La cuarta ley económica urgente del actual Gobierno tiene como uno de sus objetivos principales «extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad».
La noche de este 15 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea su cuarta ley económica urgente desde que llegó al poder el 23 de noviembre de 2o23.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública.
De acuerdo con el documento adjunto al proyecto, los principales objetivos son: extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de la seguridad ciudadana y la búsqueda de la justicia social; así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública.
Estarán sujetos a la normativa todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras que residan y/o realicen actividades económicas en el Ecuador.
La finalidad es facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado, y a su vez evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública, dice el documento de envío de la ley.
Se busca reformar seis cuerpos legales: Ley Orgánica de Extinción de Dominio; Código Orgánico Integral Penal (COIP); Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; Código Orgánico Administrativo; y Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
Entre lo principal se le otorgan más competencias y campo de acción a la Fiscalía en temas de extinción de dominio. De los 66 artículos del proyecto de ley, 45 están relacionados a la extinción de dominio.
En el tema de la contratación pública, se incluyen temas como la obligación de que la Unidad de Análisis Financiero integre en sus reportes las evaluaciones de los contratistas del Estado, a fin de evitar y erradicar cualquier tipo de conducta relacionada al lavado de activos en la contratación pública.
Según un comunicado de la presidencia de la República, ell proyecto ofrece propuestas para facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado; lo que a su vez permitirá desmantelar estructuras financieras
de la delincuencia organizada, mermando su capacidad para cometer delitos y operar impunemente.
La ley también busca evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública. Adicionalmente, la normativa plantea agilizar procedimientos en contratación pública, en casos emergentes.
Por ejemplo, ahora que Ecuador afronta una situación emergente en seguridad, se asegura que el proyecto de Ley permitirá optimizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios relacionados a la seguridad, permitiendo garantizar una respuesta estatal efectiva e inmediata.
«Las reformas que simplifiquen y mejoren la contratación pública tienen impacto directo no solo en la lucha contra la corrupción, sino además en relación con el ahorro y austeridad en el gasto público para una correcta y eficiente ejecución del recurso público», asegura el Gobierno
Al estar decretado un estado de excepción, se puede enviar dos leyes económicas urgentes a la vez para que, en un plazo de 30 días, se tramiten en la Asamblea. Al final de la noche del pasado 11 de enero de 2024, ya se envió la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, donde se plantea subir el IVA del 12% al 15%.
Para revisar el texto de la nueva ley económica urgente, se puede hacer clic en el siguiente enlace: Oficio No. T. 117-SGJ-24-0047. (JS)