Procurador: «correísmo busca revancha por caso ‘Sobornos'»

El Procurador se defendió de las acusaciones hechas en el pedido de juicio político

La bancada de Unes presentó pedido de juicio político en su contra. El funcionario defiende su gestión y sostiene que no ha incumplido funciones.

El procurador Íñigo Salvador rechazó del pedido de juicio político planteado en su contra por la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), acusándole de incumplimiento de funciones.  El pedido de interpelación aún no es calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero el funcionario defendió su gestión.

En una rueda de prensa ofrecida este martes 5 de octubre de 2021, rescató como hitos de su gestión la sentencia en el casoSobornos‘, en el que se sentenció, entre otras personas, al expresidente Rafael Correa; también resaltó la presentación del proyecto de ley de repetición, para que los funcionarios que generaron perjuicios económicos al Estado reparen los daños.

La bancada correísta presentó la solicitud de juicio argumentando que Salvador, quien es el abogado del Estado, no actúo en favor del país en los procesos arbitrales planteados por las petroleras Perenco y Chevron-Texaco. Estos procesos que se iniciaron durante el Gobierno de Rafael Correa.

Según Salvador, lo quieren acusar por acciones que sucedieron también durante la administración correísta, específicamente con el procurador Diego García, en los casos Burlington y Murphy. «Cuando él (García) perdió los casos, el gobierno pagó sin chistar laudos similares por un total de 363 millones de dólares», dijo el funcionario.

Recordó que en su gestión presentó un recurso de anulación en el caso Perenco, que inició en 2008, con lo que logró reducir la sentencia final en 36,6 millones de dólares. Algo que sostuvo- no se hizo en los casos Burlington y Murphy.

«No se trata de incumplimiento de funciones, se trata de que a un grupo de asambleístas no les gusta lo que hago», afirmó.

Respecto a la acusación de una supuesta injerencia en otras funciones del Estado por haber recomendado a un candidato a defensor del Público, Salvador aseguró que la recomendación se hizo dentro de los requisitos legales del mismo concurso.

El Procurador afirmó que se trataría de saldar una deuda, «quizás una deuda de honor; los mafiosos también tienen honor”, sentenció. (RR)

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Pachakutik e ID aseguran que siguen en la mayoría con CREO

La mayoría ID, PK y CREO llevaron a Guadalupe Llori a la presidencia legislativa.

Wilma Andrade (ID) sostiene que hay que entender que la política económica la lleva el Presidente de la República y no la Asamblea. 

El Gobierno no logró que los partidos con los que firmó un acuerdo legislativo el 14 de mayo de 2021, Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK), votaran a favor de la calificación del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. Esto puso en duda la continuidad de la mayoría e incluso sectores políticos creen que se rompió.

La mayoría conformada en mayo pasado se dio con miras a la elección de autoridades y la conformación de comisiones. En ese momento se habló de un acuerdo programático para sacar adelante a la Asamblea, que llegó con la peor calificación de aceptación (2%).

¿Se rompió el acuerdo?

El coordinador del bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, cree que no es así, que la decisión que se tomó sobre el proyecto del Ejecutivo en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) responde a que la propuesta no cumplía con lo que determina la normativa legal y constitucional.

«No hay ninguna ruptura, nosotros hemos hecho lo que la Ley manifiesta en los actuales momentos. Hemos utilizado el mecanismo constitucional y estamos pidiendo al presidente Guillermo Lasso que cumpla con la normativa vigente en el país, así que no hay ninguna ruptura; son posiciones políticas», afirmó el legislador.

Indicó que ellos (PK), desde la Asamblea, siguen trabajando en función del país, “no en función de determinados proyectos políticos”.

Señaló que el accionar de Pachakutik va a depender de lo que el Ejecutivo envié. «Estamos a la espera que el Presidente enmiende y vuelva a enviar la ley para nosotros darle el tratamiento respectivo, para seguir haciendo un trabajo articulado; pero si ellos (Gobierno) siguen enviando los proyectos violentando la Constitución, unificando temas, no va a poder pasar porque es prohibido por la ley”, sentenció Lucero.

