Comisión recomienda devolver aborto por violación a la Corte Constitucional

El aborto en casos de violación está despenalizado en Ecuador desde abril de 2021.

La decisión se tomó puesto que el veto de Guillermo Lasso menciona supuestas violaciones a principios y derechos establecidos en la Constitución.

Con ocho votos a favor, uno en contra una ausencia, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, recomendó al Pleno remitir el veto presidencial de reglamento del aborto por violación a la Corte Constitucional (CC), organismo donde se despenalizó esta causal de la interrupción del embarazo en abril de 2021.

Que el texto vuelva a la CC, según los legisladores, responde a que en su veto parcial, el presidente Guillermo Lasso menciona supuestas violaciones a principios y derechos establecidos en la Constitución.

La asambleísta Johanna Moreira solicitó un cambio agregar un párrafo en el que deje claro que la mesa se ratifica en su texto inicial donde los plazos para el aborto por violación son más amplios en casos de menores de edad y mujeres rurales. 

El Pleno decide

Será el Pleno de la Asamblea el que decida si el texto regresa a la CC. Mientras no se pronuncie la Corte, queda suspendido el plazo de 30 días que tiene el Pleno para resolver el veto.

Movimientos feministas rechazan veto parcial a la Ley del Aborto en caso de violación

Colectivos y grupos feministas llegaron a la Asamblea para rechazar veto del Ejecutivo.

Según las organizaciones feministas unas 20.052 niñas menores de 14 años dieron a luz en Ecuador entre 2008 y 2018.

Mujeres de más de 60 colectivos y movimientos feministas de 14 provincias del país se concentraron, este sábado 20 de marzo de 2022, en la Asamblea Nacional para rechazar la decisión del Ejecutivo de vetar parcialmente la Ley de Aborto en caso de violación.

La objeción parcial propone unificar el plazo de la interrupción del embarazo a 12 semanas para zonas urbanas y rurales.

La activista Rosa López Machuca, quien explicó que la violencia sexual, especialmente a niñas y adolescentes, se incrementó a raíz de la pandemia, rechazó el veto presidencial, porque desestima esa y otras realidades.

Argumentó que de 14 denuncias diarias por violación presentadas ante la Fiscalía, tres se refieren a menores de 14 años.  Siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día. La gran parte son producto de violaciones perpetradas por un adulto conocido y muchas veces no presentan las denuncias en el tiempo que calculan los políticos.

Segundo país de la región

López dijo que esta situación ha convertido al Ecuador en el segundo país de la región con el índice más alto de embarazos adolescentes. La mayoría de las víctimas son pobres o se encuentran en condición de movilidad humana.

Según las organizaciones feministas, unas 20.052 niñas menores de 14 años dieron a luz en Ecuador entre 2008 y 2018. Todas fueron atendidas en el sistema de salud y la respuesta que recibieron fue la de continuar el embarazo. No fueron derivadas al sistema de administración de justicia.

Denuncia formal

Elena Larrea, presidenta del Consejo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Imbabura, consideró que otra de las vulneraciones consiste en incorporar una denuncia formal, como uno de los requisitos para justificar la interrupción del embarazo.

Esta  previsto que el encuentro concluya a las 17:00 con la Declaración de Quito.  Se trata de un pronunciamiento de los colectivos participantes que exigen a la Asamblea Nacional defender la ley que fue aprobada por esta función del Estado el 17 de febrero porque la vida de las niñas, adolescentes, mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual está en riesgo al dejarlas en la indefensión y sin alternativas para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en caso de violación. (SC)

Idaho bloquea los abortos

Medida. Está previsto que la legislación entre en vigor en un plazo de 30 días

El estado prohibió la interrupción del embarazo luego de la sexta semana y autorizó a familiares a demandar a autores del aborto.

Redacción WASHINGTON

Idaho se convirtió este 23 de marzo en el segundo estado de EE.UU. en aprobar un veto casi total al aborto, similar al de Texas, y prohíbe esta intervención a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.

