Hay al menos dos vías para otorgar prelibertad a detenidos

Cerca de 40 mil personas se encuentran detenidas a nivel nacional.

La prelibertad para las personas detenidas en las cárceles del país es un reto de las autoridades. El presidente Lasso anunció que se analiza cinco mil casos.

La idea fue lanzada: conceder la prelibertad, bajo ciertas condiciones, a personas privadas de la libertad (PPL). El objetivo es disminuir el hacinamiento en los 37 centros penitenciarios a nivel nacional que, al 28 de julio de 2021, registran cerca de 40 mil PPL en su interior. Hay un 30% de sobrepoblación, es decir, nueve mil personas más.

Para que se haga efectivo este anuncio, se puede optar, al menos, por dos caminos legales. Uno es el régimen semiabierto  y el otro, los indultos presidenciales. Esta última opción se intentó emplear a días de que culminé el periodo del expresidente Lenín Moreno; sin embargo, por las críticas recibidas se derogó el Decreto Ejecutivo.

Para Jorge Núñez, director de Kaleidos –Centro de Etnografía Interdisciplinaria y miembro de la Alianza contra las Prisiones-, estas medidas podrían disminuir la población carcelaria. Pero explica que el problema de aprobar estos regímenes es político porque el otorgar un indulto no da capital político. “Hay un pánico que tienen los políticos en que una decisión sensata sea leída por su electorado y sus votantes como no (tener) mano dura”.

Asegura que un ejemplo de ello es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha identificado 2.000 candidatos para ser indultados por situación de vulnerabilidad y condiciones de salud; pero cuando se intentó, el proceso se trabó y por cuestiones políticas no se concretó.

Se desconoce cuál será la estrategia que se empleará, ahora, para otorgar la prelibertad de, al menos, 5.000 personas detenidas. En declaraciones públicas, el actual director del SNAI, Fausto Cobo, habló de reformas al Reglamento del Sistema Penitenciario. Pero la entidad encargada de resolver esta situación es el Directorio de Organismo Técnico, conformado por ocho instituciones del Estado. Sus titulares no se han reunido por falta de un Decreto Ejecutivo que nombre a la persona que dirigirá el Directorio.

La anterior semana, la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional exhortó al presidente Guillermo Lasso a designar a la autoridad competente para dar una respuesta inmediata a la crisis carcelaria. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta.

El 21 de julio se dio la segunda crisis carcelaria del año, la que dejó más de 22 muertos, 41 heridos y una víctima de violencia sexual. (MC)

Requisitos para el régimen semiabierto

  • Cumplir el 60% de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, salvo los casos que estén en casación.
  • Informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo cinco puntos sobre el cumplimiento de la pena.
  • Certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas disciplinarias graves o gravísimas.
  • Certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad emitido por la máxima autoridad del centro de privación de libertad.
  • Documento que justifique el domicilio fijo en el cual residirá la persona privada de libertad.
  • Informe jurídico del centro que indique que la persona privada de la libertad no tiene otro proceso penal pendiente.
  • Informe psicológico del centro, en el que se concluya las condiciones para la reinserción de la persona privada de libertad.

Tras cumplirse estos requisitos, el informe será analizado por la Comisión Especializada de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen de Rehabilitación Social, Indultos y Repatriaciones.

Luego, este informe será enviado al juez competente para que dicte su resolución.

Indultos

  • Cumplir todos los requisitos anteriores.
  • Luego, la Comisión Especializada emitirá un informe no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos para la concesión de indultos, conmutación o rebaja de penas al presidente de la República.
  • El presidente emitirá un Decreto Ejecutivo motivando el indulto.

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