 

¿Siguen los diálogos?

Desde el lado de la ID, la asambleísta Wilma Andarde sostuvo que se está a tiempo de corregir cualquier fricción y seguir conversando y trabajando en temas en favor del país; de lo contrario -aseguró- se puede caer en una pugna de poderes que no llevará a nada al país.

La legisladora asegura que se puede retomar las conversaciones, pero considera que debe haber la voluntad política de las dos partes para dialogar y buscar consensos sobre los proyectos que se van a envía a la Asamblea.

Los dos legisladores creen que se puede seguir adelante con la mayoría para darle gobernabilidad al país.

Jefes de bloque aclaran posición

Mediante un comunicado, los jefes de bloque Alejandro Jaramillo (ID), Rafael Lucero (PK), Paola Cabezas (Unes) y  Esteban Torres (PSC)  respondieron al presidente de la República, Guillermo Lasso, por sus declaraciones en torno a la no calificación del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades.

Sostienen que el proyecto de Ley presentado no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por incumplir los requisitos legales constitucionales. «En ningún caso ha sido negado como erróneamente informa el Gobierno Nacional».

Añaden que la decisión del CAL no anula la presentación y debate de una nueva iniciativa de ley, pero sí evita el posible cometimiento de inconstitucionalidades y deja sin efecto el plazo de 30 días para que la iniciativa del gobierno pueda aprobarse por el ministerio de la ley. (RR)

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Tardan diálogos con la Asamblea sobre Ley de Oportunidades

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se reunió con los jefes de bancada.

Bloques dicen que no ha existido ninguna reunión. Han transcurrido cuatro días desde que se presentó la propuesta y aún no inicia el trámite del proyecto.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que esta semana iniciará reuniones de trabajo con los diferentes bloques legislativos a fin de lograr consensos sobre el contenido del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades; sin embargo, hasta al momento esto no ha ocurrido.

Los jefes de bancada dijeron a LA HORA que no ha existido ningún tipo de acercamiento desde el Gobierno para discutir el tema. Reiteraron que están abiertos a conversar, a pesar de que siguen teniendo sus reparos a la propuesta gubernamental.

La coordinadora del bloque Unión por la Esperanza (Unes), Paola Cabezas, dijo que aún no han tenido ninguna reunión con la ministra Vela a pesar de que por los medios de comunicación se había enterado que la funcionaria había anunciado que la reunión sería ayer (27 de septiembre).

«Está por confirmarse la fecha; ayer (lunes) hubo un pequeño inconveniente o mal entendido; no habían una hora establecida ni lugar establecido para la cita con la Ministra. Pero he dicho que como bancada de Unes no tenemos ningún inconveniente reunirnos con el Ejecutivo para tratar el tema. Somos la primera fuerza política al interior de la Asamblea por lo que sería contraproducente no conversar», aseguró

Desde el bloque del Partido Social Cristiano (PSC) se muestran abiertos a conversar sobre el proyecto de Ley. Así lo señaló su jefe, Esteban Torres, quien aseguró que la demora en los diálogos se debería a que el Gobierno está buscando el voto de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, para que el proyecto supere la calificación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

«Hasta ahora, nada en absoluto, y de hecho en declaraciones a otro medio de comunicación, la ministra dice que las conversaciones las quiere tener con sus aliados en el Parlamento; es decir, con Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID); como que nos excluye en esa declaración”, señaló Torres.

En tanto, el jefe de bloque de Pachakutik (PK), Rafael Lucero, dijo que ellos (también) están a la espera del diálogo; añadió que «haya anuncios y anuncios, pero que no se concreta nada». Indicó que al interior de la bancada están analizando la propuesta de Ley para poder hacer aportes desde la visión  que tiene el movimiento.

«En la Asamblea hay varias opiniones sobre el proyecto, pero está claro, y creo que para el Presidente Lasso también está claro, que ese proyecto vulnera derechos; es inconstitucional. Queremos que la Unidad de Técnica Legislativa, encargada de analizar el contenido de la Ley, presente el informe que pasará al CAL con sus conclusiones”, aseveró.