El gobernador de Idaho, el republicano Brad Little, firmó este miércoles la legislación que ya había sido aprobada por las dos cámaras del Parlamento estatal, donde los republicanos tienen mayoría.

Está previsto que la legislación entre en vigor en un plazo de 30 días, aunque es probable que su legalidad sea desafiada ante la Justicia.

Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país, tiene tres centros en Idaho y ya advirtió que no ofrecerá abortos pasadas las seis semanas si finalmente la ley entra en vigor.

La ley de Idaho permite al padre, abuelos, hermanos y tíos del feto presentar una demanda contra quienes hayan ayudado a la mujer embarazada a abortar en un plazo de cuatro años desde que se practique el procedimiento y establece una indemnización mínima de 20.000 dólares por daños. (EFE)

No importa ‘la otra mitad’

“Existe la posibilidad de que una mujer violentada pueda hacerse un examen médico a los cinco días del acto de violación y ya se puede conocer si se ha producido un embarazo”, dijo el presidente Guillermo Lasso en una reciente entrevista, tras la asesoría de “científicos y médicos”. Justificó así su veto parcial a la Ley de Interrupción del Embarazo por Violación que, entre otros puntos, redujo en seis semanas el plazo para que niñas, adolescentes y mujeres de las zonas rurales violadas aborten. Juzgó también que la ley original establecía “condiciones que favorecen el aborto libre”.

La visión de realidad y las prioridades del presidente Lasso con respecto al aborto por violación –como demuestran esas declaraciones–dificultan un desenlace sensato. El mandatario parece negarse a entender que una niña pobre de una zona rural, violada por uno de sus familiares cercanos y presionada para callar ante la atrocidad, no tiene los recursos ni el criterio necesarios para hacerse un examen en cinco días; peor aun para un trámite en una notaría, acudir a la fiscalía o debatir con un empleado de la salud pública con reparos de conciencia.

Negarles un auxilio a esas víctimas no parece importarle a un presidente cuya verdadera preocupación solo es cerrar cualquier posibilidad de “aborto libre”.

Ahora, el Legislativo tendrá 30 días para ratificarse en el texto que aprobó en un inicio, para lo cual necesita 92 votos a favor. Si no, la norma entrará en vigencia con las modificaciones del presidente. Límites gestacionales, requisitos inaccesibles; los derechos de una minoría pobre y vulnerable se ven sujetos al capricho de una clase privilegiada que no quiere ver cómo vive ‘la otra mitad’.

FRASES DEL DÍA

«Tenemos que interpretar el mal humor como un signo de inferioridad.

Alfred Adler (1870-1937), psicólogo austríaco

«Los muertos van a menudo a sus tumbas envueltos en mentiras.

Siri Hustvedt (1955), escritora

Lasso dice que el aborto es una excepción, no un derecho

Lasso considera que versión de reglamento de la Asamblea promueve el aborto libre.

El Presidente de la República defendió el veto parcial que estableció sobre el reglamento que regulará el aborto por violación. 

El presidente Guillermo Lasso justificó este martes (23 de marzo de 2022) su veto parcial al reglamento que regula el aborto por violación, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, al considerar que este prácticamente estableció «condiciones que favorecen el aborto libre«.

Lasso, de tendencia conservadora, recordó que un fallo de la Corte Constitucional (CC) de abril de 2021 despenalizaba el aborto por violación y mandaba a la Asamblea Nacional a establecer los plazos para la intervención.

Así, en febrero pasado, la Asamblea estableció que toda mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.

La Asamblea Nacional «excede las facultades que le otorga la Corte Constitucional y, prácticamente, establece unas condiciones que favorecen al aborto libre«, opinó Lasso.

