El Gobierno gestiona un préstamo para la crisis carcelaria

Una de las medidas ha sido reforzar la presencia militar y policial en la ‘Penitenciaría del Litoral’.

El ministerio de Economía busca un crédito con el BID por $45 millones y otros $10 millones se transferirán directamente del presupuesto estatal.

La crisis carcelaria, que suma tres grandes matanzas solo en 2021, necesita decisiones para enfrentarla; pero también recursos para realizar mejoras y cambios en el sistema.

A través de un comunicado, el ministerio de Economía anunció este 17 de noviembre 2021 que se destinará un total de $55 millones para concretar esos propósitos.

De acuerdo con la cartera de Estado, actualmente se está gestionando un préstamo de $45 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esos recursos servirán para mejorar los servicios de rehabilitación social y de seguridad, a través de un programa de inversión que será ejecutado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y la Corte Constitucional.

Por otro lado, el Ministerio aseguró que se han asignado $10 millones de recursos provenientes del Presupuesto General del Estado (PGE). Esos fondos servirán para atender los temas más urgentes de la emergencia carcelaria, de acuerdo con «los requerimientos realizados por las entidades correspondientes».

El detalle de la distribución y destino es el siguiente:

  •  $8’829’353 para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI). El objetivo es mantenimiento de edificios y obras civiles; adquisición de equipos y materiales para el control y vigilancia de los centros de privación de la
    libertad en todo el país; adquisición de vehículos y materiales para control; pagos de servicios básicos, entre otros.
  • $1’200.000 para la Policía Nacional. Los recursos irán a la dotación de combustible; y mantenimiento, repuestos y accesorios del parque automotor para aumentar el
    patrullaje a escala nacional.
  • $57.500 para Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El objetivo es la compra de repuestos y accesorios del parque automotor para trasladar a personal médico forense a la ciudad de Guayaquil y otros gastos de viaje. (JS)

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Asamblea conocerá hoy el informe sobre crisis carcelaria

La presidenta de la Asamblea sometió a votación un cambio en el orden del día, que fue aprobado.

La sesión inició con 127 asambleístas presentes. Se prevé que la lectura y aprobación del informe se alargue durante todo el día.  

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó al Pleno para conocer y resolver el informe sobre la crisis carcelaria, aprobado por la Comisión de Seguridad.

El informe, de aproximadamente 500 hojas, establece alrededor de 75 recomendaciones y 53 conclusiones que se basan en políticas públicas de rehabilitación social, sistema de seguridad, seguridad fronteriza y presupuesto.

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que para la realización de este informe se viene «realizando un proceso de fiscalización, levantamiento de información y análisis, desde mayo».

Asimismo, pidió al Pleno y al Presidente, acoger las observaciones que se han hecho en este informe y no demorarse en tomar decisiones y acciones.

«Las recomendaciones que ha anunciado el Presidente son débiles, muchas de ellas obvias. Que no haya celo y que se acojan a nuestro trabajo», dijo durante una entrevista radial en donde también hizo un llamado de atención a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, porque -según Narváez- es la encargada de la reparación con las víctimas (de la matanza en la ‘Penitenciaría del Litoral), acto que «quiere encargar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); Ordóñez trata de lavarse las manos», afirmó.

Previo a la convocatoria, la comisión mantuvo una reunión para analizar la Ley para el Uso Progresivo de la Fuerza.

Según se indicó desde el departamento de comunicación del presidente de la comisión, se prevé que el debate y aprobación del informe se extienda durante el día debido al volumen del informe y las observaciones de los legisladores.

La sesión inició con la presencia de 127 asambleístas y, hasta el momento, ya hay un cambio en el orden del día que se aprobó con 114 votos afirmativos. Este fue propuesto por Sofía Espín (UNES) para tratar el proyecto de resolución que declare cada 15 de noviembre, de cada año, como Día Histórico de la lucha obrera en el Ecuador. (MFU)

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Judicatura, uno de los culpables de la crisis carcelaria

El informe recomienda una política pública enfocada en Política Criminal y Derechos Humanos.

