La decisión de expulsar a los venezolanos se tomó luego de una asamblea en el pueblo Salasaka. Expertos opinan sobre si existe o no legalidad en esta decisión.
En asamblea general, representantes del Gobierno del Puelo Kichwa Salasaka decidieron la “expulsión de todo extranjero de nacionalidad venezolana” en su territorio.
Esto se conoció mediante un comunicado emitido ayer en el que, además, se establece un plazo hasta el 30 de noviembre, para que personas de la localidad que tengan sus propiedades arrendadas a venezolanos, les soliciten salir de los inmuebles.
Santos Moreta, gobernador del Pueblo Salasaka, sostuvo que la decisión fue tomada en asamblea luego de los hechos violentos registrados el viernes 17 de noviembre en Pelileo, cuando un policía fue asesinado en medio de una balacera y donde personas venezolanas estuvieron involucradas.
Moreta aseguró que la decisión no enmarca ningún delito de odio o actos xenofóbicos, y que todo está tomado en pro de la seguridad y el precautelar la integridad de los habitantes de sus territorios.
Los extranjeros son bienvenidos, aquí no tenemos problemas con ciudadanos de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, y nunca hemos tenido problemas, pero no queremos a los venezolanos”
Santos Moreta
Gobernador del pueblo Salasaka
La autoridad enfatizó que son tres de las 17 comunidades en las que se ha detectado la presencia de ciudadanos venezolanos de los que “ya no queremos que estén aquí”, explicó y a los que les notificarán de la resolución para que abandonen voluntariamente el territorio Salasaka.
Curiñán, centro de Salasaka y Magüihua, son los sitios donde Moreta asegura existen asentamientos humanos de venezolanos y que serán intervenidos.
“Los extranjeros son bienvenidos, aquí no tenemos problemas con ciudadanos de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, y nunca hemos tenido problemas, pero no queremos a los venezolanos”, insistió.
El representante fue enfático en caso de que pasado el 30 de noviembre no se han acatado las disposiciones resueltas por los comuneros, “nos iremos contra los dueños de la vivienda que no hayan dado por terminados los contratos con estas personas y serán sometidos a la justicia indígena”.
Mientras que en lo que tiene que ver con los inquilinos extranjeros, “serán desalojados a la fuerza, desde luego en el marco de la tranquilidad porque sabemos que puede haber niños, todo será sin peleas, sin violencia”, aseguró Moreta.
Personas ecuatorianas que registren antecedentes penales, también serán solicitadas a abandonar el territorio Salasaka, según la primera autoridad.
CIFRA 8.000 HABITANTES aproximadamente residen en las 17 comunidades del pueblo Salasaka.
Delito a la vista
Christian Pérez, abogado constitucionalista, aseguró que este solo anuncio ya significa el cometimiento de un delito de odio por parte de las autoridades del pueblo Salasaka.
El jurista explicó que “es un acto de discriminación y una grave vulneración a los derechos humanos, porque es un acto dirigido específico a ciudadanos de una nacionalidad en particular”.
Pérez sostuvo que, si bien existen derechos colectivos que les permiten a los pueblos indígenas tomar partido en situaciones legales, estas deben ser apegadas a la normativa vigente en el país, es decir, que todo el accionar y decisiones de estas asambleas deben estar al margen de la ley.
“Para que exista un desalojo forzoso tiene que haber una orden de autoridad competente que indique en qué incurrieron estas personas para que sean sacadas de una propiedad, pero sin una orden de Juez, sin la existencia de un delito o falta no es legal obligar a alguien a desalojar una propiedad”, explicó el jurista.
Según el especialista, la Constitución ampara la presunción de inocencia de todas las personas, por lo que el accionar de los indígenas en este sentido, está basándose en una presunción de culpabilidad por el solo hecho de tener origen venezolano, lo que para Pérez no es un accionar legal.
“Para este momento esto debe ya ser investigado por la Fiscalía, debe activarse también la Defensoría del Pueblo, porque a todas luces se está exponiendo del cometimiento de un delito de odio y tienen que tomarse las acciones del caso”, indicó.
EL DATO Sobre aquellos ciudadanos ecuatorianos con antecedentes penales, la legislación ecuatoriana sostiene que ninguna persona puede ser señalada por su pasado judicial, explicó Christian Pérez, abogado constitucionalista.
Derechos humanos
Cecilia Chacón, exsecretaria de Derechos Humanos, aseguró que, si bien es un derecho legítimo del pueblo Salasaka el precautelar la seguridad de sus habitantes, el accionar que han tomado al dar plazos para el retiro voluntario de ciudadanos venezolanos y la advertencia de un desalojo forzado no es legal.
Chacón sostuvo que “en el marco de las costumbres ancestrales estas no deben ser contradictorias a las leyes que rigen al Ecuador, este es un principio básico”, dijo.
A decir de Chacón, existe un código de convivencia respetuosa que de romperse necesita de la intervención de la autoridad competente, pero si este no ha sido roto, tomar la iniciativa de un desalojo recae en un atropello a los derechos humanos y la ilegalidad.
“Hay cerca de un millar de ecuatorianos presos en cárceles de España, en su mayoría por temas de violencia intrafamiliar y de género, pero no por ser ecuatorianos, sino porque rompieron los códigos de convivencia”, ejemplificó.
Para la experta, el Ministerio de Gobierno debería pronunciarse ante esta situación, pues sostiene que la Policía Nacional no podría jamás hacer un acompañamiento para el desarrollo de este accionar del pueblo Salasaka, que ha decir de Chacón es una clara y grave vulneración a los derechos humanos como tal.
Además, fue clara en sostener que “si bien la decisión del pueblo Salasaka deja en evidencia la desconfianza que el país tiene sobre la justicia ordinaria, más allá de ello, estos desalojos forzados también son indirectamente una muestra de odio y xenofobia”. (MAG)
Leyes y realidades
Antonio Muenala, sociólogo y docente universitario, aseguró que “las decisiones que se toman dentro de los pueblos y comunidades no pueden ni deben estar lejos del margen de la ley que nos norma a todos en el país”.
“Parece que algunos dirigentes han entendido que el tema de la justicia indígena y las iniciativas que se toman en asambleas tiene un régimen especial por estar dentro de los pueblos cuando no es así”, sostuvo.
“Desde el reconocimiento de la cosmovisión indígena en la Constitución de 2008 parecía tenerse claro el alcance de las competencias de lo que esto implicaba, lastimosamente a día de hoy esto se ha convertido en una supuesta aplicación de justicia que es por demás diferenciada”, dijo.