Guillermo Lasso hace cambios al aborto por violación

En abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación.

El Presidente vetó parcialmente la Ley, en los plazos para interrupción del embarazo y requisitos.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reveló este martes 15 de marzo de 2022, su decisión sobre la norma aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) que regula el aborto por violación.

El Presidente detalló que sus observaciones van dirigidas a los plazos y dijo que la interrupción del embarazo, en caso de violación, será a las 12 semanas en todos los casos. La Asamblea Nacional había estipulado 12 semanas para mayores de 18 años y 18 semanas para mujeres menores de edad y de áreas rurales.

También estipula que existan requisitos para acceder a un aborto por violación, ya que la Asamblea Nacional no los establece.

En abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. La resolución fue aprobada por el pleno de la Corte con siete votos a favor y las reservas de dos magistradas, en un dictamen que declaró inconstitucionales dos cláusulas del Código Integral Penal (COIP) y abrió la posibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos en los que se constate una violación. (AVV)

Entre el 11 y el 20% de embarazos prematuros se deben a violencia sexual en Ecuador

En el país, se reciben 11 denuncias diarias por violación; las menores de 14 años son las principales víctimas.

Según datos de la CEPAL, Ecuador tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en la región andina.

Algunos países de Latinoamérica han avanzado en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de la búsqueda por implementar una autonomía en la toma de decisiones. Un claro ejemplo es Colombia, donde hace pocas semanas se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Argentina, por su parte, también es vista como un referente en el tema y Ecuador, reconocido por despenalizar el aborto en casos de violación.

Esta noticia en Ecuador, si bien puede considerarse un avance, abre un debate, ya que las mujeres advierten que queda bastante camino por recorrer para continuar rompiendo estigmas respecto al tema, como ha quedado patente en el conversatorio celebrado por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) titulado «Ecuador: La despenalización del aborto por violación. Avances y límites«, dentro del ciclo de conferencias que la Universidad Internacional de Valencia (VIU) celebra con motivo de las Jornadas 8M-2022 y que aborda las desigualdades y violencias contra las mujeres en América.

Durante un conversatorio realizado el pasado 1 de marzo por la Universidad Internacional de Valencia (VIU), se abordaron temas como la desigualdad y la violencia de género. María José Machado Arévalo, abogada e integrante de la Comisión Nacional de Mujeres de Ecuador, quien además es máster en Derecho Constitucional, habló sobre la violencia contra la mujer y el panorama en su país.

Sobre la decisión de la despenalización en Ecuador, Machado destacó que el aborto libre para el país sigue siendo un desafío, ya que considera que tiene entre 70 y 80 años de retraso en materia de estos derechos, en relación con otros países. “En 2021 se despenalizó el aborto por violación y en 2022 la Asamblea Nacional aprobó la Ley, pero detrás hay un contexto complejo, preocupante y que necesita más medidas interinstitucionales”, indicó.

“En las leyes hay sesgos de género, por lo general, por un carácter profundamente machista, androcéntrico y sensible al género, donde existe un doble parámetro y campean los estereotipos; entonces viene de una idea que concibe a las mujeres como meras procreadoras, seres sin autonomía y sin posibilidad de decisión sobre sus cuerpos”, agregó la experta.

En los últimos años se evidenció que la violencia sexual durante la pandemia se agudizó, dejando como resultado que entre el 11% y 20% de embarazos de niñas y adolescentes, fueran resultado de violencia sexual, según la Organización Panamericana de la Salud.
Machado, agregó que -en general- en el hemisferio hay un aumento en las cifras de embarazo infantil y adolescente, cuyo dato es de 10 millones de embarazos al año.

De igual manera, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 80% de las violaciones de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe, se concentran en víctimas entre los 10 y 14 años. De ese grupo, el 90% se relacionan a un contexto de violación reiterada.

