Contra toda ley, Corte de Los Ríos favorece a Safety

CASO. Sentencia sí establece indemnización del Municipio a la empresa Safety, por ahora se desconoce el valor.

Abogados de Loja se activarán ante nueva sentencia que perjudica al Municipio. Aún se puede presentar un nuevo recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional.

El lunes 16 de mayo de 2022, luego de cinco meses de espera, el Tribunal de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, emitió la sentencia de la audiencia de apelación, desarrollada el pasado 4 de diciembre de 2021, en la ciudad de Quevedo. Los jueces dictaminaron que el Municipio de Loja sí deberá pagar una reparación económica a la empresa Safety, encargada de las fotomultas en Loja desde el 2015.

Resolución

Según la sentencia, el Tribunal aceptó el recurso de apelación presentado por la municipalidad y la Procuraduría General del Estado. De igual forma, confirma la sentencia subida en grado en los términos de este fallo, pero se reforma la misma, se declara parcialmente con lugar la presente Acción de Protección, disponiendo que los valores que se deben pagar por reparación económica deben ser determinados en trámite contencioso administrativo, conforme al Artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Patricio Valdivieso, parte de la defensa gratuita al Municipio de Loja, manifestó que esta sentencias lo que muestra es que la justicia está completamente fuera de contexto, ya que resuelve que el Municipio debe proceder a cancelar una indemnización irracional a la empresa Safety, la cual llegó a la ciudad en el 2015 a hacer daño a los lojanos, llevándose miles de dólares con pretexto de ubicar fotorradares para el control de velocidad.

Defensa

Según Valdivieso, la demora para dar una sentencia ya era dudosa, por lo que ahora lo único que se confirma es que es una sentencia similar a la de Ambato. La sentencia dada en primera instancia ha sido ratificada, lo que cambia es que ahora el monto a indemnizarse tiene que ser fijado mediante un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). “Lastimosamente se evidencia que ahora las sentencias tienen precio, la justicia se subasta y no se obra en derecho. Los cinco meses de demora son absurdos, es un proceso que debió salir en unos 15 días máximo, pero trataron de dormir el proceso para que la gente se olvide del caso, y luego salir con estas irregularidades”, relató.

Instancias

Tras esta resolución, Valdivieso dijo que como abogados de Loja seguirán en la defensa, nuevamente volverán a reunirse los juristas de la provincia con los del Municipio para presentar una nueva acción de defensa, no al Municipio, sino a Loja y sus intereses.

Por ahora todo dependerá de la coordinación con la defensa de la municipalidad, pero hay camino libre para presentar un nuevo recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, sin dejar de lado la defensa que se debe hacer ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), ya que este establecerá el nuevo valor de la indemnización.

El juicio legal apareció en el 2021, cuando la empresa Safety presentó una acción de protección en contra del Municipio de Loja y la Jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire, dispuso el pago de $12 millones a la empresa, por aparente incumplimiento del contrato de fotomultas.

Esperan resolución del caso Safety, pedirán sanción rigurosa para Jueza

DEMORA. En Loja esperan resolución del caso Safety.

Han transcurrido cinco meses y todavía no existe una resolución de la sentencia del caso Safety, donde la empresa demandó al Municipio de Loja, por incumplimiento del contrato de fotomultas, con el pago de $12 millones. La audiencia de apelación se desarrolló el 4 de diciembre de 2021.

Situación

Luis Tapia, asesor jurídico del Municipio de Loja, manifestó que con Safety, empresa encargada de la aplicación de las fotomultas en Loja hasta hace algunos años, existen varios procesos legales. La más reciente es la acción de protección interpuesta en Quevedo, donde la jueza Jenny Freire, dictaminó el pago de $12 millones al Municipio, pero fue apelada en diciembre y hasta la fecha no hay una sentencia por escrito desde el 2021.

Indicó que este caso alarmó a la ciudadanía lojana, por el monto que le tocaba pagar a la municipalidad, sin embargo, tanto los juristas de la institución como los del sector particular, se unieron y pasaron la audiencia de estrados, sin que se tenga aún una respuesta. “Estamos a la espera del fallo en segunda instancia por parte de la sala única del cantón Quevedo”, dijo.

Proceso

Para Tapia no habido dicha resolución en estos cinco meses. “Nosotros como Municipio creemos que el tiempo ha sido prudencial para que se resuelva, pero no hemos sido notificados. Vamos a esperar hasta el transcurso de esta semana la sentencia por escrito, caso contrario no descartamos iniciar acciones de carácter disciplinario en contra de los jueces de la Sala única de Quevedo, ya que existe vulneración de los derechos”.