Por ello, el pasado 15 de marzo, el gobernante vetó de forma parcial el reglamento aprobado en la Asamblea Nacional y, entre otras cosas, no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para casos ocurridos en áreas rurales, y sugirió que se unifique el plazo de 12 semanas.

«No es un derecho, es una excepción»

En el programa «Encontrémonos por la ciudadanía», en el que cada semana invita a dos periodistas de diferentes medios, Lasso dijo en respuesta a una pregunta de Efe que en su decisión respetó el fallo de la CC, y por ello reglamentó «una excepción«. «No es un derecho, es un caso excepcional», puntualizó.

Aseveró que se asesoró con científicos y médicos, y «en el caso de una violación, existe la posibilidad de que una mujer violentada pueda hacerse un examen médico a los cinco días del acto de violación, y se puede conocer si se ha producido o no el embarazo».

Por lo tanto «las 12 semanas es un plazo realmente en exceso», dijo antes de recordar que, aunque defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo que hizo fue «igualar los plazos y no mover esas 12 semanas que decidió la Asamblea Nacional».

Asimismo, dijo que puso «un poco de orden» en temas como la objeción de conciencia porque «prácticamente era un aborto libre, donde un médico no podía rechazar la posibilidad de inducir un aborto«, y «eso es realmente inaceptable».

«Así que hemos puesto orden en el caos que construyó la Asamblea Nacional al excederse de las facultades que le entregó la Corte Constitucional en el dictamen de abril de 2021», reiteró.

Al anunciar el veto parcial, Lasso propuso «requisitos» para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.

En manos de la Asamblea

La Asamblea Nacional tendrá un mes de plazo para ratificar su resolución original, para lo que necesitará una mayoría de dos tercios (92 votos), o para aceptar las propuestas del Ejecutivo, lo que puede aprobar con mayoría simple (la mitad más uno de votos).

Adopte o no la propuesta del presidente Lasso, el Legislativo no podrá exceder en su trámite el plazo estipulado, pues de lo contrario el texto presidencial se aprobará por fuerza de ley.

La decisión de Lasso ha puesto en alerta a las organizaciones feministas, que rechazan la decisión del gobernante.

Agrupadas en la Plataforma Nacional (OLA), consideran que las decisiones de Lasso «provocarán que el 95% de las sobrevivientes de violencia sexual no puedan acceder al aborto por violación».

Opinan que el veto incumple el mandato de la Corte Constitucional de garantizar «que sus actuaciones respeten y garanticen los derechos reconocidos en la Constitución e internacionales de derechos humanos».

Los grupos feministas opinan que Lasso «ha adecuado argumentos científicos, jurídicos y bioéticos conforme a sus dogmas religiosos y convicciones personales, abusando del poder político que su cargo le significa». EFE

El veto de la misoginia

Tal y como se esperaba, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la Ley de Interrupción del Embarazo por Violación. Con esto, el gobierno insiste en desafiar el dictamen de la Corte Constitucional y en imponer sus juicios de inspiración religiosa sobre un Estado que es, constitucionalmente, laico. A todas luces, los argumentos del mandatario no son objeciones derivadas de un análisis bienintencionado, sino meras racionalizaciones, simples pretextos, para imponer sus propios prejuicios.

Poco importó la advertencia de que organismos internacionales sobre la naturaleza discriminatoria de los plazos limitantes del aborto en caso de violación.

En nombre de la igualdad, el presidente insiste en un límite de 12 semanas de gestación para todas las víctimas de violación que opten por abortar, sin importar su edad o procedencia. Esto reduciría las posibilidades de acceder a un aborto a mujeres y niñas violadas, de escasos recursos, de zonas alejadas o que viven torturadas bajo abuso intrafamiliar.

Asimismo, el veto hace hincapié en la objeción de conciencia, pese a que ello implicaría que funcionarios del Estado podrían contradecir los principios constitucionales y vulnerar derechos de las víctimas. Por último, impone requisitos que resultarían excluyentes y revictimizantes.

