El caso del proceso legal que se ventila en el Tribunal de la Corte de Justicia de Quevedo sobre la Acción de Protección interpuesta por la empresa Safety al Municipio de Loja, en donde hay una sentencia de pago de cerca de 12 millones de dólares por incumplimiento al contrato de fotomultas, podría tener un desenlace en el 2022.
César Guerrero, abogado en libre ejercicio, manifestó que la audiencia de estrados desarrollada el pasado 2 de diciembre, fue todo un éxito, por ahora están esperando la resolución por escrita, aunque por temas de vacaciones de los jueces podría darse en el próximo año: 2022. “Lo que ya pasó fue una audiencia para resolver la apelación de la Procuraduría del Municipio respecto a la sentencia emitida por la Jueza de Quevedo, Jenny Freire, quien estableció responsabilidades económicas por parte del Municipio con la empresa”, dijo.
Indicó que como Colegio de Abogados en su momento participaron acogiéndose a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como ‘amicus curiae’, donde pudieron explicar a la Jueza respecto de la no procedencia de la acción, porque hay falencias en el sorteo, capacidad para contestar y resolver en primera instancia, al igual que la ilegalidad, porque los actos y efectos nunca se generaron en Quevedo sino en Loja y Quito.
Reiteró que, “lo rechazable es que la Jueza no tiene argumentos, dictamina el pago de cerca de 12 millones de dólares con un peritaje que no tiene fecha de realización, no posee firma, además está relacionada a los años 2017, 2018 y 2019, que la propia empresa ha realizado bajo juramento con 18 anexos, pero ninguno consta en el expediente”, recalcó.
En caso de tener una resolución adversa para el Municipio, aún queda otro recurso legal como el caso de una Acción Extraordinaria de Protección y será la Corte Constitucional la que resuelva sobre la procedencia de la acción principal. Por ahora, primero la Sala Especializada de Quevedo resolverá el tema de Ambato y luego el proceso de Loja, porque son similares, pero la audiencia de estrados se cumplió primero para la capital de la provincia de Tungurahua.
EL DATO Buscan que la jueza Freire sea sancionada, pero primero deben encontrar el error en el procedimiento.
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