En Ambato ya existe un pronunciamiento, donde también se presentó la misma acción de protección, sin embargo, para Loja aún no hay respuesta. A su criterio, la Jueza en la resolución en primera instancia actuó de manera arbitraria, no estuvo enmarcada en la ley, por lo que piden la destitución del cargo. De igual forma, iniciarán las acciones por daños y perjuicios, ya que se han presentado algunos juicios tanto en Loja como en otras provincias del país por parte de la misma empresa.

 

EL DATO

Han pasado cinco meses y no existe una resolución del caso Safety. Esperarán hasta esta semana.

El uso del apellido paterno ya no será obligatorio en Italia

La resolución del Constitucional señala que la obligatoriedad del apellido paterno es discriminatoria.

Una sentencia del Tribunal Constitucional del país estableció que el orden de uso de los apellidos será una decisión de ambos padres e incluso podrán elegir la asignación de uno solo de ellos.

ROMA. El Tribunal Constitucional de Italia emitió una sentencia por la cual ya no se podrá otorgar de manera automática el apellido paterno a los hijos, sino que llevarán el de los dos cónyuges, en el orden que la pareja acuerde. Una ‘revolución’ que pone fin a uno de los grandes atrasos del país europeo en materia de derechos civiles, pero que deberá ahora articularse a través del Parlamento. En España, una norma similar está en vigor desde 2017.

La resolución del Tribunal establece que el orden en el que se asignen los apellidos dependerá de lo que decidan los padres, que siempre podrán continuar poniendo uno solo si así lo consideran. “La Corte ve discriminatorio y lesivo para la identidad del hijo la regla que asigna automáticamente el apellido del padre. A la luz del principio de igualdad y en interés del hijo, ambos padres deben poder compartir la elección del apellido, pues supone un elemento fundamental de la identidad personal”, explicó el tribunal en un comunicado.

El Constitucional, presidido por el exprimer ministro Giuliano Amato, considera ahora que otorgar de forma automática el apellido paterno viola varios artículos de la Constitución. Especialmente el tercero, que establece que “todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley sin distinción de sexo”. La sentencia llega después de varias reclamaciones, especialmente las de dos familias de Calabria y una de Bolzano, que recurrió a la corte porque quería dar el apellido de la madre hace 20 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya le había dado la razón en 2014, pero hasta hoy no había sido reconocida esa sentencia en Italia.

El único resultado que había obtenido esta lucha hasta ahora era el de lograr asignar ambos apellidos a los hijos. Uno de los casos más conocidos —también polémicos— fue el de Alessandra Mussolini, hija del dictador fascista italiano, que peleó para que sus hijos tuvieran también el apellido de su abuelo y este no se extinguiese. Una reivindicación que plantea, en el fondo, la necesidad de otorgar ambos apellidos o de poder elegir el que se considere más oportuno para perpetuar la historia de las familias. Algo que ya sucede en la mayoría de países europeos.

La clave de la resolución, sin embargo, se halla ahora en cómo el Parlamento legislará y logrará poner en orden lo que podría generar un caos de solicitudes y de cambios en la documentación oficial de todos los italianos. Las sentencias de inconstitucionalidad son retroactivas, pero para aplicarla a los niños ya nacidos no está claro todavía cómo deberá procederse ni el grado de dificultad que deberán afrontar los padres. (DLH)

40 años de cárcel para tercer implicado en asesinato y violación

ILUSTRACIÓN. El Tribunal encontró los elementos necesarios para condenar al implicado.

Edwin Vinicio V.V. fue sentenciado a 40 años de cárcel, el hombre es el último de los tres implicados en un macabro hecho de sangre sucedido en Píllaro, el 5 de enero de 2018.

Este lunes 25 de abril de 2022, el hombre fue llevado ante el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua, donde se conocieron los pormenores del trágico asesinato, robo y violación cometidos en aquel entonces.

Juan C., y Mentor V., también vinculados a este caso ya cuentan con una condena de 40 años, por el mismo hecho, con está última sentencia el caso queda cerrado.

 

CIFRA
40
AÑOS
De cárcel purgan ahora, los tres involucrados en este macabro hecho de sangre.

 

Antecedentes

Hasta la sala de emergencia del Hospital General Docente de Ambato, llegaron policías de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro (Dinased).

El cuerpo de una de las víctimas yacía sobre una camilla, en el que los gendarmes observaron tenía un trauma craneoencefálico grave, varias escoriaciones en la cara y partes del cuerpo.