El abuso de la prisión preventiva y muchos privados de la libertad sin sentencia están entre las causas del hacinamiento y crisis carcelaria en general.

Para este 8 de noviembre a las 16:00 está previsto que se realice el debate y la aprobación del Informe de la investigación sobre la crisis carcelaria, inseguridad ciudadana y seguridad en las fronteras.

El documento, que contiene 53 conclusiones y 74 recomendaciones, dirigidas a diferentes entidades del Estado, de acuerdo con Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea, quien destaca que se trata de una “radiografía” de varias instituciones públicas y su falta de acción frente a la inseguridad por la que atraviesa el país.

La principal conclusión del informe, dice Narváez, es que el Estado le ha dado la espalda al Sistema de Rehabilitación Social. Esto, comenzando por la estructura inadecuada de la máxima entidad que regula el tema carcelario: el Directorio del Organismo Técnico.

Por ejemplo, Narváez explica que la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y los ministerios de: Deporte, Educación, Cultura, inclusión Económica y Social, Salud, entre otros, “han incumplido sus competencias en el proceso de rehabilitación social”.

Esto ha generado hacinamiento en las cárceles, infraestructura inadecuada, pérdida de soberanía al interior de los Centros de Rehabilitación Social, entre otras graves consecuencias que destaca Ramiro Narváez, por lo cual el informe concluye en que el Estado no tiene una política pública para generar un proceso de rehabilitación social adecuado.

“Las condiciones al interior de las cárceles son terribles, hay una violación de Derechos Humanos permanente; no hay agua, medicinas, ni programas, actividades o profesionales que garanticen un proceso de rehabilitación adecuado”, agrega Narváez y enfatiza en que esto representa una amenaza constante para la seguridad del Estado porque quienes salen de la cárcel tienen una alta probabilidad de volver a cometer delitos.

A esto se suma la inacción por parte del Sistema de Judicial del país. El informe determina que ha habido un abuso de prisión preventiva, porcentaje alto de presos sin sentencia, falta de beneficios penitenciarios (por varios motivos) porque no se cuenta con jueces de garantías penitenciarias y defensores públicos que tramiten estos procesos.

“El Consejo de la Judicatura es responsable de garantizar la eficiencia y eficacia del sistema judicial y no lo ha hecho. Esta es una de las instituciones responsables de esta crisis”, resalta Ramiro Narváez.

Recomendaciones:

Entre las recomendaciones que se mencionan dentro del informe están cambiar el Modelo de Gestión del Sistema de Rehabilitación Social; para eso se sugiere garantizar un presupuesto adecuado que permita mejoras en infraestructura, dotación de tecnología, incremento de agentes penitenciarios (en la actualidad hay 1.600 y se requiere 4.500) que deben ser debidamente seleccionados, capacitados y dotados de herramientas que les permita controlar y realizar su trabajo.

La separación de las personas privadas de libertad (PPL) es otra sugerencia sobre la cual se enfatiza en el documento. “Este es un tema urgente. Aquellos que están detenidos por delitos menores deben estar separados de quienes cometen delitos graves; los violentos de los no violentos”, señala el Presidente de la Comisión.

Finalmente, se hace una recomendación al fortalecimiento del rol del Sistema de Inteligencia del Estado a través del Subsistema de Inteligencia Penitenciario, el cual debe cumplir un rol de prevención de posibles amotinamientos, violencia y desarticulación de organizaciones delictivas que están constituidas la interior de las cárceles.

El informe está listo y será presentado este 8 de octubre para su aprobación en la Comisión de Seguridad para, una vez aprobado, ingresarlo al Pleno de la Asamblea. (MFU)

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Gobierno entregará nichos para reos fallecidos en matanza

A las afueras de la Penitenciaría el Litoral, ciudadanos piden información de sus familiares recluidos.

Hay 70 cuerpos por identificar. Los listados de fallecidos en el amotinamiento se entregarán a los medios de comunicación, dijo la ministra de Gobierno. 

