Colegio de Abogados de Loja rechaza sentencia a favor de Safety

JUICIO. Abogados de Loja rechazan sentencia en el caso Safety que implica un pago económico.

Una vez recibida la sentencia, el pasado 16 de mayo de 2022, de parte del Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, en donde se ratifica la indemnización de parte del Municipio de Loja a la empresa Safety, el gremio del Colegio de Abogados de Loja se pronunció y rechazó la decisión de los jueces: Julio Almache Tenecela, Isela Ordóñez y Venus Loor Intriago.

Sentencia

José Luis Silverio, presidente del Colegio de Abogados de Loja, manifestó que a la defensa se vincularon en el 2021 por un tema de defensa a la sociedad lojana y no como gremio, sin buscar intereses personales. Ingresaron a la defensa como ‘amicus curiae’ y ahora no están satisfechos con la sentencia dada, luego de más de cinco meses de demora. “Nos sentimos decepcionados con la justicia, sin embargo, seguiremos hasta el final, hay una nueva instancia y la idea es seguir en la lucha hasta que se haga justicia con el Municipio de Loja”, dijo.

Por su lado, César Guerrero, integrante del Colegio de Abogados de Loja, añadió que en el 2021 armaron el ‘amicus curiae’ y defendieron a Loja en la audiencia del 2 de diciembre de 2021, sin embargo, el Tribunal de la Sala ratificó la indemnización con una diferencia de un voto salvado, es decir, de tres jueces solo dos procedieron a emitir el dictamen.

Propuesta

Para Guerrero, si el Municipio lo permite seguirán en la defensa, pero deberán presentar una Acción Extraordinaria de Protección, porque la sentencia es la misma, antes le tocaba indemnizar a Safety con cerca de $12 millones, ahora no será ese rubro y el nuevo valor lo definirá el Tribunal Contencioso Administrativo. Actualmente, los juristas del Municipio de Loja tienen 30 días hábiles para presentar dicha acción, ya que como juristas del ‘amicus curiae’ no lo podrán hacer. “El camino es revocar la sentencia”, dijo.

 

EL DATO

Jueces de Quevedo ratifican sentencia a favor de Safety. Municipio debe interponer acción legal.

Contra toda ley, Corte de Los Ríos favorece a Safety

CASO. Sentencia sí establece indemnización del Municipio a la empresa Safety, por ahora se desconoce el valor.

Abogados de Loja se activarán ante nueva sentencia que perjudica al Municipio. Aún se puede presentar un nuevo recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional.

El lunes 16 de mayo de 2022, luego de cinco meses de espera, el Tribunal de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, emitió la sentencia de la audiencia de apelación, desarrollada el pasado 4 de diciembre de 2021, en la ciudad de Quevedo. Los jueces dictaminaron que el Municipio de Loja sí deberá pagar una reparación económica a la empresa Safety, encargada de las fotomultas en Loja desde el 2015.

Resolución

Según la sentencia, el Tribunal aceptó el recurso de apelación presentado por la municipalidad y la Procuraduría General del Estado. De igual forma, confirma la sentencia subida en grado en los términos de este fallo, pero se reforma la misma, se declara parcialmente con lugar la presente Acción de Protección, disponiendo que los valores que se deben pagar por reparación económica deben ser determinados en trámite contencioso administrativo, conforme al Artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Patricio Valdivieso, parte de la defensa gratuita al Municipio de Loja, manifestó que esta sentencias lo que muestra es que la justicia está completamente fuera de contexto, ya que resuelve que el Municipio debe proceder a cancelar una indemnización irracional a la empresa Safety, la cual llegó a la ciudad en el 2015 a hacer daño a los lojanos, llevándose miles de dólares con pretexto de ubicar fotorradares para el control de velocidad.

Defensa

Según Valdivieso, la demora para dar una sentencia ya era dudosa, por lo que ahora lo único que se confirma es que es una sentencia similar a la de Ambato. La sentencia dada en primera instancia ha sido ratificada, lo que cambia es que ahora el monto a indemnizarse tiene que ser fijado mediante un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). “Lastimosamente se evidencia que ahora las sentencias tienen precio, la justicia se subasta y no se obra en derecho. Los cinco meses de demora son absurdos, es un proceso que debió salir en unos 15 días máximo, pero trataron de dormir el proceso para que la gente se olvide del caso, y luego salir con estas irregularidades”, relató.

