Fraudulenta sentencia en contra del Municipio de Loja

SITUACIÓN. Municipio de Loja busca firma jurídica para defenderse de la empresa safety.

La empresa Safety le ganó el juicio al Municipio de Loja y este debe pagar 12 millones de dólares. La municipalidad busca defenderse.

La empresa Safety demandó al Municipio de Loja por incumplimiento del contrato de fotomultas, firmado en el 2015 en la administración del exalcalde José Bolívar Castillo. La empresa presentó una Acción de Protección en el cantón Quevedo y la jueza de esa jurisdicción resolvió, hace unas semanas, que la municipalidad debe cancelar 12 millones de dólares por incumplimiento del contrato.

Ernesto Alvear, secretario general del Municipio de Loja, manifestó que en realidad hace algunos días una jueza del cantón Quevedo aceptó la Acción de Protección interpuesta por la empresa Safety a su favor, disponiéndole a la municipalidad el pago de 12 millones de dólares. “Es un valor escandaloso que afectaría gravemente a garantizar los servicios públicos, que, por competencia exclusiva de la constitución, tiene que asumir el Municipio”, dijo.

Indicó que la sentencia es ilegal, “el sorteo es fraudulento porque el dictamen sale de una jueza de Quevedo. Ante esto, la autoridad municipal ha dispuesto el inicio de un proceso público de contratación de un estudio jurídico nacional que cuente con requisitos de solvencia para que se encargue de la defensa de este juicio”, reveló.

Indicó que el proceso está en la fase precontractual, no se conoce qué firma jurídica ganará, porque el proceso es público. El pago a la defensa jurídica sería de 60 mil dólares, con una cláusula que señala que en caso de que la sentencia sea favorable para el Municipio, deberán pagar 180 mil dólares. “Mientras eso ocurre, ya iniciamos con las quejas al Consejo de la Judicatura para que proceda a sancionar a la jueza de la provincia de Los Ríos”.

Darío Loja, concejal del cantón, mencionó que las acciones realizadas de una manera inadecuada, por parte de la administración municipal en el 2015, al final van pasando factura, “más aún cuando existen empresas poderosas como Safety que busca perjudicar al Municipio de Loja”. “Lo inaudito es que la empresa no plantea la Acción de Protección en Loja, ni tampoco donde está domiciliada, en Quito, sino en Quevedo, un cantón distinto a donde se vivió el problema como tal. También podemos decir que hubo un ‘descuido’ por parte de la defensa del Municipio, porque esto se dio en octubre de 2021, y no se defendieron”, resaltó.

La Acción de Protección fue planteada el 11 de octubre de 2021, el 18 se realizó la audiencia y allí la Jueza resolvió que, por la seguridad jurídica, por la violación del derecho al trabajo, entre otros, el Municipio en el plazo de ocho días debe cancelar 11 millones 746 mil dólares. La próxima audiencia será el 2 de diciembre de 2021. “Nosotros haremos todo el seguimiento para que este proceso no perjudique a los lojanos, y más bien que el proceso judicial se resuelva en derecho”, destacó.

EL DATO

Municipio de Loja obligado a cancelar cerca de 12 millones a la empresa Safety.

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Duragas recibe permiso para importar combustible

La producción nacional de GLP cubre el 32% de la demanda y el resto tiene que importarse.

La empresa, la segunda en obtener autorización, importará directamente hasta 60.000 toneladas métricas de gas, las que se destinarán al sector industrial. 

En los últimos dos días, el Gobierno de Guillermo Lasso ha firmado dos contratos para que empresas privadas asuman la importación de combustibles.

Este 23 de noviembre 2021, Duragas se comprometió a traer entre 50.000 y 60.000 toneladas métricas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al año. Ese GLP será vendido al sector industrial del país.

Pablo Luna, gerente Petroecuador, explicó que la estatal ecuatoriana alquilará a Duragas la infraestructura del gasoducto de Monteverde- Chorrillos y los terminales.

“El valor por el retiro del producto en los terminales Monteverde será de $34,09 por tonelada métrica y en Chorrillo de $60,99″, aseguró el funcionario.

Además, enfatizó que como parte de los términos y condiciones del contrato, el propano y butano importados serán recibidos por la empresa pública y se validará la calidad de estos productos.

En términos normales, la producción nacional de GLP apenas cubre el 32% de la demanda en el país, por lo que el resto ha tenido que importarse con costo para el Estado.

