A propósito del Día Internacional contra la Corrupción y el Día internacional de los Derechos Humanos que se conmemoran este jueves 9 y viernes 10 de diciembre respectivamente. Es importante analizar su implicación en nuestra realidad. Según datos de la ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos a funcionarios públicos, además, en el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto representa un total del 5% del producto interior bruto (PIB) mundial.
Lo cual es absolutamente perjudicial sobre todo en países en desarrollo como Ecuador, donde el dinero que se pierde en estas prácticas delictivas es diez veces mayor al dinero que se invierte para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos.
Hasta ahora, la violación de los derechos a la salud, a la educación, la vivienda digna, al empleo, la protección de los niños y niñas, personas con discapacidad, tercera edad, mujeres en situación de riesgo, entre otros derechos esenciales, queda en la impunidad. Pero sabemos que muchos políticos, servidores estatales, y particulares, son los responsables.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la corrupción debe entenderse como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de los fines del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad, y la vigencia de un orden justo.
En tal sentido, todos tenemos derechos y responsabilidades en esta problemática. Funcionarios, agentes de la ley, representantes de los medios de comunicación, sector privado, sociedad civil, educadores y jóvenes. Debemos mantener una actitud firme para proteger nuestros derechos, y los de todos, siendo portavoces del cambio, defendamos el bien común ante cualquier irregularidad y en unidad digamos no a la corrupción.