“En Ecuador se reciben 11 denuncias diarias por violación, siendo las niñas menores de 14 años las principales víctimas y donde los principales perpetradores son personas de su entorno familiar cercano, en el 95% de los casos. Lo peor, es que ni siquiera se denuncian esos casos”, aseveró la experta en el foro de VIU.

En 2019, casi la mitad de las niñas entre 15 y 17 de años, experimentaron alguna forma de violencia, según los datos de la última encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia contra las mujeres. Asimismo, se estima que diariamente siete niñas menores de 14 años dan a luz, lo que se consideró un dato “aterrador”, ya que en la gran mayoría de casos son embarazos forzados.

Más barreras

En el conversatorio de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), la abogada también explicó que desde 2009 en Ecuador se inició una criminalización hacia el aborto y las mujeres, lo que ha dado como resultado, según algunos estudios, que la gran mayoría de mujeres procesadas sean afrodescendientes e indígenas, en el 40% de los casos. Pero en el 100% de los mismos, son de bajos recursos y -en otro destacable número de casos- sean jóvenes, considerando lo más preocupante de la situación (70%), el hecho de que estas sean procesadas por abortos espontáneos; es decir, ni siquiera son considerados como abortos provocados.

Machado también indicó que la violencia sexual y los embarazos forzados son problemas alarmantes, sumado a los marcos jurídicos restrictivos y la atención deficiente, catalogando a Ecuador, como el país con la tasa más alta de embarazos adolescentes en la región Andina, según indicadores de la CEPAL.

De igual manera, se estima que el 15,6% de las muertes maternas son causadas por abortos en condiciones de riesgo, según el comité de la CEDAW, por lo que avanzar en su despenalización en diferentes situaciones es relevante y urgente.

“En definitiva, la despenalización en casos de violación a mujeres es una apuesta por los abortos seguros, gratuitos, asistidos y con personal calificado, de manera que promueva la salud y el cuidado de las mujeres”, concluyó la experta.

Congresistas de EE.UU. piden a Lasso no vetar aborto por violación

El aborto en casos de violación está despenalizado en Ecuador desde abril de 2021.

El Presidente anunció que la siguiente semana se haría público su veto al reglamento del aborto por violación; no se sabe si será parcial o total.

Veinte congresistas estadounidenses, en su mayoría hispanos, enviaron una carta al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para instarle a firmar el reglamento que garantizaría, con excepciones, el derecho al aborto por violación en el país.

La legisladora demócrata Norma Torres encabeza la misiva al presidente ecuatoriano, que planea anunciar la próxima semana su decisión sobre el reglamento aprobado por la Asamblea Nacional respecto al aborto por violación.

“Estamos preocupados porque, en recientes declaraciones, usted (Guillermo Lasso) ha indicado la posibilidad de aplicar un veto la ley”, señala la carta.

“Le urgimos a firmar la ley sin cambios. Eso enviaría un mensaje claro de que usted respeta el proceso democrático que llevó a la adopción de la legislación”, agregan los congresistas.

Rubricar la norma también demostraría que Lasso está “comprometido a cumplir con las obligaciones de derechos humanos de Ecuador, al asegurar que ninguna mujer o niña ecuatoriana sufre innecesariamente los daños de un embarazo forzado o un aborto clandestino”, concluyen.

Plazos

La ley norma que las mujeres, víctimas de agresión sexual, mayores de 18 años, pueden interrumpir un embarazo a las 12 semanas. Mientras que menores de 18 y de sonar rurales pueden hacerlo hasta la semana 18. (EFE)

Congreso de Guatemala penaliza matrimonio igualitario y el aborto

La Ley aumenta a 25 años las penas por abortar, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y hablar de diversidad sexual en las escuelas.

El Congreso de Guatemala aprobó ayer (8 de marzo de 2022), una ley que sanciona el aborto con pena de cárcel de hasta 25 años y establece la prohibición del matrimonio igualitario (entre personas del mismo sexo), así como enseñar sobre diversidad sexual en las escuelas.