Instancias

Tras esta resolución, Valdivieso dijo que como abogados de Loja seguirán en la defensa, nuevamente volverán a reunirse los juristas de la provincia con los del Municipio para presentar una nueva acción de defensa, no al Municipio, sino a Loja y sus intereses.

Por ahora todo dependerá de la coordinación con la defensa de la municipalidad, pero hay camino libre para presentar un nuevo recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, sin dejar de lado la defensa que se debe hacer ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), ya que este establecerá el nuevo valor de la indemnización.

El juicio legal apareció en el 2021, cuando la empresa Safety presentó una acción de protección en contra del Municipio de Loja y la Jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire, dispuso el pago de $12 millones a la empresa, por aparente incumplimiento del contrato de fotomultas.

Esperan resolución del caso Safety, pedirán sanción rigurosa para Jueza

DEMORA. En Loja esperan resolución del caso Safety.

Han transcurrido cinco meses y todavía no existe una resolución de la sentencia del caso Safety, donde la empresa demandó al Municipio de Loja, por incumplimiento del contrato de fotomultas, con el pago de $12 millones. La audiencia de apelación se desarrolló el 4 de diciembre de 2021.

Situación

Luis Tapia, asesor jurídico del Municipio de Loja, manifestó que con Safety, empresa encargada de la aplicación de las fotomultas en Loja hasta hace algunos años, existen varios procesos legales. La más reciente es la acción de protección interpuesta en Quevedo, donde la jueza Jenny Freire, dictaminó el pago de $12 millones al Municipio, pero fue apelada en diciembre y hasta la fecha no hay una sentencia por escrito desde el 2021.

Indicó que este caso alarmó a la ciudadanía lojana, por el monto que le tocaba pagar a la municipalidad, sin embargo, tanto los juristas de la institución como los del sector particular, se unieron y pasaron la audiencia de estrados, sin que se tenga aún una respuesta. “Estamos a la espera del fallo en segunda instancia por parte de la sala única del cantón Quevedo”, dijo.

Proceso

Para Tapia no habido dicha resolución en estos cinco meses. “Nosotros como Municipio creemos que el tiempo ha sido prudencial para que se resuelva, pero no hemos sido notificados. Vamos a esperar hasta el transcurso de esta semana la sentencia por escrito, caso contrario no descartamos iniciar acciones de carácter disciplinario en contra de los jueces de la Sala única de Quevedo, ya que existe vulneración de los derechos”.

En Ambato ya existe un pronunciamiento, donde también se presentó la misma acción de protección, sin embargo, para Loja aún no hay respuesta. A su criterio, la Jueza en la resolución en primera instancia actuó de manera arbitraria, no estuvo enmarcada en la ley, por lo que piden la destitución del cargo. De igual forma, iniciarán las acciones por daños y perjuicios, ya que se han presentado algunos juicios tanto en Loja como en otras provincias del país por parte de la misma empresa.

 

EL DATO

Han pasado cinco meses y no existe una resolución del caso Safety. Esperarán hasta esta semana.

Cuatro meses y no existe resolución del caso Safety

ESPERA. Todavía se desconoce si el Municipio de Loja deberá pagar o no los $12 millones a Safety.

En 2021, la Jueza de Quevedo admitió a trámite la acción de protección de la empresa Safety y ordenó el pago de $12 millones a la municipalidad de Loja.

El Municipio de Loja enfrenta una problemática que se generó en mayo de 2015, cuando suscribe el contrato para la prestación de servicios por fotomultas con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES). Desde que firmó el contrato surgieron algunos incumplimientos, motivo por el que la institución local apertura expedientes administrativos contra la concesionaria.

Este documento tenía vigencia por el lapso de cinco años, por lo que, en mayo de 2020, el Municipio termina el contrato por vencimiento de plazo. Al no existir renovación, Safety emite una serie de demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja.

Luego, la municipalidad interpone una denuncia penal ante la Fiscalía de Loja por el presunto ataque de Safety a la integridad del sistema tecnológico de la institución, logrando la aplicación de medidas cautelares en su contra, como lo es la prohibición de enajenar bienes de la compañía, la suspensión temporal de las actividades de la empresa en el cantón Loja y la intervención de la Superintendencia de Compañías.

Cuatro meses y no existe resolución del caso Safety
JUEZA. Jenny Freire desató molestia en los juristas lojanos.

