Pasadas las promesas de campaña, el mandatario que asuma desde diciembre de 2023 se verá en la necesidad de aterrizar y buscar cómo financiar el gasto público.
El Gobierno nuevo empezará funciones en diciembre, el peor mes del año en términos presupuestarios, pues se deben pagar casi $500 millones más en sueldos que en otros meses y además se acumulan otras presiones de gasto.
Pero, sobre todo, según el exministro de Economía, Fausto Ortiz, el próximo presidente tendrá que asumir una abultada cuenta de atrasos.
“A julio de 2023 había atrasos por $1.780 millones y hasta diciembre con seguridad superará los $2.500 millones”, dijo
Esos atrasos significan una deuda adicional que se debe conseguir y que probablemente pasarán a 2024 como pendientes.
Ortiz considera que no se podrá cubrir en el primer mes en funciones; pero el nuevo Ejecutivo deberá explicar claramente que son atrasos que le está dejando el Gobierno saliente.
En el mejor de los casos, el próximo presidente deberá cerrar el presupuesto 2023 con un déficit de no menos de $4.000 millones y de hasta $5.000 millones.
A la caída en los ingresos petroleros que será de alrededor de $1.500 millones con respecto a lo inicialmente presupuestado; se suma que se tendrán entre $300 y $500 millones menos de ingresos tributarios hasta finales de 2023.
El presupuesto contemplaba una recaudación de $16.000 millones; pero probablemente se cerrará en $15.500 millones o $15.700 millones.
Eso significa más deudas que se arrastrarán para el año siguiente y múltiples necesidades y gastos que deberá buscar cómo financiar en un año, antes de que en 2025 vuelva el periodo electoral.
LA HORA consultó al Ministerio de Economía si ya se está preparando la transición con el próximo Gobierno y cómo se dejarán las cuentas públicas. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
‘Un año de terror’
“En enero de 2024, cualquiera que llegue a la Presidencia, arrancará con menos $1.210 millones en la caja fiscal por reducciones tributarias. A esto suman pérdidas por ITT, fenómeno de El Niño y déficit fiscal, y verán que se viene un año de terror”, puntualizó Napoleón Santamaría, abogado tributario.
Según cálculos de la Corporación Fiscal Ecuatoriana (Cotfe), el paso de una tarifa del 3,5% al 2% en el Impuesto a la Salida de Divisas (en cumplimiento a un dictamen de la Corte Constitucional) representará $638,59 millones menos en la caja pública.
A eso se deberá incluir $376,32 millones menos porque ya no se tendrá la recaudación patrimonial a las empresas; y $195 millones menos por los efectos de la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, que Lasso impulsó mediante decreto ley y fue aprobada por la Corte Constitucional.
Como el presupuesto de 2023 se prorrogará al 2024, según Santamaría, el nuevo presidente no tendrá tiempo para evitar una caída en la recaudación fiscal que será de aproximadamente del 8%.
“¿Qué queda por hacer? Una nueva reforma tributaria. El tema central entonces será: ¿qué debe contener la reforma tributaria de 2024?”, apuntó Santamaría.
Aterrizar en la realidad
Los gastos no dan tregua. Los intereses de la deuda seguirán subiendo; al igual que el gasto en nómina, entre otros.
En este escenario, quien sea elegido como presidente tendrá un aterrizaje forzoso en la realidad.
“Lo que ofrezcan en campaña es un tema electoral solamente. Otra cosa es cuando estás en el poder y dices mira yo había ofrecido invertir tanto, pero tengo otras urgencias. Hay que ser cauto en evaluar qué cosas se pueden cumplir y que cosas no”, dijo Ortiz.
El nuevo mandatario tendrá que emprender una tarea urgente para levantar financiamiento en el exterior. El déficit fiscal (más gastos que ingresos) previsto hasta finales de 2023 se repetirá o incluso podría aumentar en 2024.
El riesgo país bajó de 1.814 puntos en el 18 de agosto a 1.750 puntos en el 21 de agosto, un día después de la primera vuelta electoral.
Los mercados e inversionistas internacionales tienen un cauto optimismo porque el correísmo no ganó la Presidencia en primera vuelta y puede perder definitivamente en la segunda vuelta.
Sin embargo, Ecuador sigue siendo uno de los países más riesgosos de América Latina y el próximo presidente tendrá muy complicado encontrar quién quiera prestarle dinero.
“Noboa tal vez lo tendría un poco más fácil, pero igual el país tendrá que mostrar compromisos firmes para aumentar ingresos o reducir gastos a cambio de más préstamos”, aseveró Carlos Rivera, economista.
En una nota de LA HORA, dentro del especial ‘Si yo fuera presidente’, el economista de la Universidad San Francisco, Pedro Romero, recalcó que el próximo presidente deberá sentarse a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero tanto Noboa como González no contemplan esa posibilidad en sus declaraciones públicas y sus planes de Gobierno.
Las dos opciones presidenciales que pasaron a segunda vuelta buscan auditar la deuda pública contratada por otros gobiernos e incluso castigar penalmente a los responsables si se encuentran supuestas irregularidades.
“Esto no generaría confianza en los posibles prestamistas, e incluso podría cerrar puertas de financiamiento”, acotó Rivera. (JS)
A las presiones tradicionales por más gasto, el nuevo presidente tendrá que añadir los $500 millones necesarios para desmontar el bloque petrolero ITT.