La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, propuesta por el partido conservador VIVA, fue aprobada la noche del martes por una amplia mayoría de legisladores, incluyendo algunos de partidos aliados del presidente Alejandro Giammattei, que la sacaron de la congeladora en la que estaba desde 2018.

La polémica normativa, que aún debe ser publicada en el diario oficial para entrar en vigor, prohíbe fomentar «en la niñez y adolescencia» programas para promover la diversidad sexual, «la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad».

El texto, aprobado en el Día Internacional de la Mujer, señala también que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente «por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género».

El procurador de derechos humanos de la nación centroamericana, Jordan Rodas, condenó la decisión de los legisladores, al igual que organizaciones de personas LGBTIQ, y anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad.

«Viola los derechos humanos, viola los convenios internacionales ratificados por Guatemala, es un retroceso a las libertades», afirmó Rodas a periodistas afuera de la sede del Congreso.

La norma eleva, además, las penas de prisión para las mujeres que aborten, que antes iban de 5 a 10 años y ahora se elevaron a hasta 25 años, y aunque mantiene la posibilidad de interrumpir el embarazo solo cuando esté en peligro la vida de la madre, endurece las condiciones para practicarlo.

Algunos diputados de izquierda se manifestaron en contra de la ley y dijeron que promueve el odio, la homofobia y criminaliza a las mujeres. (DLH)

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ONU cree que plazos limitan aborto por violación en Ecuador

La representante de ONU Mujeres en Ecuador Ana Elena Badilla.

La representante de ONU Mujeres en el país dice que entre más cortos son los plazos, se dificulta el acceso de las mujeres a ese derecho.

La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Elena Badilla, advirtió que los plazos que prevé el reglamento del aborto por violación recientemente aprobado por la Asamblea Nacional podrían limitar ese derecho en el país, que aún requiere del visto bueno presidencial para entrar en vigor.

«La solución (alcanzada por el Legislativo), que rebaja bastante el número de semanas en las cuales se podrá realizar la interrupción del embarazo, puede restringir el ejercicio del derecho«, manifestó en una entrevista con Efe la costarricense Badilla, al subrayar que los plazos «son relativamente cortos» en relación con los de legislaciones de otros países de la región.

La norma, que sigue a la despenalización dictada en 2021 por la Corte Constitucional, fue aprobada por la Asamblea Nacional el mes pasado, y establece que toda mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.

Plazos limitados

La representante de ONU Mujeres argumentó que los estándares internacionales en los casos de violación no señalan límites para el aborto en general y que tanto en el entorno de la víctima de violación como en la familia, la interrupción voluntaria del embarazo conlleva efectos emocionales que pesan en la decisión.

Por ello valoró que «entre más cortos sean los plazos, más difícil se hace poder ejercer ese derecho«. «Esa es nuestra preocupación», afirmó.

Recordó que la legislación responde a una decisión constitucional y que el presidente Guillermo Lasso, al conocer el fallo, dijo que, pese a no estar de acuerdo a título personal, respetaría la decisión.

Sin embargo, el mandatario, de tendencia conservadora, recientemente adelantó que tenía intenciones de vetar el texto, lo que ha generado inquietud entre las organizaciones de mujeres que de por sí consideraron que quedó reducida a una mínima expresión.

«Creo que hay una expectativa muy importante ante el anuncio que hizo (el presidente) de veto, que no sabemos si será total o parcial», rescató Badilla, para quien «es importante recordar ese mandato de la Corte Constitucional y que las autoridades deberían cumplir con él».

Pandemia y récord de femicidios

La entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer estima que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que se prolonga ya más de dos años ha incrementado en un 40%  la violencia contra las mujeres en el mundo.

«En el caso de Ecuador muy claramente lo vemos con la cifra de femicidios en 2021. Tenemos casi 200, que no se producían en los años anteriores«, mencionó Badilla, en referencia al año más violento contra las mujeres desde que se tienen datos de un delito tipificado en 2014.