En el mes de octubre, Safety demanda una acción de protección en la ciudad de Quevedo y la jueza, Jenny Patricia Freire, aceptó dicha figura jurídica a favor de la empresa y solicita públicamente un pago millonario por una supuesta afectación a la compañía. Aunque Freire es jueza de la sala penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de esta empresa, la misma que mantiene problemas legales en urbes muy alejadas de su jurisdicción: Ambato (Tungurahua) y Loja.

Desde el Consejo de la Judicatura (CJ) confirmaron que el caso está en el departamento de Transparencia, a fin de indagar supuestos “actos de corrupción”. Al momento, un comité realiza un informe para constatar si hubo irregularidades.

Situación actual

Han pasado más de cuatro meses y todavía no se emite la resolución de la apelación a la sentencia dada por la jueza Constitucional, Jenny Freire, en contra del Municipio de Loja, disponiéndole el pago de cerca de $12 millones a la empresa Safety, por incumplimiento del contrato inicial del proyecto de fotomultas. Juristas lojanos defensores están a la espera.

Audiencia

La audiencia de apelación a la sentencia dictada por la jueza se dio el pasado 2 de diciembre de 2021 y hasta la fecha no hay un pronunciamiento de los jueces. “Aún no se hace efectiva la sentencia por escrito del caso, por lo que esperaremos estos días, sino haremos los trámites respectivos para ir a ver en Quevedo, el porqué del retraso”, expresó José Luis Silverio, presidente del Colegio de Abogado de Loja.

Según el dirigente, la semana anterior ya conversó con el resto de los abogados para esperar hasta esta semana, la resolución de la Jueza Constitucional. “Hemos esperado lo necesario y si en esta semana no hay una respuesta, pediremos audiencia y viajaremos a realizar el respectivo reclamo a los jueces. Estamos preocupados, desde diciembre que pasó la audiencia no se sabe nada, ya es hora de tener una resolución, tal como la obtuvo Ambato, que fue favorable para la municipalidad”, reveló.

Cuatro meses y no existe resolución del caso Safety
FOTOMULTAS. El contrato por el servicio de fotomultas genera discrepancias.

Diálogos

En días anteriores, según Silverio, conversó con los funcionarios del Consejo de la Judicatura en Quito, donde le notificaron que presente el formulario correspondiente a la denuncia, sin embargo, no lo ha hecho para evitar procesos engorrosos con los jueces. “Nosotros estamos seguros de que la resolución será favorable para la municipalidad, tal como ocurrió en Ambato, debido a que son los mismos casos. La Jueza del caso Safety tiene algunos procesos sumarios administrativos en su contra, pero sigue laborando, porque los procesos administrativos tienen varios caminos a seguir hasta llegar a la sanción o amonestación”.

Seis investigaciones a Freire

Debido a denuncias particulares, Jenny Freire ha enfrentado seis investigaciones desde el año 2020. Ninguna trascendió y todas fueron archivadas por la delegación provincial del CJ.

Por ejemplo, el expediente 0003-2019 fue inadmitido “por falta de requisitos” en la presentación de la denuncia. La investigación INV-0023-2019 se inició por supuestamente no haber “constatado la presencia de funcionarios judiciales en una audiencia”, sin embargo, se la dejó de lado. También hay otra queja por problemas en la “jurisdicción” que nunca se resolvió.  A estas, se suma la queja de una persona que llevó su caso a la Corte Constitucional. En un escrito indicó que durante el juicio “quedó en indefensión” por el accionar de la jueza.

Lojanos a la espera de la resolución del caso Safety

CASO. Municipio de Loja espera resolución desde el 2021, en el caso Safety.

La audiencia de apelación se cumplió el 2 de diciembre de 2021 y aún no hay una sentencia.

Han transcurrido más de tres meses y todavía no se tiene una resolución de la audiencia de apelación a la sentencia dictada por la Jueza Jenny Patricia Freire, quien dispuso al Municipio de Loja el pago de cerca de 12 millones de dólares a la empresa Safety, por incumplimiento del contrato inicial de fotomultas.

Oscura espera

La audiencia de apelación se dio el pasado 2 de diciembre de 2021, con la participación de juristas del Municipio de Loja y abogados de libre ejercicio de su profesión, que haciendo uso del instrumento jurídico ‘amicus curiae’ se hicieron presentes para defender a Loja. En el caso del Municipio de Ambato, el cual tiene el mismo problema, ya recibió la sentencia favorable, por lo que queda libre del pago de la sanción económica a la empresa de fotorradares.

