La nueva mayoría socialcristiana, correista y con parte de Pachakutik busca sacar de la presidencia a Llori. El tiempo se agota para la Ley de Inversiones.
La Asamblea Nacional lleva 11 días enfrascada en una pugna de poder y sin lograr retomar las sesiones del Pleno para tramitar proyectos de Ley.
Esa pugna estalló el pasado 24 de febrero de 2022. Aquel día, la presidenta del legislativo, Guadalupe Llori, suspendió la sesión de pleno No 766, en medio de los gritos de miembros de Unión por la Esperanza (UNES), algunos del Partido Social Cristiano (PSC) y los disidentes del Pachakutik.
Esa nueva mayoría intentó cambiar el orden del día para votar la conformación de una Comisión Multipartidista que analice el trabajo del Consejo de Administración de la Asamblea (CAL). Con este procedimiento, se puede llegar hasta la destitución de la presidenta del Legislativo.
La sesión suspendida se intentó reanudar, de manera virtual, el 26 de febrero de 2022. Sin embargo, no hubo quórum porque no se conectaron los 70 asambleístas del bloque de oposición correísta, socialcristiano y parte de Pachakutik.
“Con la estrategia de sembrar la confusión y el caos en la Asamblea se busca controlarla para imponer un Consejo de Participación Ciudadana que nombre contralor, procurador, fiscal, autoridades electorales. Esa es la razón que se oculta detrás de todos los acontecimientos que se viven”, señaló Llori en un discurso emitido el martes 1 de febrero de 2022.
Un ultimátum está sobre la mesa
El legislador socialcristiano Esteban Torres aseguró que no tienen lógica las declaraciones de Llori.
“En caso de que sean censurados los miembros del CPCCS se los reemplaza con los suplentes de los cuales quedan dos porque el resto han sido ya utilizados. Los demás se llenan con los más votados de esa elección; ¿hay ahí socialcristianos? No”, dijo.
Durante la última semana, la presidenta del Legislativo no ha convocado a sesiones del Pleno, lo que impidió que la nueva mayoría intente mocionar nuevamente la creación de la comisión multipartidista de evaluación.
En este escenario, UNES, PSC, y el grupo de Pachakutik cercano a Leonidas Iza, lanzaron una advertencia: Que se convocarán por su cuenta a sesiones plenarias.
Si hasta el martes 8 de marzo de 2022 la presidenta no convoca a reunión del Pleno, los dirigentes de UNES, Marcela Holguín, y del PSC, Esteban Torres, señalaron que empujarán una auto convocatoria para reinstalar la sesión 795, donde fue apelada la dirección de Llori y tramitar la conformación de una comisión evaluadora del CAL.
La titular de la Asamblea convocó a los legisladores a una nueva sesión no para el martes, sino para el miércoles 9 de marzo. El orden del día planteado establece recibir al Ministro de Agricultura, Pedro Álava; elaborar un informe sobre el veto parcial del presidente Lasso al proyecto de ley de interés social; tratar el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural y tratar el informe de amnistías.
Aún no se sabe la reacción de las bancadas opuestas a Llori. Sin embargo, para que una auto convocatoria tenga validez, se deben recoger 91 firmas de adhesión; pero la nueva mayoría solo tiene aseguradas 70.
El legislador oficialista Juan Fernando Flores (CREO) puntualizó que la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) no se prestará para ello, y se respetarán las convocatorias que establezca la presidenta Llori.
Además, advirtió que se aplicarán sanciones para aquellos legisladores que no dieron quórum el sábado 26 de febrero, así como a aquellos asambleístas que, “muy valientes y fervorosos, gritaron, empujaron e insultaron”.
“No se dejen engañar, los mismos de siempre quieren perturbar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, los mismos de siempre son los que no permiten que esta Asamblea avance y trabaje”, afirmó.
¿Al Gobierno le conviene el caos en la Asamblea?
El asambleísta Darwin Pereira, que pertenece al grupo de disidentes de Pachakutik, aseveró que el actual escenario de conflicto puede ser la mejor cortina para que pase sin cambios el proyecto de ley urgente en materia económica sobre inversiones.
Al Legislativo le quedan menos de 20 días para tramitar el documento en dos debates dentro del Pleno. Desde el 2 de marzo de 2022, la Comisión de Desarrollo Económico comenzó a trabajar en el primer informe sobre la iniciativa.
Pereira afirmó que la única salida a la crisis de la Asamblea es la auto convocatoria, porque se corre el riesgo de que Llori convoque y suspenda la sesión aduciendo falta de garantías y a la final impida tratar los temas.
“Una Asamblea estancada le conviene al Gobierno, porque neutraliza a la oposición y no hay reuniones en el Pleno”, recalcó.
El jefe de bancada de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, aseguró que no respaldarán intereses desestabilizadores y una agenda particular que busca el caos en el país. En este sentido, se mostró partidario a que se conforme una mesa de diálogo entre todos los sectores políticos.
Por su parte, Marcela Holguín, coordinadora de UNES, insistió en que la presidenta de la Asamblea debe convocar a los legisladores a trabajar en el Pleno y que además debe mostrar transparencia en su accionar y permitir la conformación de una comisión ad hoc para una evaluación a los integrantes del CAL. Añadió que este proceso no necesariamente debe concluir en el cese de las autoridades.
Si la estrategia del Gobierno es evitar que se modifiquen los textos del proyecto de ley urgente de inversiones, añadió Holguín, la bancada de UNES no lo permitirá, porque si bien se vence el plazo el 24 de marzo, la bancada trabaja en un pliego de modificaciones.
“No vamos a permitir que esto pase por el ministerio de la ley y exigiremos a la presidenta que convoque a las sesiones plenarias”, afirmó.
Todas estas pugnas se desarrollan en un ambiente social en donde la Asamblea es una de las instituciones públicas peor evaluadas por la ciudadanía. Cada legislador y su equipo cuesta alrededor de $13.000 mensuales, pero en nueve mese en funciones han aprobado más del doble resoluciones (sin ningún peso jurídico) que leyes. (JS)