Elvis S., fallecido, Kevin C., Robinson V., Gardenia M., y Mariela V., estudiantes universitarios de Cotopaxi, asistieron a la Diablada Pillareña y al caer la noche, a este grupo de ciudadanos se les unieron David B., y Alexander B., quienes residían en Píllaro.

Todos se juntaron para ingerir bebidas alcohólicas dentro de un carro Chevrolet, placas de Pichincha, en el mirador de la calle Atipillaguazo, calle posterior de una discoteca.

A la madrugada del 6 de enero de 2018, el grupo de personas fue sorprendido por tres sujetos que portaban un arma de fuego. A golpes amedrentaron a los siete jóvenes, formándose una riña entre ellos y los antisociales.

DATO
El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua sentenció 
al último implicado.

Violencia

Producto de la gresca, Elvis recibió un disparo en la cabeza, mientras Kevin fue golpeado con un objeto contundente en la ceja, quedando inconsciente.

En cuanto a las cinco personas restantes, fueron llevadas en el mismo carro hasta la parroquia Presidente Urbina, sector Cuatro Esquinas, por un camino de tercer orden donde los tres delincuentes violaron a las mujeres y les pegaron a los otros tres afectados. (MAG)

Uno por uno cayó

El primero en ser detenido fue Juan C., este fue reconocido por las víctimas como su atacante, operaciones de inteligencia policial permitieron dar con el paradero del hombre.

Este a su vez, permitió develar al resto de los involucrados y desde entonces los uniformados élite de la Dinased emprendieron la localización de todos, hasta llegar al último implicado que fue procesado este pasado lunes.

El futuro de Glas lo decidirá la Corte Provincial de Santa Elena

Jorge Glas en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

Eventualmente, el Tribunal Provincial podría revocar la libertad del exsegundo mandatario, quien tras su salida de prisión no usa grillete electrónico ni tiene vigilancia policial.   

Diego Moscoso, juez de la Unidad Multicompetente de la parroquia Manglaralto (Santa Elena), resolvió el 22 de abril de 2022, negar el pedido de ampliación a  la sentencia de habeas corpus solicitado por Nicole Malavé,  defensa técnica de Jorge Glas, exvicepresidente de la República.

Una vez evacuados todos los recursos judiciales, le corresponderá a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena avocar conocimiento y designar un tribunal por sorteo para que resuelva el recurso de apelación que interpuso el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI)  el 14 de abril para que se deje sin efecto el  habeas corpus que el 10 de abril le otorgó Moscoso a Glas.  Esto viabilizó  su salida de la cárcel de Cotopaxi.

Una vez sorteado el Tribunal, los magistrados tienen 10 días término (sin contar sábado y domingo) para notificar a las partes procesales con la convocatoria a audiencia.

La apelación total a la sentencia y la nulidad procesal firmada por Lorena Merizalde, directora de asesoría jurídica del SNAI, busca el inmediato regreso de Glas a prisión y la destitución del juez de Manglaralto quien  -argumenta Merizalde- con su sentencia dejó en indefensión al Estado ecuatoriano.

Glas fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y por cohecho en el caso Sobornos.  Al salir de la cárcel de Cotopaxi ya había cumplido cuatro años recluido. (SC)

Definido tribunal que revisará sentencia de Alexis Mera

Byron Guillén (.), Luis Rivera (d.), dos de los jueces que conocerán el recurso de revisión.

La intención del exfuncionario es que los magistrados revisen la sentencia de ocho años que pesa sobre él en el caso ‘Sobornos’.

Luego de 16 días de que la defensa técnica de Alexis Mera Giler, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, presentó un recurso de revisión a la sentencia de ocho años que pesa sobre él en el caso “Sobornos 2012-2016”, este 18 de abril de 2022, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se sorteó el tribunal que conocerá la solicitud del exfuncionario correísta.

Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera, magistrados de la Sala Penal de la CNJ, procederán con el recurso solicitado por Mera, a través de su abogada María del Mar Gallegos, y con el que se intenta que se declare la nulidad de la sentencia de 2020 por el delito de cohecho pasivo agravado.

El exfuncionario es uno de los 18 sentenciado en el caso de corrupción en el que también está involucrado Rafael Correa, expresidente de la República, su exvicepresidente Jorge Glas, entre otros.  (SC)

Cuatro meses y no existe resolución del caso Safety

ESPERA. Todavía se desconoce si el Municipio de Loja deberá pagar o no los $12 millones a Safety.

En 2021, la Jueza de Quevedo admitió a trámite la acción de protección de la empresa Safety y ordenó el pago de $12 millones a la municipalidad de Loja.