Cristian Alvarado, jurista lojano, manifestó que en verdad ha pasado más de tres meses y no llega todavía la sentencia del Tribunal de Quevedo, aunque aún están dentro de los tiempos establecidos, ya que recién Ambato fue notificado con la resolución favorable. “El plazo está demorado, pero igual ocurrió con la ciudad de Ambato y está dentro de los mismos términos, por lo que se aspira que sea favorable para Loja y el Municipio se abstenga de pagar 12 millones de dólares a la empresa”, dijo.

Resolución

Aspiran que máximo en los próximos 15 días exista una sentencia favorable y de inmediato se dé de baja la sentencia de primer orden, donde la jueza Jenny Patricia Freire, dispuso al Municipio de Loja el pago de cerca de 12 millones de dólares a la empresa Safety. “Los casos son los mismos con Ambato, aspiramos la sentencia positiva para los lojanos en este mes de marzo. Para esa fecha, un grupo de juristas estaremos en Quevedo, para mantener una reunión y verificar la resolución”, explica.

Para Alvarado, el Municipio no solo tendrá una sentencia positiva, sino también se habrá ahorrado el pago de 12 millones de dólares, sumado a los 120 mil dólares que se pretendía pagar para la defensa en un buffet de abogados en la capital. Hasta el momento, se conoce que existen algunos procesos administrativos sancionatorios a la jueza y a otros peritos del Consejo de la Judicatura y de la Corte de Justicia de esa ciudad.

 

TE PUEDE INTERESAR

Retraso en la revisión vehicular le cuesta a Quito $1’600.000

Retraso en la revisión vehicular le cuesta a Quito $1’600.000

Judicatura pone la lupa sobre la jueza que dio la razón a Safety en juicios millonarios

El Consejo de la Judicatura confirmó el inicio de una investigación en contra de la magistrada Jenny Patricia Freire tras sus polémicas decisiones a favor de la empresa Safety, encargada de fotorradares en Loja y Ambato.

Aunque Jenny Patricia Freire es jueza de la sala penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES).,que mantiene problemas legales en urbes muy alejadas de su jurisdicción: Ambato (Tungurahua) y Loja. En ambos casos, la magistrada ha fallado a favor de la firma a cargo de fotorradares, con decisiones que van en contra de los municipios y en los que se juegan millones de dólares. Su accionar levantó sospechas en el Consejo de la Judicatura (CJ).

Desde esa entidad confirmaron que el caso está en el departamento de Transparencia desde hace dos meses. A esta dependencia llegan todos los procesos disciplinarios en los que se indagan supuestos “actos de corrupción”. Al momento, un comité realiza un informe para constatar si hubo irregularidades en los fallos de Freire. Con ese documento, se puede recomendar el inicio de un sumario disciplinario para su destitución o, incluso, la apertura de un proceso en la Fiscalía, de ser el caso.

Seis procesos en su contra, archivados en Los Ríos

LA HORA accedió a información sobre Freire desde su posesión como jueza de primer nivel en Quevedo, el 28 de julio de 2016. Debido a denuncias particulares, ha enfrentado seis investigaciones desde el año 2020. Ninguna trascendió y todas fueron archivadas por la delegación provincial del CJ.

Por ejemplo, el expediente 0003-2019 fue inadmitido “por falta de requisitos” en la presentación de la denuncia. La investigación INV-0023-2019 se inició por supuestamente no haber “constatado la presencia de funcionarios judiciales en una audiencia”, sin embargo se la dejó de lado. También hay otra queja por problemas en la “jurisdicción” que nunca se resolvió.  A estas, se suma una séptima queja de una persona que llevó su caso a la Corte Constitucional. En un escrito indicó que durante el juicio “quedó en indefensión” por el accionar de la jueza.

En el Art. 114 del Código de la Función Judicial se establece que los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por el director provincial, por el Consejo de la Judicatura o por un particular. El proceso de control se inicia cuando existe “información confiable de que el juez ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada”.

Este Diario buscó hablar con la jueza y envió pedidos de información y de entrevista a su correo institucional y a un teléfono celular. Sin embargo, no hubo una respuesta hasta el cierre de la edición.

