Redacción, QUITO
El informe borrador del Examen Especial al proceso administrativo de recuperación habitacional, luego del terremoto del 16 de abril de 2016, registró incumplimientos e inconsistencias de tres tipos en la muestra de 608 damnificados en los albergues de San Vicente, Cojimies, Matal, Pedernales y Portoviejo.
La primera de las inconsistencias es que no se cumplieron los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial 0028 del Ministerio de Inclusión Social (Mies). Así, se detectó que en 26 casos, el Mies emitió los informes sociales motivados a pesar de que los beneficiarios no estaban en ninguno de los albergues habilitados. En dos casos, estos informes se emitieron sin que los damnificados hayan cumplido con el tiempo mínimo de 3 meses en cualquiera de los mencionados albergues.
Otro hallazgo es que en el total de la muestra, es decir 608 fichas de vulnerabilidad revisadas, no se encontró documentación suficiente que soporte la información registrada. Lo mismo ocurrió con 601 de los informes sociales motivados, donde se verificó que no existían archivos físicos ni expedientes de respaldo de toda la información incluida.
Finalmente, 84 damnificados se quedaron sin recuperación habitacional porque las autoridades del Mies no remitieron toda la documentación al Ministerio de Vivienda, e incluso no presentaron el proyecto de solicitud para que reciban las viviendas correspondientes. Esto a pesar de cumplir con todos los requisitos formales y contar con la ficha de vulnerabilidad, el certificado de permanencia en el albergue y el informe social motivado.
Las autoridades involucradas en este examen tienen 5 días hábiles para presentar sus pruebas de descargo.
El análisis abarcó el periodo entre el 16 de abril de 2016 y el 30 abril de 2018. (JS)