Una vez que la Contraloría General del Estado estableció irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de los fotorradares, Javier Altamirano, alcalde de Ambato, decidió dar por terminado el contrato con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES).
“He decidido dar por terminado este contrato de concesión de fotorradares”, dijo Altamirano en una entrevista con Diario La Hora.
Situación contra la empresa
Según el Alcalde, se están enfrentando a una empresa donde “son capaces de llegar ante la justicia y otras instancias para tener beneficios personales en contra de la ley y la moral, enriquecerse de manera indebida, y perjudicar a la economía de todos los ambateños y ecuatorianos”.
Por lo que recalcó que este ya no es solo un problema del Municipio de Ambato contra la empresa Safety, sino también del Estado “que tiene que remar para que con sus funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Participación Ciudadana, evitemos que estos empresarios y poderes fácticos quieran hacer o deshacer”.
Ante esta situación, Altamirano hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que se unan. “En la historia de nuestra patria hemos visto como estos poderes fácticos lastimosamente se han enriquecido y perjudicado la economía de nuestra ciudadanía”, comentó.
El Alcalde de Ambato también solicitó que el presidente Guillermo Lasso conozca sobre este tema y tomar una decisión como país. “Caso contrario esta empresa se nos va a reír. El día de mañana no será esta administración, será otra y vendrán otro tipo de procesos y no podemos permitir más”, concluyó.
Problemas con los fotorradares
En enero de 2015 entraron en funcionamiento ocho fotorradares en distintos sectores de Ambato.
Desde esa fecha, han sido varios los cuestionamientos a estos dispositivos, empezando por la legalidad del contrato, la ubicación de los aparatos y la millonaria recaudación.
En el 2021 se sumó el problema sobre la legalidad del funcionamiento del noveno fotorradar (instalado en 2020) ubicado en la avenida Bolivariana y Aníbal Granja, con el que se multó a 362 mil conductores y por lo que la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES) pretende cobrar más de 60 millones de dólares.
Siete años después de la instalación de los fotorradares en la ciudad, ayer, la Contraloría General del Estado estableció irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato.
“En las acciones de control efectuadas al contrato para el registro y sanción de infracciones de tránsito, suscrito por el Municipio de Ambato, la Contraloría identificó irregularidades en la selección del proveedor, infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista”, se detalla en el boletín de prensa de la Contraloría.
Siguiendo el proceso de cerca
Robinson Loaiza, concejal de Ambato y quien desde el comienzo ha seguido el proceso de cerca, mencionó que después de años de lucha en un “proceso particular y fraudulento” que fue firmado por el exalcalde Fernando Callejas y ejecutado en la administración de Luis Amoroso, ahora se ve el proceso exhaustivo de fiscalización sobre este contrato.
“Han pasado varios años de abusos y de incumplimiento de la ley. Lo que no hemos querido es claudicar en esta lucha y cumplir con las atribuciones que nos dieron los ciudadanos que es de fiscalizar y en cumplimiento a esa tarea hemos realizado un proceso exhaustivo”, comentó Loaiza.
Diario La Hora intentó obtener la versión de Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES), sobre el documento de la Contraloría, sin embargo, David Isch, responsable de comunicación de la empresa, mencionó que por el momento no estaba disponible el vocero, por lo que más adelante se podrá tener un pronunciamiento sobre este tema. (GI)
Irregularidades encontradas
– Desde 2016, la Contraloría ha aprobado tres informes de auditoría relacionados con la adjudicación y ejecución del contrato para el registro y sanción de infracciones de tránsito, suscrito por el Municipio de Ambato, en 2014. Además, se ejecuta un examen al cumplimiento de las recomendaciones y a la operación, imposición y recaudación del fotosensor ubicado en la Av. Bolivariana, entre Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto.
– En 2016, la auditoría al proceso de concesión estableció que la utilización de cámaras de control de velocidad, para facilitar la gestión del tránsito, no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica.
– Luego de la aprobación del Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato, no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la municipalidad para gestionar directamente el control de tránsito, ni se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.
– En la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión (la concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta) y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes.
– Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones.
– Sustentado en sumillas insertas en solicitudes de los infractores, el administrador del contrato solicitó rechazar otras 227 infracciones, argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales, incumpliendo la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
– En el examen aprobado en 2020, la Contraloría determinó que los Directores de Tránsito de la municipalidad no controlaron que la sistematización de las infracciones concuerde con los límites de velocidad establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según el tipo de vehículo infractor.
– 914 infracciones por exceso de velocidad fueron anuladas sobre la base de sentencias de los operadores de justicia, decisiones sustentadas en que la concesionaria notificó extemporáneamente sobre la sanción a los infractores, afectando a la garantía de debido proceso. En este caso, tampoco se impuso la multa de 10 mil dólares al proveedor por esta falta grave.
– Los auditores concluyeron que no se realizaron pruebas de funcionamiento nocturno de los radares ni se verificó la ubicación de las cámaras, impidiendo que se identifique correctamente a los vehículos y que se rechacen 164.820 contravenciones.