Ahora, ese costo lo asumirán, al menos en parte, los privados; lo que significa un ahorro para la caja fiscal.

La meta es liberalizar el mercado

Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, recalcó que el Gobierno considera que es el momento de liberalizar el mercado de combustibles.

«La firma de contratos da una señal importante sobre lo que se ha propuesto el Gobierno en cuanto a la comercialización de combustibles en el país. El rol de la empresa privada será cada vez más importante y su participación de mercado será mayor», aseguró

Bermeo espera que el cambio se empiece a sentir con fuerza desde enero 2022. Asimismo, puntualizó que los privados deben apuntar incluso más alto y pensar en traer nuevos productos de mejor calidad al país.

«Les invito a pensar más grande, El país necesita otras modalidades de gas, otros tipos de gas para abastecer el mercado y las necesidades propias de la población», afirmó.

Pablo Solorzano, gerente de Duragas, dijo que los contratos que se están firmando son un «buen inicio»; y evidencian la clara intención del Gobierno de dejar atrás el monopolio de Petroecuador. (JS)

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Primer contrato de importación privada de combustibles

El ministro de Energía y el representante de la empresa privada firmaron un contrato por 15 años.

Con esto se da el primer paso concreto para terminar con el monopolio de Petroecuador en el mercado de combustibles nacional.

Corpetrolsa será la primer empresa privada que realizará una importación de combustibles para comercializarlos en el mercado ecuatoriano. Esa empresa le pagará una tarifa a Petroecuador por el uso de la infraestructura de almacenaje, transporte y despacho de combustible.

Este 22 de noviembre 2021, Corpetrolsa y la petrolera estatal firmaron un contrato por un plazo de 15 años. Así, por el pago de $0,027665 por galón, el inversionista tendrá acceso a los terminales marítimos, los gasoductos, los poliductos, las refinerías y los tanques de almacenamiento.

“Felicitaciones por la decisión que han tomado de intervenir en el mercado de combustibles como importadores, pero más que nada por la valentía de entrar a un mercado que hasta hoy ha sido monopólico por parte de Petroecuador”, dijo el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, quien participó en la firma del contrato.

Es la primera vez que Petroecuador suscribe un contrato de estas características, luego de que el decreto ejecutivo 1158 liberara la importación de combustibles para el sector privado.

El pasado 8 de noviembre 2021, Corpetrolsa y otras tres empresas fueron autorizadas para hacerle competencia a la petrolera estatal.

El ministro Bermeo aseguró que se espera que se concreten otros contratos para la para que “arranquemos 2022 con un mercado del sector privado debidamente estructurado”.

Sin embargo, las autoridades no han dado detalles de qué tipo de combustibles serán comprados y comercializados en el mercado nacional. Según la normativa vigente, los precios de venta deben ser los establecidos vía decreto ejecutivo en el caso de la gasolina extra y diésel.

El gas natural, para uso industrial, ya está liberalizado hace años y podrá ser comercializado a precios de mercado para sectores como el de la cerámica en Cuenca. Esos sectores han sufrido los problemas de abastecimiento ante la poca producción de Petroecuador.

El sector industrial paga combustibles a precios sin subsidio; y ha logrado absorber los mayores costos sin pedir ayudas al Estado. Por otro lado, transportistas y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), exigen al Gobierno que se siga subsidiando las gasolinas; esto a pesar del alto costo que representa esa medida. (JS)

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Proveedor de la Asamblea demandará a quienes denunciaron contrato

Las autoridades administrativas de la Asamblea defendieron el contrato el 20 de septiembre 2021

El proveedor aclaró que no es un contrato para alimentación de los asambleístas, sino para eventos especiales y protocolarios. Dice que no hay irregularidades. 

Fredy Neptalí Godoy Proaño, quien ganó el contrato para proveer el servicio de logística de los eventos especiales y protocolarios de la Asamblea, aseguró que se ha visto involucrado en una «cacería de brujas sin ton ni son».

El empresario, quien afirma tener más de 25 años sirviendo al sector público, señaló que se ha manchado su nombre, el de su familia y su negocio por «una cuestión de la señora (Guadalupe Llori) que tiene sus enemigos políticos.

«En mi vida he tenido problemas. Contraloría me ha auditado todos los contratos mayores a $20.000. En todo he salido avante porque no he tenido nada ilícito ni me han hecho ninguna observación», aseguró.