En defensa de sus creencias y consternado ante la posibilidad de que mujeres que no hayan sido víctimas de violación aborten amparadas por esta ley, el régimen prefiere limitar derechos y correr el riesgo de que niñas y víctimas se vean obligadas a ser madres. Mal consiguen disimular su falta de empatía e íntima aversión a las mujeres y niñas violadas.

FRASE DEL DÍA

«No hay que rechazar las recompensas oficiales; lo que hay que hacer es no merecerlas.”

Jean Cocteau (1889-1963), dramaturgo francés

Feministas tildan veto de Guillermo Lasso de misógino y revictimizante

REALIDAD. Se estima que en Ecuador diariamente siete niñas menores de 14 años dan a luz.

La Asamblea Nacional puede hacerle frente, con 92 votos, al veto parcial de Guillermo Lasso que exige requisitos para acceder al aborto por violación.

Imagine una niña de 14 años que vive en Sabiango, una pequeña parroquia al suroeste de Loja. Ahí no hay notarías, la más cercana está en Sozoranga a 13 kilómetros, pero la mayoría de trámites se hacen en Malacatos a 188 kilómetros, es decir, a 3 horas y 44 minutos de distancia. Mientras que en el subcentro de salud trabajan seis personas y dos son médicos.

La niña es violada y queda embarazada (cada día hay 14 denuncias por violación en Ecuador). La menor decide acceder a un aborto, aunque depende de que uno de los dos médicos no se oponga anteponiendo la objeción de conciencia.

Además, debería viajar a una notaría para hacer una declaración juramentada, por la que tendría que pagar $90, dinero que posiblemente su familia no tiene.

Si no tiene recursos podría presentar una denuncia ante la Fiscalía (que tampoco tiene dependencia en Sabiango) y repetir más de una vez los detalles de la violación. Todo conlleva tiempo, dinero y revictimización. Eso sin contar que si la niña se entera de su embarazo después de las 12 semanas de gestación, no le queda otra opción que ser madre.

Está en manos de la Asamblea Nacional que este caso, no sea una realidad.

 Veto misógino y revictimizante

El 15 de marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea un veto parcial a la ley del aborto en casos de violación.

Entre sus observaciones está establecer requisitos para acceder a un aborto en casos de violación ya que la Asamblea en su texto detalla que: “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna”. Sin embargo, Lasso exige que se fijen requisitos, sea denuncia, examen médico o declaración jurada. “Se permitirá la práctica del aborto consentido en caso de violación, únicamente si se cumple uno de los siguientes requisitos”, detalla el texto.

La médica y presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, califica al veto como revictimizante y misógino. Con las trabas hacia el acceso del aborto se promueve “la muerte y complicación en la salud integral de la mujeres, porque obstaculiza el acceso al sistema de salud y promueve la clandestinidad”.

Gómez de la Torre destaca además que es ilógico establecer requisitos cuando, incluso por ley, se establece que a toda niña embarazada se la considera víctima de violación. Pero además, destaca que la denuncia es un proceso revictimizante que va en contra de la intimidad de la mujer.

Por su parte, la abogada constitucionalista, Angélica Porras, detalla que determinar requisitos va en contra de la sentencia de la Corte Constitucional “que prohíbe que se introduzca en la Ley hacer una denuncia o declaración juramentada”.

Gómez de la Torre agrega que el solicitar un examen médico que demuestre la violación no tiene sentido cuando hay niñas y mujeres que son sistemáticamente abusadas y que, al quedar embarazadas, no denuncian el hecho al día siguiente, cuando se podría recabar las pruebas. Además, destaca que “el examen no siempre va a determinar una violación, porque para el sistema hay violación solo si se ven signos de violencia y no, no siempre el abuso sucede así”, detaca.