En tanto, el CAL, que se reunió hoy en Ibarra, no tenía previsto tratar el proyecto del Ejecutivo, por lo que aún no es calificado. (RR)

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Conformación del CAL dificulta calificación de Ley de Oportunidades

El presidente Guillermo Lasso anunció, en cadena, el contenido de la Ley de Oportunidades.

El primer obstáculo será sortear la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL).  El Gobierno tiene minoría en el organismo.

El proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, que se presentó hoy, viernes 24 de septiembre de 2021, en la Asamblea con el carácter de urgente, deberá sortear varios obstáculos al interior del Legislativo. El primero es su calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo encargado de establecer si la propuesta cumple con los requisitos de Ley previo a que pase a una de las comisiones especializadas permanentes.

El organismo administrativo deberá revisar, por ejemplo, que el proyecto de Ley se refiera a una sola materia, con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva Ley se derogarían o se reformarían. «Si el  proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará», reza el  artículo 135 de la Constitución.

Justamente este primer requisito es el que está siendo cuestionado por sectores políticos, que adelantan que el proyecto es inconstitucional porque la propuesta se referiría a varias materias; esto es, tributaria, laboral e inversiones, entre otras.

Pero no es el único problema que afrontará en el CAL. También está su conformación. Hay dos asambleístas de Pachakutik (Pk): Guadalupe Llori y Darwin Pereira; dos  independientes: Javier Saquicela y Bella Jiménez; está Johanna Moreira, de Izquierda Democrática (ID); Ronny Aleaga, de Unión por la Esperanza (UNES), y solo Nathalie Arias, de CREO.

Esto generaría problemas al Ejecutivo para obtener los votos necesarios puesto que el movimiento Pachakutik, se ha distanciado del acuerdo que hizo con CREO a inicios del periodo. Tanto la dirigencia de la agrupación política, así como los asambleístas han mostrado su desacuerdo con la política económica y laboral que ha anunciado el Gobierno.

El asambleísta José Chimbo (PK), por ejemplo, dijo que no están de acuerdo con el proyecto del Gobierno, el cual -a su juicio- crea impuestos y tienen visos de inconstitucionalidad.

En tanto, que desde Unes (un representante en el CAL) adelantaron que el proyecto de Ley tiene visos de inconstitucionalidad, por lo que ven con dificultad que el tema pase en el CAL.

El asambleísta de ese bloque Juan Cristóbal Lloret señaló: «La propia Constitución habla de la especificidad de la Ley; no se puede poner diversos temas y en la propuesta se ven temas laborales, tributarios, inversión, económico; eso es contrario a lo que establece la Constitución”.

Lloret asegura que esa no sería la única inconstitucionalidad del proyecto. Dice que otro punto controversial es la pretensión -a su juicio- de establecer dos códigos de trabajo. Bajo este modelo, los trabajadores regidos por el actual código, que representan apenas el 30% de la Población Económicamente Activa (PEA), seguirán con las reglas anteriores. Y el 70% restante, quienes aspiran a un empleo adecuado, tendrían derechos distintos.

«No se puede pensar en un país que tenga ciudadanos de primera con más derechos y ciudadanos de segunda, con menos derechos; eso es inconstitucional porque es discriminatorio», afirmó Lloret.

En la Izquierda Democrática (ID) son más cautos. El jefe de bloque, Alejandro Jaramillo, dijo que quieren tener el proyecto de Ley en sus manos para hacer una revisión completa de su contenido; sin embargo, dijo que del anuncio que hizo el Presidente Lasso en la cadena nacional, hay aspectos que estarían en contra de la normativa constitucional, como es el hecho de que la propuesta verse sobre varios temas.