El drama carcelario no termina en Ecuador. Tras la muerte de 118 presos producto de un amotinamiento el 28 de septiembre de 2021, los familiares luchan por encontrar los cuerpos de sus seres queridos asesinados en la ‘Penitenciaría del Litoral’.

La tarde de este 1 de octubre de 2021, Alexandra Vela, ministra de Gobierno, indicó que han emprendido acciones de acompañamiento para las víctimas de la matanza carcelaria, en la que hubo decapitados y mutilados.

Vela indicó que el equipo de forenses del grupo de criminalística de la Policía Nacional ha podido identificar, hasta el momento (1 de octubre de 2021- 13:30), los cuerpos de 41 presos, de los cuales, 21 han sido ya entregados a sus familias. «Y entregará el día de hoy, 20 cuerpos más para su digna sepultura», detalló la Ministra.

Además, están en proceso de identificación 77 cuerpos. Además, hay 79 heridos y 36 privados de su libertad en el hospital.

 

Listados en los medios

Con el objeto de que las familias conozcan la identidad de los reos que se encuentra a salvo, Vela dijo que se entregará un listado a los medios de comunicación «para que sea conocido lo antes posible por las familias».

Nichos para reos fallecidos

La ministra Vela anunció también que con el apoyo de la municipalidad de Guayaquil se entregará nichos «para la adecuada sepultura de las víctimas de este trágico evento».

Además se trabaja un plan de vida y acompañamiento para los familiares de las víctimas.

Sobre el control de la cárceles, Vela detalló que hay 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas «con el objetivo de retomar el control y garantizar la seguridad, en los centros penitenciarios». (AVV)

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Hay al menos dos vías para otorgar prelibertad a detenidos

Cerca de 40 mil personas se encuentran detenidas a nivel nacional.

La prelibertad para las personas detenidas en las cárceles del país es un reto de las autoridades. El presidente Lasso anunció que se analiza cinco mil casos.

La idea fue lanzada: conceder la prelibertad, bajo ciertas condiciones, a personas privadas de la libertad (PPL). El objetivo es disminuir el hacinamiento en los 37 centros penitenciarios a nivel nacional que, al 28 de julio de 2021, registran cerca de 40 mil PPL en su interior. Hay un 30% de sobrepoblación, es decir, nueve mil personas más.

Para que se haga efectivo este anuncio, se puede optar, al menos, por dos caminos legales. Uno es el régimen semiabierto  y el otro, los indultos presidenciales. Esta última opción se intentó emplear a días de que culminé el periodo del expresidente Lenín Moreno; sin embargo, por las críticas recibidas se derogó el Decreto Ejecutivo.

Para Jorge Núñez, director de Kaleidos –Centro de Etnografía Interdisciplinaria y miembro de la Alianza contra las Prisiones-, estas medidas podrían disminuir la población carcelaria. Pero explica que el problema de aprobar estos regímenes es político porque el otorgar un indulto no da capital político. “Hay un pánico que tienen los políticos en que una decisión sensata sea leída por su electorado y sus votantes como no (tener) mano dura”.

Asegura que un ejemplo de ello es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha identificado 2.000 candidatos para ser indultados por situación de vulnerabilidad y condiciones de salud; pero cuando se intentó, el proceso se trabó y por cuestiones políticas no se concretó.

Se desconoce cuál será la estrategia que se empleará, ahora, para otorgar la prelibertad de, al menos, 5.000 personas detenidas. En declaraciones públicas, el actual director del SNAI, Fausto Cobo, habló de reformas al Reglamento del Sistema Penitenciario. Pero la entidad encargada de resolver esta situación es el Directorio de Organismo Técnico, conformado por ocho instituciones del Estado. Sus titulares no se han reunido por falta de un Decreto Ejecutivo que nombre a la persona que dirigirá el Directorio.

La anterior semana, la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional exhortó al presidente Guillermo Lasso a designar a la autoridad competente para dar una respuesta inmediata a la crisis carcelaria. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta.

