El objetivo de la ley es combatir la criminalidad económica y la corrupción, a través de lo cual se lograrían recursos para solventar la crisis de la caja fiscal que actualmente enfrenta el país.
Con 129 votos (de 129 legisladores presentes), la Asamblea Nacional acogió el informe de la Comisión de Régimen Económico y aprobó hoy, 8 de febrero de 2024, en segundo debate el proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.
La iniciativa legal fue enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa el 15 de enero con el carácter de económico urgente. El Legislativo tenía plazo para aprobar la propuesta hasta el 15 de febrero de 2024.
El texto de la ley aprobada señala que la extinción de dominio será declarada mediante sentencia motivada del juez competente para la acción.
El proceso estará sujeto al derecho al debido proceso de las partes procesales. La acción prescribirá después de transcurridos los ochenta años desde la fecha en que se adquirió el o los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, o desde que el bien o activo fue destinado a la actividad ilícita.
Para el inicio de la acción de extinción de dominio se requerirá de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa, con tres excepciones.
Una de ellas, cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
Las otras, cuando se trate de bienes o activos injustificados relacionadas con el crimen organizado, y cuando se trate de delitos flagrantes, respecto de los bienes o activos cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de los grupos señalados.
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango (Acción Democrática Nacional), dijo que, según información del ministerio de Finanzas hay 110 millones de dólares retenidos por los procesos de presuntos delitos; dineros que podrían ser parte del Presupuesto General del Estado.
“Si recuperamos los dineros y bienes de procedencia ilícita, se podría invertir en obra social; el país debe estar por delante de intereses políticos», señaló.
El Movimiento Construye, que también votó a favor de la reforma, insistió en el debate la importancia de la garantía del decomiso anticipado. Nathalie Morillo, dijo que esta es la única manera de reducir la inseguridad, la migración ilegal, y el tráfico ilegal.
El artículo 13 de la norma señala que, durante el procedimiento para la extinción de dominio, los testigos, agentes, investigadores, gozarán de la protección de su identidad y por el nivel de riesgo podrán ingresar al Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos.
En el informe de la Comisión y fue aprobado en el pleno, mantiene el espíritu de la monetización de los bienes que se presumen han sido financiados con dineros ilícitos.
El proyecto de ley también reforma otros cuerpos legales, relacionados principalmente con contratación pública, y la incautación de armas para uso de policías y militares.
En la disposición general única de la norma se establece que, todas las armas que fueren incautadas, confiscadas o decomisadas por autoridad competente en delito flagrante, serán destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país.
Además, la ley permite el decomiso de todo bien, maquinaria, equipo, insumos y vehículos que se encuentren utilizados por la minería ilegal, los cuales podrán ser usados de forma inmediata en procesos de remediación ambiental o prevención de riesgos, sin previa autorización judicial
Viviana Veloz (Revolución Ciudadana) dijo que esta ley es de “vital importancia” porque permite atacar a la economía criminal y debilitar al crimen organizado y al narcotráfico, que les ha quitado la paz a las familias ecuatorianas. Además, resaltó como beneficio de esta ley la recuperación de activos. Calculó que más de 3 mil millones de dólares se confiscan anualmente.
Tras la aprobación del proyecto de ley, la Fiscalía expresó su preocupación «debido a que no se acogieron las observaciones presentadas por la institución». (SC)
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