Godoy puntualizó que están acopiando toda las evidencias, incluyendo capturas de pantalla, para iniciar las demandas y las acciones legales pertinentes contra todas las personas que -aseguró- le han causado perjuicio con informaciones falsas.

«Son algunos los que iniciaron esta cacería de brujas. Yo quiero fundamentarme de todos. He guardado las capturas y van a verse con la justicia. Porque no puede ir así nomas las cosas», acotó.

Aseguran que no hay sobreprecio

Jenny Díaz, esposa de Godoy, aseguró en referencia a la nota de este este diario publicada el 22 de septiembre 2021, que no existe ningún tipo de sobreprecio en el contrato adjudicado.

Puntualizó que los precios referenciales se basaron en un estudio de mercado donde cotizaron cuatro empresas diferentes.

Díaz explicó que dentro de los valores de los desayunos, almuerzos o cenas no solo está el costo de los alimentos, sino también servicio, estándares de calidad, mesas, sillas, manteles, carpas, meseros, transporte, logística, entre otros.

«El servicio que se está ofreciendo no son desayunos, almuerzos o cenas típicas a las que todos estamos acostumbrados, sino comidas especiales para invitados de otros países, autoridades de alto rango de parlamentos o de otro tipo, embajadores», dijo.

En este sentido, no es un contrato de catering o solo de alimentación, sino de servicios de logística para eventos especiales y protocolarios, con una duración de un año.

Díaz lamentó que sean víctimas de una campaña de desinformación («brutal») porque los servicios no son para la diaria alimentación de los asambleístas ecuatorianos.

«Este tipo de contratos no es para el servicio de los asambleístas ni del personal de la Asamblea. No es verdad, por ahí vi una nota que dice que con $142 come un asambleísta diariamente. Que desinformación más terrible. El contrato no es para eso», aclaró.

No recibieron $100.000

Diaz comentó que el contrato se firmó el 10 de septiembre de 2021, pero aclaró que no recibieron en ese momento los $100.000.

Ese monto es el límite establecido para la provisión del servicio, pero los pagos se dan contra entrega.

«El Estado me paga después de tres o cuatro meses. De eso no hablan. Pero sí dicen que ya tengo $100.000 en el bolsillo. Hemos sido victimas de un ataque terrible por la desinformación», añadió.

Godoy señala que en 2019 ganó la provisión de logística para eventos especiales en la Asamblea. Ese contrato se cerró un saldo de $4.000, y ya fue auditado por Contraloría sin ninguna novedad.

«Ni siquiera conozco a la gente de la Asamblea. Yo participo y gano por mi experiencia y servicios. Tengo una empresa desarrollada y lista. Por eso gano los concursos, no porque me regalen», afirmó Godoy.

Por su parte, Díaz explicó que están tranquilos porque todos los procesos que se han adjudicado son abiertos y públicos.

Así, por ejemplo, aseguró que en la nota de este Diario se comete una imprecisión porque el contrato firmado en 2017 no era para la provisión de alimentos, sino para el servicio de amplificación profesional para la feria cultural de Pedro Moncayo. La subasta se ganó con una oferta de $16.000.

«Nuestro fuerte es la organización de eventos, actividades, posicionamiento, marketing. No competimos por servicios de alimentación», concluyó. (JS)

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Francia tensa relación con EE.UU. por contrato de submarinos

El presidente francés ha elevado la tensión con Washington de una manera nunca vista.

París llamó a consulta a sus embajadores en EE.UU. y Australia, luego de que el segundo país rescindiera un acuerdo de compra de submarinos franceses.

La ruptura del contrato de venta de submarinos franceses a Australia, sustituido por Estados Unidos, ha generado profundas heridas en Francia, donde se habla de «traición» y se apela a revisar las alianzas. Un malestar expresado con el llamamiento a consultas de sus embajadores en Washington y Camberra.

El presidente galo, Emmanuel Macron, ha tomado una medida inédita, ya que París nunca había llevado tan alta la tensión diplomática con Estados Unidos, ni durante la guerra del Golfo de 2003, cuando Jacques Chirac se vistió el traje de pacifista, ni durante los duros años de la administración de Donald Trump.

El golpe a los intereses galos, «una puñalada por la espalda», en palabras del jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, marca también el final de la luna de miel que las autoridades francesas mantenían con el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

Francia, entusiasmada con su elección, que se traducía en un retorno de Estados Unidos al multilateralismo, descubre que en los hechos su actuación no deja de primar los intereses propios.