Acción de protección se presentó fuera del horario

Cuatro asambleístas por Loja pidieron al CJ un informe sobre lo que ocurre con la jueza, ya que consideran que hay un perjuicio para su provincia. En un oficio del 10 de diciembre, la Judicatura respondió y detalló cómo se dio el proceso en el que la jueza se hizo cargo de la acción de protección presentada por Safety en contra del Municipio de esa ciudad.

Según los archivos, la empresa interpuso el requerimiento el 11 de octubre del 2021 a las 17:33, “fuera del horario laboral”. Por eso, la acción no ingresó a un sorteo normal en la Unidad Judicial Penal de Quevedo, que cuenta con 8 jueces activos. Al ser tratado como flagrancia se debía realizar un sorteo entre los que estuvieran de turno. Freire, coincidentemente, lo estaba.

El escrito también fue presentado bajo el membrete de “acción de protección” dentro de un proceso “de garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales”. Por eso, ella, quien es jueza penal de primer nivel, pudo conocer y fallar sobre el caso, así se haya tratado de procesos que se ventilan en otras ciudades.

Desde el despacho de la legisladora por Loja, Johana Ortiz, también indicaron que la acción se resolvió en menos de 15 minutos.  Conforme a los documentos enviados por la Judicatura, el abogado de la empresa presentó 73 hojas en su requerimiento. La asambleísta indicó que “calculando el tiempo de respuesta de la jueza, cada hoja fue leída en 12 segundos”. 

A la jueza le persiguen los casos de Safety

Freire intervino el año anterior en dos fallos a favor de  Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. Safenforvia. En el primero autorizó a la empresa a que se suban al sistema y cobren las multas generadas por el fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja (sector Terremoto), en Ambato. En un informe presentado en septiembre, se conoció que el monto bordeaba los $60 millones por multas a 362.000 conductores que excedieron el límite de velocidad en la zona.

Safety, en julio de 2021, ingresó una acción de protección en Los Ríos en contra del Municipio de esa ciudad. Mencionaba que desde la municipalidad se estaba vulnerando su derecho al trabajo por el impedimento de cobrar lo detectado en el noveno fotosensor. La sentencia de Freire fue favorable para que la compañía pueda subir al sistema y cobrar las multas desde enero de 2022, pero el fallo fue apelado.

En cambio, en Loja, Safety demandó al  Municipio por incumplimiento del contrato de fotomultas. Allí la empresa presentó una acción de protección nuevamente en Quevedo y otra vez la jueza Freire resolvió que la municipalidad debía cancelar $12 millones. El problema se presentó porque en Loja, los cinco fotorradares que fueron ubicados en 2015 ya no están operativos desde mayo de 2020, debido a que concluyó el contrato. La Alcaldía apeló el fallo.

El Alcalde de Ambato dio por terminado el contrato

Luego de que la Contraloría General del Estado estableciera irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de los fotorradaresJavier Altamirano, alcalde de Ambato, dio por terminado el contrato  con la empresa Safety. Según el Alcalde, se están enfrentando a una empresa donde “son capaces de llegar ante la justicia y otras instancias para tener beneficios personales en contra de la ley y la moral, enriquecerse de manera indebida, y perjudicar a la economía de todos los ambateños y ecuatorianos”.

La empresa respondió en un comunicado y dijo que se han ajustado a las normativas. Negó que haya existido algún perjuicio a la ciudad. Ante las declaraciones del Alcalde mencionó que, “hasta el momento hemos mantenido una postura respetuosa al accionar y pronunciamiento de la autoridad, sin embargo, iniciaremos todas las acciones legales para defender el honor de nuestra compañía ante los incesantes ataques de politiqueros que pretendiendo tapar su ineficiencia mancillan una gestión de años que ha conseguido reducir los accidentes fatales en los puntos de control” en Ambato.

La jueza tiene $461 en sus cuentas

En la última declaración patrimonial que está colgada en la página oficial de la Contraloría, la jueza registra activos por  $162.461. Ahí constan dos vehículos de 2016 y 2017, un terreno y una casa en Chimborazo y otro solar en Los Ríos. Como parte de sus activos tiene tres cuentas que suman un total de $461; el salario de un juez bordea los $4.164 al mes.

Entre sus pasivos (deudas), la magistrada acumula $126.212. Sobresalen dos préstamos quirografarios, dos hipotecarios y una tarjeta de crédito.