El legislador señaló que es necesario que el CAL, en donde tienen su delegada, revise a profundidad estos temas. “Hay que observar que el proyecto cumpla de manera clara con lo que dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Posición del Ejecutivo

Sin embargo, el proyecto de Ley de Oportunidades intenta despejar las dudas sobre su constitucionalidad. Así cita jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia: «una concepción estricta del principio de unidad de la materia no es constitucionalmente adecuada». Y plantea que puede existir cierta conexión entre las materias siempre que estén relacionadas al espíritu de la ley que se presenta.

Además, cita un precedente de 2014 cuando el correísmo presentó una ley con carácter de económico urgente y con ello derogó 31 leyes de diversa naturaleza para -en teoría- poner en orden el sistema financiero. Por ello -se añade en el proyecto– este cumple con el principio de unidad de la materia porque tiene como objetivo la reactivación económica del país, que permita la creación de empleos de calidad mediante la atracción de inversiones. (RR)

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Presupuesto 2021 puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley

El anuncio de las bancadas de UNES, PSC y PK a la Proforma hace improbable su aprobación.

La aprobación de la Proforma presupuestaria requiere 70 votos. UNES, PK y PSC anunciaron que no votarán por la propuesta del Ejecutivo.

Para este jueves 16 de septiembre, desde las 10:00, está previsto que el pleno de la Asamblea Nacional conozca y resuelva sobre la Proforma Presupuestaria Anual para el periodo fiscal 2021 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2021-2024, presentadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Según las cifras entregadas por el Ministerio de Finanzas, el monto de la Proforma del PGE 2021 es de $32.948,64 millones, la misma que contempla la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), que representa una disminución de $2.549,78 millones (2,45 % del PIB) comparada con el presupuesto inicial de 2020. La CFDD será de $4.205,71 millones; es decir, $1.003,87 millones más que la de 2020.

La propuesta del Ejecutivo no ha caído bien entre los asambleístas de diferentes bancadas políticas, razón por la cual no se descarta que el presupuesto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, toda vez que para su aprobación se necesitan de 70 votos afirmativos, lo que hasta el momento el Gobierno no ha conseguido.

Tanto las bancadas de la Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) –exaliados- y Pachakutik (PK) han anunciado su decisión de no aprobar la Proforma presentado por el Ejecutivo. Varios son los argumentos; el socialcristianos por no estar de acuerdo  con los conceptos y metas que ha expuesto el Gobierno, mientras que PK y UNES por la reducción en las asignaciones tanto para educación, salud y la seguridad social.

Entre las tres agrupaciones políticas suman 86 asambleístas con lo que el Ejecutivo no lograría la aprobación porque solo contarían con 51 votos de los bloque de CREO e Izquierda Democrática y algunos independientes. De conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa  (LOFL), el pleno de la Legislatura tiene hasta el 21 de septiembre para pronunciarse. (RR)

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Unes confirma su voto a favor del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es acusado de incumplimiento de funciones por la Asamblea.

Bloques como Pachakutik y el socialcristianismo dicen que esperarán escuchar los argumentos para tomar una decisión final sobre el juicio político a Freddy Carrión.

A menos de 24 horas de que el Pleno de la Asamblea se instale para resolver la suerte del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en el Parlamento se cuentan los votos para ver si se logra o no la censura del funcionario. La decisión requiere de 70 votos favorables.

La posiciones asumidas por el bloque de Unión por la Esperanza (Unes), conformado por 48 asambleístas, y Pachakutik (Pk), con 24 integrantes, generan dudas de que existan los votos para censurar y destituir a Carrión.

El funcionario se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo, investigado por supuesto abuso sexual, infracción en la que habría incurrido en mayo pasado, durante una reunión que se desarrolló en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí.

El asambleísta de Unes Juan Cristóbal Lloret confirmó que esta bancada no votará por la censura de Carrión, al considerar que no existen los elementos de juicio suficientes que configuren la infracción de incumplimiento de funciones, que es la única causal por la que el funcionario puede ser enjuiciado políticamente.