La ya conocida en París como «traición de los submarinos» se produce pocas semanas después de que Estados Unidos orquestara sin concertación su retirada de Afganistán o que prolongara de forma que Francia consideró arbitraria la prohibición de entrada en su territorio de ciudadanos europeos, incluso vacunados.

Poco a poco, Francia ha ido descubriendo que el encanto inicial se ha ido convirtiendo en un realismo que llevó a Le Drian a considerar que Biden se comporta como Trump.

Más allá del daño económico, el Elíseo considera que hay una pérdida de confianza con dos países amigos que puede conducir a reevaluar su concepción de alianzas.

«Comportamiento inaceptable»

«Un comportamiento así es inaceptable entre aliados», indica una fuente presidencial al diario «Le Monde».

El escozor es patente en París por la pérdida de un contrato valorado en 65.665 millones de dólares para entregar a Australia 12 submarinos de propulsión convencional.

A cambio, Camberra se dotará de submarinos nucleares estadounidenses en un acuerdo trilateral en el que también participa en el Reino Unido.

Pese a ello, París no ha llamado a consultas a su embajadora en Londres, ni ese país es citado en las declaraciones de protesta de los responsables franceses, un gesto que se interpreta como un intento de ningunear a los británicos.

Ese acuerdo, bautizado como Aukus, genera un evidente daño económico a Francia, pero también en el plano geostratégico, ya que minimiza la influencia de París en el escenario indopacífico, donde cuenta con intereses directos por sus territorios ultramarinos.

Washington, Londres y Camberra consideran el acuerdo un frente de defensa frente al expansionismo chino, mientras que París pretende desde hace años jugar una carta más tibia con Pekín, una estrategia que ahora queda desautorizada.

Pese a los intentos de que el conflicto sea elevado a nivel europeo, por ahora ningún miembro de la UE ha reaccionado en favor de París, lo que genera en el interior del país una sensación de aislamiento.

Decisión inédita

Con su decisión inédita de llamar a consultas a los embajadores en Australia y Estados Unidos, Macron lleva la tensión a su máxima expresión, al tiempo que abre una vía cuyo resultado parece incierto.

Mientras en París nadie se atreve a aventurar cuáles serán los próximos pasos de Macron, Washington y Camberra se apresuran a bajar el tono y tratar de pasar página y a considerar la reacción francesa como una pataleta.

El caso de los submarinos tiene también una lectura interna, puesto que se produce a menos de ocho meses de las presidenciales. Macron debía mostrarse firme, aunque el Elíseo sostiene que la decisión no tiene una lectura electoral y recuerda que en el pasado ya la tomó con Italia y Turquía en momentos de tensión diplomática.

La política internacional puede así entrar en el debate de campaña dominado hasta ahora por cuestiones internas. EFE

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Se firmó contrato para asfaltado de la vía Villonaco-Chuquiribamba

PROYECTO. Se firmó el contrato del asfaltado de la vía Villonaco-Taquil-Chantaco-Chuquiribamba.

Después de algunos años de espera y ofrecimientos por parte de las autoridades de turno, ayer, con presencia de representantes de las diferentes carteras de Estado y ciudadanía en general, se firmó el contrato para el asfaltado de la vía Villonaco-Taquil-Chantaco-Chuquiribamba. La obra la ejecuta la Prefectura de Loja con un monto superior a los 12 millones de dólares.

La empresa que construirá la obra de 36 kilómetros es la Constructora Oviedo Palacios “Covipal” de la ciudad de Riobamba. El proyecto a inicios estaba valorado en 13 millones 828 mil dólares, sin embargo, la empresa ganadora ofertó construir el asfaltado en 12 millones 465,607 dólares, es decir casi un millón y medio de dólares menos de lo previsto. El plazo mínimo de ejecución es de 18 meses.

Héctor Guaya, presidente del Gobierno Parroquial de Chuquiribamba, manifestó que el 31 de agosto de 2021 se convirtió en historia para la parroquia, por hacerse realidad uno de los sueños de miles de personas que habitan en las parroquias noroccidentales. “El asfaltado de la vía Villonaco-Taquil-Chantaco-Chuquiribamba, permitirá el intercambio de productos de una manera segura y ágil a los principales mercados de Loja y su provincia”, dijo.

