Con la salida de Estados Unidos de la Base Militar de Manta, se abrió el camino para la filtración de bandas de narcotráfico

VIOLENCIA. Los disturbios registrados en las cárceles de Ecuador preocupan a las autoridades.
VIOLENCIA. Los disturbios registrados en las cárceles de Ecuador preocupan a las autoridades.

‘Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos’, se denominó el Acuerdo de noviembre de 1999.

El incremento de la violencia política en el Ecuador, vinculada al narcotráfico, es “exponencial” y escaló con el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, opinaron los periodistas de investigación y articulistas, Jorge Ortiz, Mariana Neira.

Ambos creen que, de alguna manera, a partir de 1999, el país estaba blindado con la presencia de la Base de Manta, pero cuando fue expulsada durante el régimen de Rafael Correa, en 2017, el camino quedó abierto para la filtración masiva y crecimiento constante de las bandas de narcotráfico, y el enardecimiento de su lucha entre ellos por el control del mercado ilícito.

El 1999, durante el gobierno del expresidente Jamil Mahuad, Ecuador y EE.UU. suscribieron el acuerdo de cooperación concerniente al “Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos”.  El documento fue firmado el 12 de noviembre de 1999 entre el entonces canciller ecuatoriano Benjamín Ortiz Brennan y Richard Brown, negociador especial para Asuntos del Hemisferio Occidental.

‘Rehenes de la violencia’

Jorge Ortiz es del criterio que lo ocurrido en las cárceles del país en los dos últimos años, la multiplicación del sicariato y asesinatos como el del alcalde Agustín Intriago son el efecto de la madurez de ese proceso que empezó con la expulsión de la Base, y se transformó en un elemento decisivo para que la violencia se multiplique y las bandas delincuenciales encuentren el camino despejado.

Uno de los puntos más altos de la filtración de los grupos delincuenciales estaría dirigido a la política y a instituciones del Estado (Policía y FF.AA.), pero que, según Ortiz, ha escalado con el asesinato de Intriago. “Este es el punto más visible y brutal del avance de la violencia en el país porque era un funcionario reelecto, en amplia votación, y de una ciudad emblemática a la resistencia del narcotráfico”.

Relata que Ecuador era un país donde si bien la política se desenvolvió en términos ásperos y agrestes, sumado a dictaduras militares, no se llegó a ver actos masivos de represión. En los últimos años, la delincuencia se presenta más agresiva y despiadada, y la política no ha estado exenta, y se ha visto contagiada.

“¿Los cuerpos de seguridad tendrán la fuerza para reaccionar? Todavía no lo sabemos”, ¿Podremos lograr una cooperación internacional para luchar contra la violencia del crimen organizado en todas sus expresiones?, preguntó Ortiz, al apuntar que los ecuatorianos ahora son rehenes de la violencia.

‘Impunidad’

Mariana Neira también sostiene que las estadísticas demuestran que hubo una incursión del narcotráfico y las mafias a partir de 2007. A raíz de esto comienza a incrementarse, incluso la violencia política,  ligado a la actividad ilícita, pero también a  la debilidad en la legislación.

A esto se suma la impunidad. Las actividades de los grupos organizados aumentan porque notan que el ambiente para operar es condescendiente. Alertó que la escalada de delincuencia que tiene sobrepasadas a las autoridades y que ha convertido a un país que solía ser pacífico en una nación tan violenta como México o Colombia.

‘Estado tolerante’

Para el periodista y articulista Wellington Toapanta, la violencia se ha institucionalizado, de manera evidente desde 2007. El Ecuador experimenta sus tiempos sobre la base de una estructura legislativa que favorece a los grupos que actúan fuera de la ley y,  en lugar de sancionarlos rigurosamente, el Estado es tolerante con ese tipo de acciones.

“El gobernante de 2007 (Rafael Correa) arrasa con fuerzas de choque aliadas para cesar, por ejemplo, al Tribunal de Garantías Constitucionales y empieza un deterioro institucional del Ecuador con el establecimiento de una legislación proclive a la violencia”, cuando incluso se institucionaliza el consumo de drogas.

Toapanta dice que esto debe ser revisado de forma urgente  e iniciar una ofensiva para sanear las decisiones adoptadas en 2007.

Ortiz, Neira y Toapanta están de acuerdo en que una de las prioridades del próximo Presidente de Ecuador será dedicarse a enfrentar la violencia, con energía, y no solo en sus manifestaciones, sino sobre todo en sus causas entre ellas el desempleo. (SC)

Estabilidad de instituciones democráticas

En el Acuerdo de Cooperación suscrito por Ecuador y EE.UU. en 1999 consta, por ejemplo, un acápite con el que justifican la decisión: “Preocupados por los efectos nocivos que generan las drogas ilícitas sobre nuestras economías, valores éticos y la salud pública, así como sobre la estructura política y social y la estabilidad de las instituciones democráticas”, y considerando que una de las misiones fundamentales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es el control y la vigilancia de espacio aéreo en el territorio nacional, y que la actividades ilegales internacionales de tráfico de narcóticos constituyen delitos y violan el espacio aéreo del Ecuador.

El 1 de abril de 1999 Ecuador y EE.UU firmaron un ‘compromiso interino’ para facilitar el acceso y uso de las instalaciones  de la FAE en Manta para controlar el tráfico de droga.