“Nosotros hemos expuesto ya en la Comisión de Fiscalización, que durante la sustentación no se ha podido configurar lo que sería el incumplimiento de funciones; por el contrario, nos quedan algunas dudas en el proceder, incluso en el ámbito jurisdiccional. Además, surgen cosas nuevas y algunas contradicciones”, aseguró el legislador

Entre tanto, desde el bloque de Pachakutik no se ha adoptado una decisión final, aunque sus miembros hacen notar que tras las manifestaciones de octubre de 2019, Carrión elaboró un informe en favor del sector indígena, y consideran que el juicio político y las acciones ante la justicia podrían ser una retaliación a ese informe en contra del Gobierno del expresidente Lenin Moreno, y de la exministra María Paula Romo, acusados de uso excesivo de la fuerza.

Así lo sostuvo el asambleísta del movimiento Joel Abad; sin embargo, el propio Abad dijo que una decisión final se la tomará luego de escuchar el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización y la presentación de las pruebas de cargo y de descargo que ocurra durante la interpelación.

“Como el Defensor del Pueblo hizo una denuncia en contra del Gobierno de Moreno y de la exministra Romo, presumo que es una retaliación o una acción en contra del Defensor del Pueblo, y que a eso se sume un abandono de funciones, que yo creo que no hay”, aseveró el asambleísta, al tiempo de reiterar que Pachakutik adoptará un decisión luego de escuchar a las partes.

Para quienes sí está claro que ha existido incumplimiento de funciones por parte de Carrión es para los asambleístas de Izquierda Democrática (ID). Así lo sostuvo la legisladora Wilma Andrade, quien considera que existe los méritos suficientes para que la Asamblea censure y destituya al Defensor del Pueblo.

Para la asambleísta ha habido pronunciamientos anticipados por parte de sus colegas de Unes y PK. Andrade considera que podrán alcanzar los votos con el apoyo del bloque oficialista CREO, que tienen 25 legisladores, y aún esperan la decisión del Partido Social Cristiano (PSC) y de algunos independientes.

“Yo sí creo que hay que esperar a lo que suceda mañana, cuando se escuchen las pruebas de cargo y de descargo, y sobre la base de esto, ahí recién deberían pronunciarse los bloques”, afirmó.

De su parte, el asambleísta del PSC Esteban Torres es del criterio que existen las causales para una censura a Carrión; sin embargo, sostuvo que se debe ser respetuosos de la Ley y escuchar a las partes para tomar una decisión. Aseguró que escucharán a las pruebas de cargo y de descargo y se pronunciarán. La bancada socialcristiana está conformada por 14 legisladores. (RRG)

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Asambleísta renuncia a UNES

POLÍTICA. Vanessa Freire renunció al partido el 25 de julio.

Babahoyo • La asambleísta Vanessa Freire mencionó a través de una carta pública, su salida del movimiento Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, porque supuestamente no se respetaban los procesos democráticos.

Ante esto, el expresidente Rafael Correa, le contestó que la decisión de la asambleísta no es más que otro caso de vanidad y ambiciones desmedida. “Nunca superaste que por tu baja popularidad no encabezaras Los Ríos, o no controlar CS5”, se lee en el post de Correa.

Mientras tanto, Freire responde que estas palabras sólo están llenas de odio, y que no le da el derecho a faltarle el respeto, sólo porque no comparte su criterio.

Que su renuncia habría sido porque se ha excluido a sus compañeros de toda participación y se ha elegido al grupo más cercano de la revolución.

En el documento que publicó en redes sociales detalla que el movimiento en el cual se inició, ya no es el mismo. “Se habla de su reestructuración ideológica, filosófica, principios, cambio de colores,  logo y nombre”.

Adujo que fue la única que luchó por el movimiento, cuando lo querían eliminar. La bancada de Unión Nacional por la Esperanza (UNES), también se pronunció. En un comunicado, expuso que rechazan categóricamente cualquier insinuación sobre las transparencia de los procesos democráticos internos.(CCV)

TOME NOTA
Con la renuncia del Asambleísta del Guayas Francisco León y Vanessa Freire en Los Ríos, el bloque UNES se queda con 47  legisladores.

