La postura del PSC fue que es constitucional el debate sobre el enjuiciamiento, pero aclararon que, según el artículo 129 de la Constitución, Lasso no puede ser objeto de censura y destitución porque ya no está en funciones.
Dos días después de reiniciado el debate dentro del trámite del juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso por presunto peculado en la renovación de contratos entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, la Asamblea se apartó en su intención de censurar al exjefe de Estado.
En su lugar, aprobó, hoy 30 de noviembre de 2023, con 116 votos a favor (Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Acción Democrática Nacional, y un sector de independientes), una Resolución de cinco puntos que fue presentada por Viviana Veloz (Revolución Ciudadana).
En el documento se señala a Guillermo Lasso, como responsable político del delito de peculado; la Resolución será notificada al exjefe de Estado. Además, el expediente de la investigación será remitido a la fiscalía general del Estado, y a la Contraloría para las respectivas investigaciones. La Resolución también será notificada al Registro Oficial para su publicación.
Después de que la Asamblea aprobó la Resolución, el presidente del Legisltivo, Henry Kronfle suspendió la sesión.
La decisión de la Asamblea se produjo horas después de que Guillermo Lasso, pidió a los jueces de la Corte Constitucional (CC) iniciar la fase de seguimiento al dictamen del 29 de marzo de 2023 sobre la interpelación por el presunto delito de peculado.
Entre otros puntos de su dictamen de marzo, los magistrados de la Corte Constitucional exhortaron a las instituciones involucradas en el juicio a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho.
En un escrito de dos páginas que Lasso remitió a la Corte este miércoles, 29 de noviembre de 2023, el exjefe de Estado le solicitó que establezca si la Asamblea, y en particular Henry Kronfle, su presidente, incumplió el dictamen al efectuar la convocatoria 872 del pleno de la Asamblea y «pretender dar continuidad al enjuiciamiento político en una calidad que ya no ostentó desde el 23 de noviembre de 2023».
SOBRE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO
A GUILLERMO LASSO. pic.twitter.com/ojrmK0Zzn4— Bancada PSC (@BancadaPSC) November 30, 2023
EL DEBATE PREVIO A LA RESOLUCIÓN
En medio del debate que se dio previamente en la Asamblea antes de la aprobación de la Resolución, Gabriela Molina (Revolución Ciudadana), defendió el juicio contra Lasso y anticipó que su bancada presentará una moción de censura en contra del exmandatario.
La postura del Partido Social Cristiano (PSC) fue que es constitucional que el Legislativo continúe conociendo el caso del enjuiciamiento, sin embargo, aclararon que, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución no puede ser objeto de censura y destitución porque ya no está en funciones.
El PSC consideró que el pleno podía pronunciarse por la vía de una Resolución en la que se deje constancia que Lasso es responsable político de los cargos que se le imputaron y que el enjuiciamiento se sustanció cumpliendo las formalidades de fondo y forma que determina la norma, incluyendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
De la investigación por presunto peculado, se desprende -según el PSC- el cometimiento de presuntas infracciones penales, por lo que recomendó su envío para conocimiento y resolución de la fiscalía general del Estado.
El asambleísta Pedro Velasco (Independiente) en su intervención, dijo que no procede un enjuiciamiento político a quienes fueron cesados en sus funciones, y Rafael Dávila (Actuemos) opinó que el juicio debe ser archivado.
Fernando Jaramillo (Construye), consideró que el tratamiento del juicio a Lasso es infructuoso porque los ecuatorianos requieren que el Parlamento legisle por la seguridad y la generación de empleo. “Por las circunstancias que atraviesa el país, no es oportuno continuar con el juicio; el tema de Lasso debió tratarse el término del periodo legislativo”. (SC)
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