El Municipio de Loja enfrenta una problemática que se generó en mayo de 2015, cuando suscribe el contrato para la prestación de servicios por fotomultas con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES). Desde que firmó el contrato surgieron algunos incumplimientos, motivo por el que la institución local apertura expedientes administrativos contra la concesionaria.

Este documento tenía vigencia por el lapso de cinco años, por lo que, en mayo de 2020, el Municipio termina el contrato por vencimiento de plazo. Al no existir renovación, Safety emite una serie de demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja.

Luego, la municipalidad interpone una denuncia penal ante la Fiscalía de Loja por el presunto ataque de Safety a la integridad del sistema tecnológico de la institución, logrando la aplicación de medidas cautelares en su contra, como lo es la prohibición de enajenar bienes de la compañía, la suspensión temporal de las actividades de la empresa en el cantón Loja y la intervención de la Superintendencia de Compañías.

Cuatro meses y no existe resolución del caso Safety
JUEZA. Jenny Freire desató molestia en los juristas lojanos.

En el mes de octubre, Safety demanda una acción de protección en la ciudad de Quevedo y la jueza, Jenny Patricia Freire, aceptó dicha figura jurídica a favor de la empresa y solicita públicamente un pago millonario por una supuesta afectación a la compañía. Aunque Freire es jueza de la sala penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de esta empresa, la misma que mantiene problemas legales en urbes muy alejadas de su jurisdicción: Ambato (Tungurahua) y Loja.

Desde el Consejo de la Judicatura (CJ) confirmaron que el caso está en el departamento de Transparencia, a fin de indagar supuestos “actos de corrupción”. Al momento, un comité realiza un informe para constatar si hubo irregularidades.

Situación actual

Han pasado más de cuatro meses y todavía no se emite la resolución de la apelación a la sentencia dada por la jueza Constitucional, Jenny Freire, en contra del Municipio de Loja, disponiéndole el pago de cerca de $12 millones a la empresa Safety, por incumplimiento del contrato inicial del proyecto de fotomultas. Juristas lojanos defensores están a la espera.

Audiencia

La audiencia de apelación a la sentencia dictada por la jueza se dio el pasado 2 de diciembre de 2021 y hasta la fecha no hay un pronunciamiento de los jueces. “Aún no se hace efectiva la sentencia por escrito del caso, por lo que esperaremos estos días, sino haremos los trámites respectivos para ir a ver en Quevedo, el porqué del retraso”, expresó José Luis Silverio, presidente del Colegio de Abogado de Loja.

Según el dirigente, la semana anterior ya conversó con el resto de los abogados para esperar hasta esta semana, la resolución de la Jueza Constitucional. “Hemos esperado lo necesario y si en esta semana no hay una respuesta, pediremos audiencia y viajaremos a realizar el respectivo reclamo a los jueces. Estamos preocupados, desde diciembre que pasó la audiencia no se sabe nada, ya es hora de tener una resolución, tal como la obtuvo Ambato, que fue favorable para la municipalidad”, reveló.

Cuatro meses y no existe resolución del caso Safety
FOTOMULTAS. El contrato por el servicio de fotomultas genera discrepancias.

Diálogos

En días anteriores, según Silverio, conversó con los funcionarios del Consejo de la Judicatura en Quito, donde le notificaron que presente el formulario correspondiente a la denuncia, sin embargo, no lo ha hecho para evitar procesos engorrosos con los jueces. “Nosotros estamos seguros de que la resolución será favorable para la municipalidad, tal como ocurrió en Ambato, debido a que son los mismos casos. La Jueza del caso Safety tiene algunos procesos sumarios administrativos en su contra, pero sigue laborando, porque los procesos administrativos tienen varios caminos a seguir hasta llegar a la sanción o amonestación”.

Seis investigaciones a Freire

Debido a denuncias particulares, Jenny Freire ha enfrentado seis investigaciones desde el año 2020. Ninguna trascendió y todas fueron archivadas por la delegación provincial del CJ.

Por ejemplo, el expediente 0003-2019 fue inadmitido “por falta de requisitos” en la presentación de la denuncia. La investigación INV-0023-2019 se inició por supuestamente no haber “constatado la presencia de funcionarios judiciales en una audiencia”, sin embargo, se la dejó de lado. También hay otra queja por problemas en la “jurisdicción” que nunca se resolvió.  A estas, se suma la queja de una persona que llevó su caso a la Corte Constitucional. En un escrito indicó que durante el juicio “quedó en indefensión” por el accionar de la jueza.