Resaltó el aporte del Gobierno Nacional, el cual entregó 5 millones de dólares para su construcción; otros 5 millones de dólares mediante un crédito del Banco de Desarrollo del Estado, y más de 2 millones de dólares por parte de recursos directos de la Prefectura de Loja. “También solicitamos que se hagan los estudios del siguiente tramo, desde Chuquiribamba-Gualel-El Cisne-Puente de Ambocas, para unir a las provincias de Loja y El Oro”, resaltó.

Por su lado, Rafael Dávila, Prefecto de Loja, explicó que se cumplió un sueño anhelado por muchos años, el de contar con una vía en buen estado, pero la idea es también llegar a Gualel-El Cisne y Ambocas, pero poco a poco. “Siempre fuimos honestos, en el 2014 no propuse la vía porque se necesitaba de recursos y no teníamos, pero luego dijimos: vamos a trabajar por un sueño de miles de personas y hoy es una realidad”, destacó.

En el primer contrato, la empresa Diez y Diez ya construyó cerca de nueve kilómetros de vialidad, pero abandonó la obra meses anteriores. La nueva empresa trabajará en varios frentes para avanzar en los plazos establecidos. La mano de obra en su totalidad en un 95% será de pobladores de Chuquiribamba, Chantaco y Taquil, generando así la economía y bienestar de cada familia.

 

EL DATO

Los estudios de la vía costaron cerca de 276 mil dólares y la fiscalización 803 mil dólares.

TOME NOTA

El asfaltado de la vía tiene un costo de 12 millones de dólares, con un plazo de 18 meses.

Biden cancela contratos para construcción de muro fronterizo

El presidente Joe Biden apunta a reforzar la seguridad fronteriza con herramientas «inteligentes».

El Departamento de Seguridad Nacional informó que dos convenios para el establecimiento de barreras en el sector de Laredo (Texas) fueron dados de baja.

WASHINGTON. El Gobierno del presidente Joe Biden anunció la primera cancelación de contratos iniciados por su predecesor, Donald Trump (2017-2021), para la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) da por terminados dos contratos para la construcción de barreras en el sector de Laredo (Texas).

El mes pasado, el DHS publicó su plan para el uso de los fondos que el Gobierno de Trump planificaba usar en la construcción de barreras físicas (muros) a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera de EE.UU. con México.

En cumplimiento de sus promesas electorales, Trump tenía la intención de gastar unos 15.000 millones de dólares en la obra, y a fines de 2018, después de que declaró una emergencia en la frontera, transfirió a su proyecto más de 10.000 millones de dólares que el Congreso había aprobado para gastos militares.

El plan anunciado en junio por el DHS estableció las normas generales para las decisiones relacionadas con la construcción de muros fronterizas y los contratos cuya cancelación se anunció este 23 de julio cubren casi 50 kilómetros de obras.

«La construcción no ha comenzado todavía en los dos proyectos en el sector Laredo, y no ha comenzado la adquisición de terrenos», indicó el DHS.

La agencia añadió que «sigue revisando todos los otros proyectos de barreras fronterizas que se han dejado en pausa, y está en el proceso de determinar cuáles puedan ser necesarios para atender (necesidades de) la vida, la seguridad y el medioambiente».

«El Gobierno sigue pidiendo al Congreso que cancele los fondos restantes para el muro y que, en cambio, otorgue fondos para medidas de protección fronteriza más inteligentes», puntualizó. EFE

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Concejo pide a gerente de la Epmaps responder por irregularidades

En la sesión del 18 de mayo de 2021 del Concejo Metropolitano de Quito se pidió la presencia del gerente.

Una nueva polémica se vive en el Municipio de Quito, por la remoción de Juan Pablo Espinosa de la gerencia de la Epmaps. 

“No me hace mucha lógica”, dijo la concejal Luz Elena Coloma. Ella criticó la forma en cómo removieron a Juan Pablo Espinosa de sus funciones, en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

El reemplazo de Espinosa es Luis Medina, quien vuelve al cargo luego de haber renunciado en marzo del 2021.

Durante la sesión 144 del Concejo Metropolitano, el 18 de mayo de 2021, Coloma mocionó que Luis Medina explique los contratos investigados por la Procuraduría, firmados durante su primera administración.

El alcalde Jorge Yunda dijo que “los gerentes son funcionarios de libre nombramiento y remoción”, en referencia a la destitución de Espinosa.

Yunda atribuyó que el pedido de remoción fue por la pérdida de confianza hacia el funcionario. “El Alcalde no tiene ninguna situación en cuanto a precontratos, a contratos, administración de contratos”.

