La existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen ilícito o injustificado o de destino ilícito, o la existencia de una actividad ilícita. En los considerandos de la propuesta del Ejecutivo enviada a la Asamblea menciona que las principales actividades ilícitas que generan recursos y que requieren ser lavados (Ver recuadro)(SC)
Actividades ilícitas en las que se aplicará la extinción de dominio
- Extorsión y chantaje
- Narcotráfico
- Secuestro
- Delitos contra la administración pública
- Enriquecimiento ilícito
- Contrabando
- Robos y asaltos
- Tráfico de niños
- Trata de blancas
- Tráfico ilegal de armas
- Testaferrismo
- Evasión fiscal
- Estafas
- Transporte ilegal de personas enteras o en partes (coyoterismo)
- Terrorismo.
Comisión de Justicia trataría el proyecto
Ramiro Vela, de los registros del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), opinó que una vez que inicie el trámite del proyecto de ley, y que, al parecer su tratamiento se realizaría en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, los textos deben ser fortalecidos para que los bienes mal habidos o los que provengan del crimen organizado y actividades ilícitas, pasen de manera directa al control del Estado.
“Me parece que todos estamos de acuerdo, habrá que ver detalles adicionales, pero lo fundamental es que nos estamos preparando para que la ciudadanía tenga la certeza de que su pronunciamiento en las urnas será aceptado por el Parlamento”, señaló.
Su colega Inés Alarcón, cree que no se debería esperar los 60 días para el tratamiento de las leyes, sino trabajar en los proyectos con la celeridad necesaria.