El 21 de julio se dio la segunda crisis carcelaria del año, la que dejó más de 22 muertos, 41 heridos y una víctima de violencia sexual. (MC)

Requisitos para el régimen semiabierto

  • Cumplir el 60% de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, salvo los casos que estén en casación.
  • Informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo cinco puntos sobre el cumplimiento de la pena.
  • Certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas disciplinarias graves o gravísimas.
  • Certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad emitido por la máxima autoridad del centro de privación de libertad.
  • Documento que justifique el domicilio fijo en el cual residirá la persona privada de libertad.
  • Informe jurídico del centro que indique que la persona privada de la libertad no tiene otro proceso penal pendiente.
  • Informe psicológico del centro, en el que se concluya las condiciones para la reinserción de la persona privada de libertad.

Tras cumplirse estos requisitos, el informe será analizado por la Comisión Especializada de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen de Rehabilitación Social, Indultos y Repatriaciones.

Luego, este informe será enviado al juez competente para que dicte su resolución.

Indultos

  • Cumplir todos los requisitos anteriores.
  • Luego, la Comisión Especializada emitirá un informe no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos para la concesión de indultos, conmutación o rebaja de penas al presidente de la República.
  • El presidente emitirá un Decreto Ejecutivo motivando el indulto.

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El país, sin política pública para afrontar crisis carcelaria

En el Ecuador existen 37 centros de rehabilitación social.

Ministerio de Gobierno y sociedad coinciden en falta de marco normativo para enfrentar el problema. Se proponen reformas legales y creación de política pública.

El presidente Guillermo Lasso dictó cuatro medidas la tarde de este jueves 22 de julio de 2021 para enfrentar la crisis en  las cárceles del país. Pero ninguna de estas incluye la designación del titular para el Directorio de Organismo Técnico, ente encargado de la regulación y planificación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

La ausencia de ese funcionario genera que, hasta el momento, las ocho instituciones que conforman el Directorio no puedan definir y evaluar la política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Actualmente, el marco jurídico que cobija al sistema de rehabilitación social es la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el reglamento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Sin embargo, a criterio de Vianca Gavilánez, abogada  de la Fundación Dignidad, es fundamental la creación de una política pública integral que dé respuesta a la grave situación que se vive en las cárceles.

La jurista señala que a raíz de la masacre de febrero de 2021, que causó la muerte de 83 personas privadas de la libertad, los jueces constitucionales emitieron dos sentencias que obligan al Estado ecuatoriano a conformar mesas de trabajo para la construcción de una política pública. Sin embargo, cinco meses después, dichas mesas entre Estado y sociedad civil no se han conformado, explica la abogada.

Esta preocupación sobre la falta de una normativa también la tiene el mismo Estado. El Ministerio de Gobierno presentó ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional cuatro propuesta de normativa para fortalecer la institucionalidad.

  • Crear una Ley Orgánica de Régimen Penitenciario
  • Valorar los procesos abreviados en casos de reincidencia
  • Establecer un régimen especial penitenciario a través de reformas al COIP
  • Reformas al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y a la Ley Orgánica de Servicio Público para institucionalizar el cuerpo de vigilancia.

Vianca Gavilánez dice que estas reformas continúan el  carácter punitivo del sistema carcelario, que mira a las personas privadas de la libertad como personas que pierden todos los derechos. La jurista precisa que un interno solo pierde el derecho a la libertad, mientras que los otros derechos los sigue conservando como el derecho a la vida, a la dignidad, al trabajo, a la alimentación, entre otros.

Plantea que la política pública deba incluir:

  • Los estándares internacionales de derechos humanos y las Reglas Mandela, de Bangkok y de Tokio para procurar el buen funcionamiento de la estructura carcelaria
  • Mecanismos para la prevención de la tortura
  • Cambiar la visión del sistema penitenciario como un centro de castigo, por uno de un espacio de rehabilitación y resocialización
  • Asignación adecuada de presupuesto para el sistema penitenciario
  • Depurar la corrupción al interior de las cárceles. (MC)

Dato:

En los últimos 13 años se ha triplicado la población carcelaria. De 13 mil personas privadas de la libertad que se registraba en 2008, se incrementó a 40 mil recluidos en 2021, en  37 cárceles a nivel nacional.

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