El ciudadano Jarkie Esteban Sarmiento, actual funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en la provincia de Loja, continúa en libertad y laborando en la institución, pese a tener una orden de captura del Juzgado de Garantías Penitenciarias. Desde abril de este año, el personal de la Policía Nacional fue notificado para que proceda con la captura inmediata, pero no lo han aprehendido.
Proceso
Sarmiento tiene orden de captura por más de siete meses. El ciudadano es acusado por la Asociación de Servidores de la Prefectura de Loja por el delito de abuso de confianza, ya que cuando fue dirigente del gremio, supuestamente desapareció de la cuenta bancaria alrededor de $66.630,68, recursos que les pertenecían a los asociados. Pese al proceso y sentencia, Sarmiento continuaría laborando en el Cpccs de manera regular.
José Rodríguez, abogado defensor de la Asociación de Servidores de la Prefectura, mencionó que el acusado tiene una sentencia y una orden de captura, por lo que ahora se encuentra prófugo de la justicia, pero estaría laborando en el Cpccs. “Ahora, la policía es la encargada de dar con su paradero, ya que la ley es clara y existe la resolución de detenerlo”, dijo.
Llamado
Según el jurista, hizo el llamado a las autoridades del Cpccs para que puedan actuar y proceder con la sanción al ciudadano, caso contrario, se entiende que están encubriéndole al tenerlo laborando bajo teletrabajo o bajo permisos reiterados. “Ellos deben dar el ejemplo sancionándole administrativamente al funcionario, porque hay una sentencia en firme y no pueden dejar pasar un proceso legal como estos”, relató.
A decir del abogado, están atentos para que la policía realice los operativos y puedan capturarlo. Según la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Loja, dispuso la devolución de los $66.630,68 y el pago de 18 meses de cárcel en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Frente a la Acción Extraordinaria de Protección interpuesta por el ciudadano, alertó que este tipo de dilatorias pertenece al Fuero Constitucional y no tiene nada que ver con la justicia ordinaria, por lo tanto, sigue en firme la sentencia dada por el Tribunal.
EL DATO
El ciudadano tiene que cumplir 18 meses de prisión preventiva de libertad.