Seis años de cárcel por matar a un hombre

ARCHIVO. El implicado fue detenido inmediatamente después del crimen por policías del GOM.

A seis años y ocho meses de cárcel fue sentenciado Isaac Joel A.M., luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua lo declarara culpable por el delito de homicidio.

La sentencia fue emitida este 2022. En la diligencia, el acusado fue instado a pagar la suma de 20 mil dólares como reparación integral en favor de la víctima.

Durante la diligencia, Mabel Díaz, fiscal a cargo del caso, demostró la materialidad del ilícito y la responsabilidad del procesado.

Culpable

Con resultados médico forenses, la parte acusatoria indicó al Tribunal que la muerte de Luis Alejandro R., fue violenta pues sufrió de una hemorragia aguda interna, laceración pulmonar, de arteria y traumatismo torácico penetrante con objeto contundente.

A estas pruebas se adicionó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, así como un cuchillo y testimonios de quienes estuvieron la noche del 18 de octubre de 2021, cuando sucedió la tragedia.

CIFRA
18
MUERTES
Violentas se contabilizaron hasta octubre de 2021 en Tungurahua.

El caso

El suceso se registró en el cruce de las calles Bolívar y Unidad Nacional, barrio La Merced en Ambato. Un testigo alertó a la Policía, a través del ECU 911, sobre un escándalo en el que un hombre fue acuchillado.

Moradores de la zona dijeron que dos sujetos rompían botellas para intentar agredirse, en medio de una disputa, cuando uno de ellos hirió a su contrincante.

Se trataba de Luis, quien fue acuchillado por Isaac, mientras estaba en el suelo.

La víctima fue llevada al Hospital General Docente de Ambato, pero pese a la reanimación que los médicos le dieron, el ciudadano murió 15 minutos después de ingresar al área de emergencia.

Captura

Fue entonces que policías del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) del Distrito Ambato Norte, detuvo al agresor solo un par de cuadras más adelante, cuando intentaba huir.

Al notar la presencia de los uniformados arrojó el cuchillo. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro (Dinased) de Tungurahua, levantaron el cuerpo. (MAG)

 

Pena fue menor

El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena privativa de libertad de entre 10 a 13 años, pero en este caso se aplicaron atenuantes al delito, puesto que el acusado se presentó de forma voluntaria a las autoridades y colaboró eficazmente con la investigación, según la Fiscalía.

La SIP rechaza «disparatada» condena al gerente general de La Prensa de Nicaragua

El periodista está preso desde el 14 de agosto de 2021, un días después de que el régimen cerrara la versión impresa de La Prensa.

El jueves, el empresario y periodistas Juan Lorenzo Holmann Chamorro fue sentenciado a nueve años de prisión por supuesto lavado de activos.

MIAMI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de «locura disparatada» la sentencia a nueve años de prisión «por supuesto lavado de dinero» contra Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa de Nicaragua.

En un comunicado, el organismo hemisférico destaca que la justicia nicaragüense condenó este jueves (31 de marzo de 2022) a Holmann Chamorro a nueve años de prisión «por supuesto lavado de dinero, tras un juicio de tres días realizado a puertas cerradas».

«Se trata de una más de las locuras disparatadas del régimen de Ortega-Murillo con las que, sin vergüenza alguna, provoca a la comunidad internacional y viola todos los principios del debido proceso», expusieron Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización.

Holmann Chamorro, considerado un «preso político» del Gobierno de Daniel Ortega por organismos humanitarios, fue condenado este jueves a nueve años de prisión y a pagar una multa económica, según informó el periódico La Prensa, el más antiguo del país.

La jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua, también inhabilitó a Holmann Chamorro, quien es vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP por Nicaragua, a ejercer su profesión, oficio o cargo, mientras dure la pena.

El periodista está preso desde el 14 de agosto de 2021, un día después de que el régimen ocupara y cerrara la sede del diario en Managua, que ahora se edita de manera digital.

Antes de la condena a Holmann Chamorro, «la justicia orteguista» había condenado, «en procesos igualmente irregulares», a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes cumplen penas de prisión de 13 y 9 años, respectivamente, mientras que Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio de La Prensa, fueron condenados a 8 y 9 años de cárcel.

Para su próxima asamblea semestral, que se celebrará entre el 19 y el 21 de abril próximos y quiere «repasar» la situación de libertad de prensa en todos los países de las Américas, la SIP invitó a participar a familiares de presos políticos, indica el comunicado.

El barómetro Índice Chapultepec, de la SIP, ubica a Nicaragua, junto con Venezuela y Cuba, como los países con falta total de libertad de prensa en las Américas. EFE