Pierina Correa llamó a los ejecutivos territoriales (gobernaciones) y a los titulares de los Gad para que haya una corresponsabilidad en el control.
En la Asamblea Nacional se pide “prudencia” y tener “cuidado” con las declaraciones que (eventualmente podrían inducir a la xenofobia) de ciudadanos venezolanos que residen en el país, porque también hay migrantes ecuatorianos en España, Italia o Estados Unidos.
Así se refirió Pierina Correa (Revolución Ciudadana) y llamó a los ejecutivos territoriales (gobernaciones) y a los titulares de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que haya una corresponsabilidad en el control.
Recordó que, cuando se produjo una migración de peruanos “se decía que nos venían a reemplazar en las plazas laborales” ¿Les gustaría a ustedes que les bloqueen las opciones que pueden tener para salir adelante?, cuestionó Correa al conocer sobre el anuncio del pueblo Salasaka.
En todo caso, aunque esta legisladora señaló que en el país está vigente una sanción si se presume el cometimiento del delito de odio que se puede interponer ante la justicia en caso de sentirse afectado, también existe un planteamiento para que se vuelva a solicitar el pasado judicial.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a la persona que cometa actos de odio con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Si los actos de violencia provocan heridas a la persona afectada, las sanciones se establecerán de acuerdo con el delito de lesiones agravadas. Dependiendo del grado de las lesiones, la sanción puede ir desde los 30 días hasta siete años. (SC)
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