Lojanos esperan resolución del caso Safety

RESOLUCIÓN. Resolución de la audiencia del caso Safety aún no se emite desde Quevedo.

Desde el pasado 2 de diciembre de 2021, fecha en que se desarrolló la audiencia de apelación a la sentencia dictada por la Jueza Constitucional, Jenny Patricia Freire, quien dispuso al Municipio de Loja el pago de 12 millones de dólares a la empresa Safety por incumplimiento del contrato inicial, no existe una sentencia por escrito. Juristas lojanos siguen a la espera de la decisión.

Resultados

Cristian Alvarado, jurista de Loja, manifestó que los abogados en libre ejercicio conjuntamente con el Colegio de Abogados están a la expectativa, se conoce que existe una sentencia en borrador que está en proceso de análisis por el Tribunal de Quevedo y en los próximos días se tendrá la resolución por escrita.

Indicó que lo positivo es que ya existen procesos administrativos sancionatorios en contra de algunos funcionarios del Consejo de la Judicatura de Quevedo y sumarios administrativos en contra de la Jueza, Jenny Patricia Freire, quien emitió una sentencia desfavorable para el Municipio de Loja hace algunos meses.

Procesos

No hay un tiempo reglamentario para emitirse una sentencia, por lo que seguirán a la espera, considerando que de este mes de enero no pasará. “En este tipo de acciones existe una discrecionalidad del Tribunal para tomar una decisión ajustada a la verdad. La defensa técnica liderada por los juristas en libre ejercicio de Loja ha dado frutos y ya hay expedientes en proceso”, relató.

En caso de obtener una sentencia desfavorable para la municipalidad y se obligue a cancelar los 12 millones de dólares, de inmediato iniciarán una Acción Extraordinaria de Protección en Quito para que se analice el caso, aunque no será necesario, porque sabemos y estamos convencidos que la decisión del Tribunal de Quevedo será favorable para Loja, enfatizó.

 

EL DATO

El seguimiento de asambleístas también hizo que se
empiece con procesos sancionatorios en contra de la Jueza.

TE PUEDE INTERESAR

Primer cargamento de gas importado por privados llegará el 11 de enero 2022

Primer cargamento de gas importado por privados llegará el 11 de enero 2022

Alcalde de Ambato dará por terminado contrato de fotorradares

Una vez que la Contraloría General del Estado estableció irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de los fotorradares, Javier Altamirano, alcalde de Ambato, decidió dar por terminado el contrato con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES).

“He decidido dar por terminado este contrato de concesión de fotorradares”, dijo Altamirano en una entrevista con Diario La Hora.

Situación contra la empresa

Según el Alcalde, se están enfrentando a una empresa donde “son capaces de llegar ante la justicia y otras instancias para tener beneficios personales en contra de la ley y la moral, enriquecerse de manera indebida, y perjudicar a la economía de todos los ambateños y ecuatorianos”.

Por lo que recalcó que este ya no es solo un problema del Municipio de Ambato contra la empresa Safety, sino también del Estado “que tiene que remar para que con sus funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Participación Ciudadana, evitemos que estos empresarios y poderes fácticos quieran hacer o deshacer”.

Ante esta situación, Altamirano hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que se unan. “En la historia de nuestra patria hemos visto como estos poderes fácticos lastimosamente se han enriquecido y perjudicado la economía de nuestra ciudadanía”, comentó.

El Alcalde de Ambato también solicitó que el presidente Guillermo Lasso conozca sobre este tema y tomar una decisión como país. “Caso contrario esta empresa se nos va a reír. El día de mañana no será esta administración, será otra y vendrán otro tipo de procesos y no podemos permitir más”, concluyó.

 

Problemas con los fotorradares

En enero de 2015 entraron en funcionamiento ocho fotorradares en distintos sectores de Ambato.

Desde esa fecha, han sido varios los cuestionamientos a estos dispositivos, empezando por la legalidad del contrato, la ubicación de los aparatos y la millonaria recaudación.

En el 2021 se sumó el problema sobre la legalidad del funcionamiento del noveno fotorradar (instalado en 2020) ubicado en la avenida Bolivariana y Aníbal Granja, con el que se multó a 362 mil conductores y por lo que la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES) pretende cobrar más de 60 millones de dólares.

