La audiencia de apelación se cumplió el 2 de diciembre de 2021 y aún no hay una sentencia.
Han transcurrido más de tres meses y todavía no se tiene una resolución de la audiencia de apelación a la sentencia dictada por la Jueza Jenny Patricia Freire, quien dispuso al Municipio de Loja el pago de cerca de 12 millones de dólares a la empresa Safety, por incumplimiento del contrato inicial de fotomultas.
Oscura espera
La audiencia de apelación se dio el pasado 2 de diciembre de 2021, con la participación de juristas del Municipio de Loja y abogados de libre ejercicio de su profesión, que haciendo uso del instrumento jurídico ‘amicus curiae’ se hicieron presentes para defender a Loja. En el caso del Municipio de Ambato, el cual tiene el mismo problema, ya recibió la sentencia favorable, por lo que queda libre del pago de la sanción económica a la empresa de fotorradares.
Cristian Alvarado, jurista lojano, manifestó que en verdad ha pasado más de tres meses y no llega todavía la sentencia del Tribunal de Quevedo, aunque aún están dentro de los tiempos establecidos, ya que recién Ambato fue notificado con la resolución favorable. “El plazo está demorado, pero igual ocurrió con la ciudad de Ambato y está dentro de los mismos términos, por lo que se aspira que sea favorable para Loja y el Municipio se abstenga de pagar 12 millones de dólares a la empresa”, dijo.
Resolución
Aspiran que máximo en los próximos 15 días exista una sentencia favorable y de inmediato se dé de baja la sentencia de primer orden, donde la jueza Jenny Patricia Freire, dispuso al Municipio de Loja el pago de cerca de 12 millones de dólares a la empresa Safety. “Los casos son los mismos con Ambato, aspiramos la sentencia positiva para los lojanos en este mes de marzo. Para esa fecha, un grupo de juristas estaremos en Quevedo, para mantener una reunión y verificar la resolución”, explica.
Para Alvarado, el Municipio no solo tendrá una sentencia positiva, sino también se habrá ahorrado el pago de 12 millones de dólares, sumado a los 120 mil dólares que se pretendía pagar para la defensa en un buffet de abogados en la capital. Hasta el momento, se conoce que existen algunos procesos administrativos sancionatorios a la jueza y a otros peritos del Consejo de la Judicatura y de la Corte de Justicia de esa ciudad.
TE PUEDE INTERESAR
Retraso en la revisión vehicular le cuesta a Quito $1’600.000
Retraso en la revisión vehicular le cuesta a Quito $1’600.000