Por otro lado, el vicealcalde Santiago Guarderas cuestionó a Yunda por la administración de la Epmaps. “Y ahora qué le devolvió la confianza para volver a nombrar al actual gerente”, dijo. A lo que Yunda le respondió: “Al igual que con usted tenía mucha confianza, ahora ya no le tengo confianza señor concejal”.

Según Coloma, Medina antes de renunciar a su cargo en marzo de 2021, pagó cerca de $4 millones de los contratos que fueron observados por la Contraloría.

Se investigará un supuesto peculado en soterramiento

OBRA. La obra se mantiene paralizada por varios años.

Algunas diligencias se cumplen por la denuncia presentada, por supuestas ‘anomalías’ en obras de regeneración.

QUEVEDO • Se mantienen las diligencias en el proceso que se lleva a cabo por el supuesto delito de peculado. Esto debido a la obra del soterramiento y regeneración de la calle 7 de Octubre, desde la Primera a la Décima Cuarta, en el período del exalcalde Jorge Domínguez.

El monto por el que fueron contratadas dichas obras habrían sido por $2’185.761,70 el soterramiento, en el cual hubo un adelanto del $218.576,17. Mientras que el contrato de la regeneración se dio por un valor de 2’262.471,35. El anticipo fue de 1’164.675.

Ambos contratos se firmaron en la administración anterior, y hasta el momento no han sido finalizados. Además, algunas de las infraestructura que fueron mejoradas como parte del convenio, ya se están deteriorando. Por ejemplo, las bancas ornamentales de hormigón y recubiertas de plastimadera. Estas infraestructuras registran en el contrato un costo de $829,56.

Reacciones 

Por su parte, , manifestó que esperan que se pueda formular cargos, con las evidencias y elementos de convicción que existen ya dentro de este expediente. Aseguró que como parte denunciante, han seguido con el proceso, y han pedido al fiscal que se realicen varias diligencias. Informó que pidieron la pericia de la parte técnica especializada la misma que debe de ser acreditada por la Función Judicial.

Por su parte, la concejal Kerly García, manifestó que esperan que se pueda formular cargos, con las evidencias y elementos de convicción que existen ya dentro de un expediente. Aseguró que como parte denunciante, han seguido con el proceso, y han pedido a la Fiscalía que se realicen varias diligencias. Informó que pidieron la pericia de la parte técnica especializada, la misma que debe de ser acreditada por la Función Judicial.

La edil refirió que en las diligencias del mes de diciembre se dieron cuenta que los ductos que están bajo las aceras, estaban llenos de agua. Se percataron de que las aguas servidas y de las lluvias se mezclan.

“Hay varios informes que concuerdan con la teoría que manejamos. De esta manera es importante que el fiscal se pronuncie. Ya con los elementos de convicción presentados”, agregó.

Ausencia de los exconcejales

La concejala aseguró que los exconcejales tuvieron la obligación de fiscalizar a la anterior administración municipal, como lo estipula el Cootad.

“Le están debiendo al pueblo, al no ir comparecer y rendir versión de los hechos suscitado en aquellos años. Han presentado justificativos para que les ponga nueva fecha y hora”, dijo García, tras agregar que están solicitando al fiscal que a los exediles se los convoque con la fuerza pública.

PERSONAJE. La concejala asegura que ninguno de los exfuncionarios se ha presentado en la Fiscalía.

Tras la versión emitida, Diario LA HORA se comunicó vía telefónica con varios de los exfuncionarios. Logrando así hablar con la Irene Massuh, quién aseguró que ella ha sido llamada por dos ocasiones a declarar. La primera vez no pudo acudir por un tema laboral. Sin embargo, el 11 de mayo del presente año, si acudió al llamado. Pues el motivo era rendir su versión sobre el tema del soterramiento. “Me sorprende porque sabemos que las atribuciones de los concejales son legislar y fiscalizar”, explicó la exconcejala.

EXCONCEJALA. Irene Massuh asegura que si acudió al llamado de la Fiscalía.

La funcionaria y exreina de Quevedo, aseguró que le tomó por sorpresa que no hayan llamado a todos las exautoridades del periodo pasado. Que entendía que hay privilegios, haciendo referencia a que no podía dejar de aprobar los presupuestos anuales, más tomando en cuenta si eran proyectos en beneficio del cantón. “Era obvio que los iba aprobar”. No se mostró en desacuerdo con el proceso, y agregó que si hubo delitos de corrupción, que paguen los que tengan que pagar. (LRU)