Siete años después de la instalación de los fotorradares en la ciudad, ayer, la Contraloría General del Estado estableció irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato.

“En las acciones de control efectuadas al contrato para el registro y sanción de infracciones de tránsito, suscrito por el Municipio de Ambato, la Contraloría identificó irregularidades en la selección del proveedor, infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista”, se detalla en el boletín de prensa de la Contraloría.

 

Siguiendo el proceso de cerca

Robinson Loaiza, concejal de Ambato y quien desde el comienzo ha seguido el proceso de cerca, mencionó que después de años de lucha en un “proceso particular y fraudulento” que fue firmado por el exalcalde Fernando Callejas y ejecutado en la administración de Luis Amoroso, ahora se ve el proceso exhaustivo de fiscalización sobre este contrato.

“Han pasado varios años de abusos y de incumplimiento de la ley. Lo que no hemos querido es claudicar en esta lucha y cumplir con las atribuciones que nos dieron los ciudadanos que es de fiscalizar y en cumplimiento a esa tarea hemos realizado un proceso exhaustivo”, comentó Loaiza.

Diario La Hora intentó obtener la versión de Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES), sobre el documento de la Contraloría, sin embargo, David Isch, responsable de comunicación de la empresa, mencionó que por el momento no estaba disponible el vocero, por lo que más adelante se podrá tener un pronunciamiento sobre este tema. (GI)

 

Irregularidades encontradas

– Desde 2016, la Contraloría ha aprobado tres informes de auditoría relacionados con la adjudicación y ejecución del contrato para el registro y sanción de infracciones de tránsito, suscrito por el Municipio de Ambato, en 2014. Además, se ejecuta un examen al cumplimiento de las recomendaciones y a la operación, imposición y recaudación del fotosensor ubicado en la Av. Bolivariana, entre Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto.

– En 2016, la auditoría al proceso de concesión estableció que la utilización de cámaras de control de velocidad, para facilitar la gestión del tránsito, no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica.

– Luego de la aprobación del Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato, no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la municipalidad para gestionar directamente el control de tránsito, ni se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.

– En la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión (la concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta) y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes.

– Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones.

– Sustentado en sumillas insertas en solicitudes de los infractores, el administrador del contrato solicitó rechazar otras 227 infracciones, argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales, incumpliendo la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

– En el examen aprobado en 2020, la Contraloría determinó que los Directores de Tránsito de la municipalidad no controlaron que la sistematización de las infracciones concuerde con los límites de velocidad establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según el tipo de vehículo infractor.

– 914 infracciones por exceso de velocidad fueron anuladas sobre la base de sentencias de los operadores de justicia, decisiones sustentadas en que la concesionaria notificó extemporáneamente sobre la sanción a los infractores, afectando a la garantía de debido proceso. En este caso, tampoco se impuso la multa de 10 mil dólares al proveedor por esta falta grave.

– Los auditores concluyeron que no se realizaron pruebas de funcionamiento nocturno de los radares ni se verificó la ubicación de las cámaras, impidiendo que se identifique correctamente a los vehículos y que se rechacen 164.820 contravenciones.

Legislador de origen lojano logra inicio de proceso contra Jueza de Quevedo

PROCESO. Augusto Alejandro Guamán, legislador de Sucumbios de origen lojano, logra el inicio de proceso sancionatorio.

El asambleísta de la provincia de Sucumbíos de origen lojano, Augusto Alejandro Guamán, tras un largo seguimiento al proceso judicial interpuesto por la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire, quien ordenó mediante sentencia de Acción de Protección el pago de cerca de 12 millones de dólares por parte del Municipio de Loja a la empresa Safety, logró que se inicie un proceso sancionatorio.

Según el documento recibido por el Asambleísta de parte del Consejo de la Judicatura, explica que la Coordinación de Control Disciplinario de la provincia de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, ha iniciado los expedientes disciplinarios en contra de la abogada Jenny Patricia Freire Arias, jueza de la Unidad Judicial del cantón Quevedo. En los próximos días se conocerán las sanciones emitidas a la ‘Jueza de las Fotomultas’, quien también emitió una sentencia para el Municipio de Ambato.

 

TE PUEDE INTERESAR

Millonarios pagos injustificados en proyectos de reconstrucción del terremoto

Millonarios pagos injustificados en proyectos de reconstrucción del terremoto