Acuerdos de la nueva Asamblea generan rupturas

En la Asamblea los bloques son: UNES (49 asambleístas), Pachakutik (25), Izquierda Democrática (18), PSC (16), CREO (12), independientes (17).

Desde las 10:00 se empezarán a confirmar los pactos alcanzados por las bancadas legislativas.

A pocos minutos de la instalación de la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021- 2025, continúan las reacciones alrededor del pacto al que habrían llegado el movimiento UNES, Partido Social Cristiano (PSC) y el bloque de independientes.

Luis Fernando Torres, asambleísta del PSC, en su cuenta de Twitter, aseguró que el nombre de Henry Kronfle es el más opcionado para nuevo presidente de la Asamblea, con el apoyo de 70 legisladores. Los votos vendrían de las bancadas de UNES, PSC e independientes.

El movimiento Pachakutik, por otra parte, aspiraba a quedarse con la presidencia con el nombre de Salvador Quishpe. Sin embargo, esto se fue desvaneciendo con el pasar de las horas e incluso llevó a Quishpe a decir que está «dispuesto a declinar su candidatura» para «no convertirse en un obstáculo» en la elección de las nuevas autoridades.

Lourdes Tibán, exsambleísta del movimiento indígena, dijo en su cuenta de Twitter que «Pachakutik debe oficializar su candidatura». El apoyo sería sólo de 45 votos alcanzados, tras la alianza con la Izquierda Democrática (ID). «Si alguien se suma, bienvenidos, pero sin chantajes ni pactos«, enfatizó.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la ID, evidenciaron que el apoyo del movimiento oficialista CREO era para el PSC y UNES. «Ojalá no exista de por medio impunidad, perdón y olvido».

La creación de una Comisión de la Verdad es el punto dirimente entre asambleístas que no comparten que un pacto se haga efectivo.

César Rohón, del PSC, dejó sentado públicamente su inconformidad y anunció una posible separación de esta bancada si se rectifica el acuerdo con los correístas.

Las desavenencias llegan hasta las afueras de la Asamblea. Juan Carlos Holguín, parte del equipo de transición de Guillermo Lasso, también daría un paso al costado y no sería parte del Gobierno de CREO si se dan estos acuerdos. (AS)

Posible alianza entre Lasso y el correísmo en la Asamblea

La primera sesión del cuarto período de la Asamblea Nacional será este 14 de mayo, en plena pandemia. Por eso, los curules fueron adaptados para respetar el distanciamiento. Foto API / Daniel Molineros

Alianzas de ultima hora en la Asamblea, buscan el control del Poder Legislativo, un día antes del inicio de su cuarto período.

La Asamblea Nacional empieza este 14 de mayo una nueva legislatura bajo una fuerte fragmentación que no facilitará las cosas al futuro presidente Guillermo Lasso, quien podría haber llegado a un acuerdo momentáneo con el correísmo para salir de sus apuros.

Y es que a falta de un anuncio oficial, la legislatura parece comenzar con una suerte de tregua en la que la correísta Unión por la Esperanza (UNES) podría dar este viernes su apoyo al bloque que forman los conservadores Creando Oportunidades (CREO), de Lasso, y sus aliados del Partido Socialcristiano (PSC).

Ello permitiría, como inicio, que el presidente del Poder Legislativo sea de este último partido, para más adelante sacar adelante algunas leyes cruciales.

Balón de oxígeno

Una extraña alianza que el politólogo César Ulloa justifica en el hecho de que Lasso necesita un balón de oxígeno para al menos su primer año de Gobierno y que, a la vez, otorga una victoria política a UNES después de la derrota de su candidato Andrés Arauz en el balotaje del 11 de abril.

«El gran jugador es UNES, esto le permite maniobrar desde la función más importante del Estado, que es la Asamblea, y mantener como prisionero al presidente de la República», dijo.

Deserciones de última hora

La composición de la actual legislatura salió de las elecciones generales del 7 de febrero, en la que UNES obtuvo 49 escaños, el grupo parlamentario más numeroso.