Las consecuencias de la pandemia también hay que buscarlas en el impacto económico por la pérdida de empleo, la reducción de salarios y el cierre de empresas, que afectó en especial a las mujeres, aparte de la mayor carga doméstica y de cuidados.

Todos estos factores se agudizaron en un continente y un país donde la pandemia, según Badilla, «lo que hizo en términos de género, fue profundizar las desigualdades estructurales» que ya las mujeres enfrentaban «en la sociedad en general y particularmente en el Ecuador».

Las mujeres rurales, en situaciones de extrema precariedad laboral y aislamiento, junto con indígenas y aquellas en situación de movilidad humana «son los grupos más vulnerables» que figuran como prioritarios en la ‘hoja de ruta’ de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 2030, que deben recibir mayor información, acceso a servicios y empoderamiento.

Desde ONU Mujeres se plantean soluciones para destinarles recursos a fin de fortalecer el acceso a procesos formativos y liderazgo, poner en práctica experiencias exitosas como la entrega de dispositivos móviles o líneas telefónicas, así como promover iniciativas productivas y bioemprendimientos.

Presupuesto contra la violencia machista

El Gobierno ecuatoriano ha aumentado en 2021 el presupuesto de 1,5 millones de dólares a 24 millones para erradicar la violencia machista, que Badilla valoró como una «expresión de la voluntad política muy importante» para combatir esta lacra social.

Los fondos irán principalmente a la creación de Centros Violeta de atención integral en todas las provincias del país.

Sin embargo, la responsable del organismo de Naciones Unidas echa en falta recursos para el poder Judicial que, dijo, «tiene sus propios desafíos» para «mejorar la calificación de los delitos, las sanciones y una mayor rapidez», dado que numerosos casos se prolongan en el tiempo y muchos quedan en la completa impunidad. EFE

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Lasso ratifica que vetará reglamento de aborto por violación

Lasso hizo el anuncio durante su programa semanal de entrevistas.

El Presidente de la República habló en este Día de la Mujer de su veto, sin especificar si será parcial o total.

Guillermo Lasso madrugó para escribir un mensaje, en sus redes sociales, sobre este 8 de mayo, Día Internacional de la Mujer.

“Es un hecho que el verdadero cambio empieza con una sociedad justa para las mujeres. En este #8M2022, reafirmo nuevamente nuestro compromiso de trabajar por un Ecuador más equitativo, creando oportunidades de empoderamiento, garantizando libertad y asegurando el bienestar”, escribió el Presidente, que este mismo día anunció que en una semana hará público su veto al reglamento del aborto por violación.

Qué contiene el reglamento

El aborto en casos de violación es legal en Ecuador desde abril de 2021. Sin embargo, la Asamblea Nacional debió generar un reglamento que determine plazos, requisitos y otros aspectos para que las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual que deciden acceder a este derecho.

La Ley establece que el embarazo en casos de violación podrá ser interrumpido hasta las 12 semanas de gestación en mayores de 18 años y hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de las zonas rurales.

De vetarse totalmente el reglamento de la Ley, no podrá volver a ser tratada en dos años. (AVV)

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Aborto por ‘delivery’ en Estados Unidos

Miles de colombianas celebraron luego de que el 21 de febrero se despenalizara el aborto hasta las 24 semanas en su país.

La prescripción de medicamentos para el aborto de forma virtual es una alternativa frente al avance de políticas antiabortistas.

Redacción WASHINGTON

Los medicamentos que permiten a las mujeres interrumpir el embarazo en casa hasta 10 semanas después de la concepción han transformado la atención sanitaria del aborto en muchos países, señala un artículo de la revista británica ‘The Economist’.

La nota añade que más de dos tercios de los abortos en los países del norte de Europa y el 90% en la India se realizan de esta manera. Pero Estados Unidos se ha quedado atrás. Las restricciones impuestas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hacen que solo alrededor del 40% de los abortos en ese país sean inducidos químicamente.

