Desde fines de abril, tras conocerse los resultados de la consulta popular, en la Asamblea se empezaron a afinar estrategias para el tratamiento de los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo sobre seis temas. Pero, todavía no hay definiciones.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió para la publicación en el Registro Oficial lo resuelto en la consulta popular y referéndum constitucional del 21 de abril de 2024. Dichos resultados quedaron en firme después de que el ente del sufragio certificó, el 8 de mayo de 2024, que ninguna organización política o social impugnó las cifras que dieron el triunfo a 9 de 11 preguntas.
Fuentes del CNE confirmaron que el envío de la documentación al Registro Oficial se produjo casi inmediatamente después de la clausura de una sesión plenaria del 8 de mayo en la que se proclamaron los resultados oficiales.
Según las estimaciones de funcionarios del CNE, hasta este 10 de mayo los resultados de la consulta estarían publicados en el Registro Oficial.
¿Cuál es el siguiente paso tras la publicación de resultados de la consulta popular?
Una vez que los resultados de la consulta popular se publiquen en el Registro Oficial, los plazos previstos en los anexos de las 9 preguntas aprobadas empezarán a correr. El presidente de la República, Daniel Noboa tendrá cinco días de plazo para remitir a la Asamblea los proyectos de ley de reformas a seis preguntas, y el Legislativo 60 días para su trámite y aprobación.
En la Asamblea todavía no hay definiciones para el tratamiento de proyectos
Desde fines de abril, las bancadas legislativas en la Asamblea empezaron a afinar estrategias para el tratamiento de los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo sobre los seis temas, pero todavía no hay definiciones.
1 Que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones y explosivos permanentemente.
2 Incremento de las penas de los delitos de terrorismo, tráfico de armas.
3 Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos como el financiamiento del terrorismo.
4 Que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
5 Que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
6 Que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), declaró en una rueda de prensa que el tratamiento de estas reformas tiene tres opciones: ir a varias comisiones, ser debatidas en una sola mesa legislativa permanente o crear una comisión ocasional multipartidista. Sin embargo, sobre ello tampoco se ha tomado aún una decisión.
El movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), es de la opinión de que las reformas deben conocerse en la Comisión de Justicia, porque la mayoría tiene que ver con reformas al COIP. (SC)
Apoyo a la Policía: Asamblea 200 días de plazo
Según el anexo de la pregunta de reforma parcial a la Constitución del artículo 158, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía, la Asamblea tendrá un plazo de 200 días para establecer el marco normativo con límites materiales y formales con el cual, los militares podrán realizar el trabajo complementario. El abogado Luis García, exasesor en la Corte Constitucional (CC), explicó que el contenido de estos límites y la forma de actuación le corresponderá desarrollar al Legislativo.
Judicaturas especializadas, y extradición
Una vez que los resultados de la consulta sean publicados en el Registro Oficial, la responsabilidad de tramitar la creación de las judicaturas especializadas reposará en el Consejo de la Judicatura. Al Ministerio de Finanzas le corresponderá asignar los fondos necesarios.
Para la pregunta que permite la extradición de ecuatorianos, el Estado deberá suscribir los convenios bilaterales para viabilizar las extradiciones. “Aunque esté permitida la extradición, se requiere un mecanismo jurídico con un país para concretarlo”, explicó el constitucionalista Luis García.
Según señaló, Ecuador no tiene este mecanismo jurídico porque el país denunció los acuerdos y convenios, y se prohibieron cuando entró en vigencia la Constitución de 2008, durante el régimen de Rafael Correa.
¿Quieres recibir las noticias más importantes? ¡Suscríbete sin costo, recíbelas por WhatsApp! Da clic aquí.