Redacción QUITO
La Mesa por la Verdad y Justicia que analizó alrededor de 300 presuntos casos de persecución política, concluyó que entre 2007 y 2017, durante el régimen de Rafael Correa se constituyó un esquema de persecución política a quienes estaban en contra del Gobierno y sus políticas.
Hoy se presentó el informe final, con conclusiones y estadísticas, sobre cómo el Estado de manera sistemática, estructurada, deliberada y contundente persiguió a líderes indígenas, dirigentes sociales, defensores de derechos de la naturaleza, periodistas o personas que denunciaron corrupción.
En agosto del año pasado se instaló la Mesa que recogió la información de los procesos judiciales de las víctimas, escuchó sus testimonios en audiencias y elaboró el informe de cuatro partes.
Características de la persecución
La persecución, según Angélica Porras, exvocal del Consejo de la Judicatura transitorio, no fue aislada, sino dirigida a un grupo opositor al correísmo, que denunciaba corrupción, con el fin de tener una sociedad sumisa.
Contaba con la cooperación de varias instituciones del Estado y del sistema judicial. En ese esquema se instauró una «política comunicacional perversa, que creaba odiadores y enemigos del Gobierno y del pueblo».
El proceso fue deliberado porque «se buscó tener un disciplinamiento a la sociedad» y demostró un carácter autoritario de Correa, explicó Porras.
Siguientes pasos
La presentación del informe fue una primera parte del trabajo de la Mesa, explicó su presidente, Paúl Jácome. Sin embargo, esperan que el Consejo de la Judicatura actual investigue la denuncia que fue colocada en diciembre del año pasado, en contra de 14 jueces y conjueces nacionales, y fiscales.
Además, se pedirá a la Asamblea Nacional que conforme una comisión para que revise los casos de persecución y para que analice posibles amnistías e indultos.