Medicamentos en línea

Pero esto está empezando a cambiar. En diciembre de 2021, la FDA eliminó su principal obstáculo, que exigía a las mujeres el recoger de una clínica o consultorio médico, en persona, el primero de los dos medicamentos utilizados para interrumpir el embarazo.

Ahora las mujeres pueden recibir la prescripción de mifepristona, que bloquea la hormona progesterona que permite el embarazo, tras una consulta online, y recibirla por correo.

Un segundo medicamento, el misoprostol, que provoca la contracción del útero y la expulsión del feto, tomado varias horas después, está disponible con receta médica y también se lo puede recibir por correo.

Un reporte publicado por ‘The Economist’ resume los resultados de los estudios que sugieren que este procedimiento con medicamentos es ampliamente seguro.

En los estados conservadores con pocas clínicas de aborto (en seis estados solo queda una), eliminar la necesidad de que las mujeres se desplacen, a menudo largas distancias, a las citas en la clínica es especialmente beneficioso. La prescripción de la medicación abortiva de este modo también es más barata que ir a una clínica, una gran ventaja en un país donde el dinero federal no puede utilizarse para pagar los abortos. En una clínica, el coste de un aborto inducido por medicamentos oscila entre los 500 y los 800 dólares. Comprar las píldoras en una de las crecientes empresas de telemedicina cuesta unos 200 dólares.

El aborto farmacológico también puede tener el potencial de amortiguar las llamas de la guerra del aborto en Estados Unidos. Es probable que el aumento de su uso reduzca el número de abortos practicados en etapas posteriores del embarazo (quirúrgicos), que son los que dan a los antiabortistas sus imágenes de campaña más espeluznantes y potentes.

Pero a pesar de la situación actual del aborto en Estados Unidos, los éxitos del movimiento antiabortista estadounidense limitarán el impacto de la acción de la FDA. Unos 19 estados tienen leyes que exigen la presencia de un médico cuando se toma la mifepristona. (DLH)

Grupos conservadores en varios países del mundo realizan una cruzada en contra de la interrupción del embarazo.
Grupos conservadores en varios países del mundo realizan una cruzada en contra de la interrupción del embarazo.

Presiones antiabortistas

En diciembre, Texas introdujo duras penas de cárcel y una multa de 10.000 dólares para quien recete medicamentos abortivos por telemedicina. En total, 15 estados introdujeron el año pasado proyectos de ley para restringir el aborto con medicamentos; nueve de ellos fueron promulgados. En muchas partes del país, las mujeres seguirán teniendo que cruzar las fronteras estatales si quieren abortar.

Pero la eliminación del requisito de acudir en persona facilitará las cosas. Lauren Dubey, enfermera y cofundadora de Choix, una startup de telesalud sexual y reproductiva que ofrece atención asíncrona (prescindiendo de la necesidad de una consulta en directo), dice que una mujer puede pedir las píldoras a una dirección en un estado donde esto sea legal y viajar cuando pueda, sin tener que acudir a una cita. Añade que permitir que las mujeres pidan las píldoras por correo liberará capacidad en las clínicas de ladrillo y cemento para aquellas que necesiten atención en persona -mujeres cuyos embarazos han superado el punto de las 10 semanas, por ejemplo, o que quieren mantener su aborto en secreto ante su pareja o sus padres. (DLH)

Expectativa por fallo

Si el Tribunal Supremo anula este año el caso Roe contra Wade, como muchos esperan que ocurra cuando se pronuncie sobre un caso relacionado con la prohibición de Misisppi de la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo, las ventajas del aborto por correo serán aún más evidentes. Casi la mitad de los estados de EE.UU. prohibirían la mayoría de los abortos si Roe fuera eliminado.

