Miles de capturas de supuestos pandilleros, denuncias de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y violaciones a derechos humanos forman parte de este periodo en el que el presidente Nayib Bukele fue reelecto.
Redacción SAN SALVADOR
Con el grito de «vivos se los llevaron, vivos los queremos», cientos de personas siguen reclamando en El Salvador por la inocencia de sus familiares y denunciando su detención arbitraria bajo un régimen de excepción, implementado para combatir a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que cumple dos años.
La medida fue aprobada en el Congreso, de amplía mayoría oficialista, a petición del Gobierno de Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Este régimen suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos, y ha dejado en dos años más de 78.100 detenciones, más de 200 muertes en custodia estatal y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
La medida, apoyada en un amplio despliegue de militares, prácticamente ha borrado la violencia de las pandillas de las comunidades, lo que fortaleció la popularidad de Bukele.
‘Panorama desalentador’
La Asamblea Legislativa (Parlamento) ha ampliado el régimen en 24 ocasiones por períodos de 30 días y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de atropellos, incluyendo detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y torturas.
Para Antonio Palacios, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), «el panorama es desalentador para las personas que están detenidas», dado que las reformas posteriores a la aprobación del régimen alargarán la prisión provisional al menos hasta finales de 2025 debido a la extensión del plazo de la instrucción.
«El régimen de excepción ya lleva dos años y si esta gente sigue esperando hasta el año 2025, van a ser prácticamente cuatro años los que va a estar presa sin que se haya demostrado nada«, lamentó Palacios en declaraciones a EFE.
Indicó que hay «casos también bastante graves en los que ya se han condenado personas sin que existan elementos suficientes para poder demostrar su culpabilidad o participación en un delito», también apuntó que la oenegé tiene conocimiento de personas con orden judicial de libertad que las autoridades penitenciarias se niegan a acatar.
Advirtió que «el sistema de justicia actualmente está desbordado, no existen recursos humanos para procesar a tantas personas» y que calculan que entre 30.000 y 35.000 «son personas inocentes». EFE
Solo la oenegé Socorro Jurídico Humanitario ha recibido 7.950 casos de "personas inocentes" detenidas y ha documentado 236 muertes en custodia estatal.
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