Le siguen por este orden el movimiento indígena Pachakutik, con 26 (originalmente 27, pero el asambleísta Omar Cevallos abandonó sus filas); Izquierda Democrática y PSC, con 18 cada uno, y CREO, con 12.

A ellos se agregan catorce escaños independientes hasta los 137 que conformarán la cámara, que por primera vez desde 2007 parte sin una mayoría clara porque todo este tiempo el correísmo había tenido inicialmente su control.

Los números lucen estables, pero las alianzas de última hora ponen a tambalear las filas de la militancia. En caso de concretarse un alianza entre el oficialismo y los correístas, el PSC el segundo que reste integrantes.

César Rohon, asambleísta por la provincia del Guayas, expresó su inconformidad con los términos de una posible alianza entre el PSC y UNES. “No puede haber una Comisión de la Verdad”, dijo. “Los indultos y las amnistías están prohibidos por el marco legal ecuatoriano”.

Lasso y el correísmo han estado enfrentados desde la misma fundación de CREO en 2012, un rivalidad que se ha manifestado con fuerza en las elecciones de 2013, 2017 (denunció fraude para que ganara Lenín Moreno) y 2021.

Pero en el fondo tienen cosas en común: «Son partidos conservadores, no son progresistas en derechos de cuarta generación», comenta César Ulloa. Eso sí, «muy distintos en cuanto a la concepción económica del estado», por lo que el académico cree que las tres partes podrían llegar a algún tipo de acuerdo en esta materia para permitir la gobernabilidad el primer año.

Preguntado sobre cómo suman fuerzas quienes hasta el 11 de abril eran acérrimos enemigos, Ulloa considera que el presidente electo sufre «el dilema del prisionero», el de que «está atado a una asamblea» con la que no puede gobernar.

«En su desespero de tener cierta gobernabilidad, por lo menos en el primer año, ha tenido que acordar con su enemigo histórico», dijo.

¿Revisión judicial?

Esa alianza sería más frágil en torno a las demandas de reforma que el FMI hizo a Ecuador el año pasado para abrirle una línea de crédito de 6.500 millones de dólares (en 2020 le adelantó 4.000 millones), pero aun así Ulloa sostiene que no es tan blanco o negro pues todos «tienen claro que Ecuador no tiene plata y que debe llegar de los multilaterales».

Su preocupación pasa más por la posibilidad de que Lasso haya aceptado algún tipo de revisión de procesos judiciales contra líderes correístas estos últimos cuatro años.

«Se hablaba en algunos círculos de comisiones de la verdad, de desempolvar acciones judiciales, lo que a mi modo de ver violaría la autonomía de la función judicial», sentencia.

La aparente distensión política comenzó la misma noche de su victoria, cuando Arauz y el expresidente Correa aceptaron la derrota en un inusual tono conciliador para el país.

«Suerte a Guillermo Lasso, su éxito será el de Ecuador. Solo le pido que cese el lawfare (persecución judicial), que destruye vidas y familias», escribió Correa.

Lasso, que asumirá la Presidencia el 24 de mayo, recogió el guante un día después y aseguró que no llega al Gobierno con listas de perseguidos.

El pacto en ciernes, cuya estabilidad empezará a comprobarse este viernes, ha sido visto con recelo por Pachakutik, que aspiraba a tener la Presidencia de la Asamblea, y más aún, desde afuera, como por ejemplo el expolítico Fernando Balda, que en 2018 llevó a Correa al banquillo de los acusados por su breve secuestro en Colombia.

«La alianza PSC-CREO-UNES, Nebot-Lasso-Correa, ha sido develada. Ya es un acto consumado que causa la indignación incluso de los que apoyaron con toda su gestión y prestigio a Lasso. Nosotros no caímos en la trampa», escribió en redes.

Para Lasso sin embargo, la conciliación entra dentro de su promesa electoral de un nuevo «Ecuador del encuentro», y desde luego de poder gobernar.  (LGP/EFE)