Los activistas por el derecho al aborto se esfuerzan por concienciar a la población de que la medicación abortiva es una opción segura. Algunos subrayan que está disponible incluso cuando no es legal: Aid Access, una organización benéfica con sede en Europa, prescribe y envía los medicamentos a las mujeres de cualquier estado. Ha visto un aumento de la demanda en Texas desde que la mayoría de los abortos se prohibieron allí. Las mujeres también pueden comprar las píldoras directamente en farmacias extranjeras. Si se anula Roe, es probable que más mujeres obtengan medicamentos abortivos de esta manera, diga lo que diga la FDA. (DLH)

Cuando la mifepristona no está disponible, la OMS recomienda el misoprostol.
La mifepristona no es un medicamento registrado actualmente en Ecuador.

Salvadoreñas piden liberación de acusadas de aborto

Elsy (I.), Kenia, Evelyn y Karen posan durante una conferencia de prensa tras ser liberadas al cumplir penas de cárcel.

En los pasados 20 años, 181 mujeres salvadoreñas fueron procesadas; actualmente, 8 continúan presas.

Redacción SAN SALVADOR

Cuatro mujeres condenadas a penas de prisión por supuesto aborto y liberadas recientemente en El Salvador abogaron este 22 de febrero por la libertad de al menos 8 salvadoreñas que siguen presas tras sufrir emergencias obstétricas.

De acuerdo con cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, son 7 salvadoreñas las que tienen condenas en firme, una enfrenta un proceso penal en prisión y otras cuatro son procesadas en libertad.

Kenia, quien sufrió una emergencia obstétrica a sus 17 años y pasó 9 años en la cárcel, pidió en una conferencia de prensa que se libere a «todas las otras compañeras que están privadas de libertad por esta misma causa».

«Que se haga posible que este año también ellas puedan reencontrarse con su familia», añadió la joven, quien también denunció irregularidades en el proceso penal en el que fue condenada.

En las últimas dos décadas, unas 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas «fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador«, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. (EFE)

¿Culpable?, ¡el violador!

LUIS COELLO KUON YENG

La Asamblea Nacional tuvo que modificar cuatro veces el artículo 19 del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo por violación de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, para obtener al menos 75 votos que viabilizaron la aprobación del texto que pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto.

El aborto por violación podrá realizarse hasta las 12 semanas para mujeres mayores a los 18 años de edad, con excepción de las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y nacionalidades indígenas quienes podrán hacerlo hasta las 18 semanas de embarazo. Obtuvo 75 votos a favor, 14 abstenciones, 41 votos en contra y se registraron 7 ausentes. Así como otras cuestiones como el matrimonio igualitario, la adopción por parte de personas del mismo sexo, este tema no logra consensos mínimos y son tan polarizados (las posturas), que generan fricción entre la ciudadanía.

Quienes se decantan por estar en contra del aborto debido a violación, llaman a los pro abortos: “asesinos”, “inmisericordes”. Asimismo quienes están a favor de la interrupción del embarazo soslayan a los pro vida como: “retrógrados”, “impiadosos”. Los comentarios pro vida señalan a los asambleístas como “carniceros”, mientras que los pro aborto les dicen a los asambleítas “exiguos regateadores”.

Una mujer violada es una mujer mancillada, una mujer sometida a un acto protervo – atroz – desdeñable, una mujer violada es vulnerada siendo afectada su anatomía muchas veces desflorada cruelmente; sobre todo cuando la violación es cometida por algunos individuos. ¿Pensamos en sus cicatrices, no solo físicas por la acción violenta, sino psicológicas? Un embarazo en una niña o adolescente, que cabe destacar, no están sus cuerpos todavía preparados para un embarazo; son situaciones de extremo riesgo que ponen en condiciones difíciles a su vida.

Si se tiene una filosofía clara sobre este tema, está bien, sin embargo, lo que sí pido es que a la mujer violada que decidirá interrumpir su embarazo, se le respete su decisión, no la señalemos ni hablemos mal de ella. Suficiente escarnio con el ultraje, que ser luego señaladas por su decisión personal. Si buscamos un culpable; es el violador.