 “Igualdad” acortando plazos

 En el texto aprobado por la Asamblea, las mujeres mayores de 18 años podían acceder a un aborto por violación hasta la 12 semanas de gestación. Mientras que las niñas y mujeres en la ruralidad tenían un plazo de 18 semanas.

 El veto unifica a 12 semanas para todas. Según esto, garantiza la igualdad ante la ley. Para las expertas en salud y leyes esto muestra un ímpetu por forzar a la maternidad a las niñas y mujeres que han sido agredidas sexualmente.

Las trabas también se detallan en que los médicos podrán objetar de conciencia de forma personal, colectiva o institucional, este último no se dará en hospitales públicos.

Para Gómez de la Torre esto limita el derecho a la salud ya que los médicos pueden negarse a practicar un aborto a una mujer violada. Esto se agrava más en sectores rurales donde hay un médico por comunidad.

Asamblea puede hacerle frente a Lasso

Las observaciones de Guillermo Lasso fueron enviadas a la Asamblea Nacional, que tiene dos caminos: tratar el veto que puede dividirse en allanarse, aceptar el veto parcial y pasar el texto al Registro Oficial, o enmendar el proyecto sobre la base del veto y cambiar ciertos artículos. Para enmendar se requieren  70 votos.

 El otro camino sería ratificarse en el proceso inicial, es decir, el texto elaborado por la Asamblea.  Para esto se requieren votos de las dos terceras partes de los legisladores, o sea 92 votos. (AVV)

  • De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en promedio se reciben   14   denuncias de violación por día, tres de ellas de niñas menores de 14  años.
  • Siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual por un adulto conocido.
  • Ecuador es el segundo país de la región con el índice más alto de embarazo en adolescentes. Además, quienes más enfrentan embarazos no deseados son las niñas y adolescentes más empobrecidas.
  • En las adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces másque en mujeres mayores de 20 años.

FUENTE: Plan Internacional, OMS

 

“El veto representa una posición misógina y machista desde el Estado. Toda niña embarazada ha sido violada, no hay más prueba que esa”, Virginia Gómez de la Torre, médica y miembro de Fundación Desafío.

“La violación es un delito de investigación pública. Le corresponde a la Fiscalía investigar con o sin denuncia. No se le puede exigir a una niña o mujer violentada que haga una declaración o ir hasta la ciudad más cercana para hacer una denuncia”, Angélica Porras, abogada-constitucionalista.

Guatemala archiva ley contra aborto y diversidad sexual

Ciudadanos guatemaltecos protestan contra la ley antiaborto y antiminorías.

La norma había sido aprobada la semana anterior y produjo una reacción social negativa que llevó al Congreso guatemalteco a dar marcha atrás.

CIUDAD DE GUATEMALA. El Congreso de Guatemala archivó la noche del martes (15 de marzo de 2022) la polémica ley que había aprobado hace una semana y con la que buscaba combatir el aborto y a «grupos minoritarios» que son «incongruentes con la moral cristiana».

Los diputados guatemaltecos dieron así marcha atrás a sus objetivos de promover la ley, ante la presión de sectores sociales e internacionales que manifestaron en sus últimos días su oposición a la nueva normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia.

El polémico nuevo estatuto contra el aborto y las minorías fue aprobado el 8 de marzo con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y ocho en contra (la mayoría de la agrupación política Semilla), además de 50 ausentes.

Sin embargo, fue el mismo Giammattei el que indicó en un mensaje a la población el pasado 10 de marzo que vetaría la ley porque violaba la Constitución guatemalteca, además de varios tratados internacionales.

La decisión de archivar la ley fue tomada este martes con el voto de 119 de los 160 diputados que componen el Organismo Legislativo del país centroamericano, incluyendo la gran mayoría de los que habían aprobado la normativa el pasado 8 de marzo.

El diputado Bernardo Arévalo, de la agrupación política de oposición Semilla, aseguró este martes ante el pleno del Parlamento que «la vergüenza no va a pasar rápido» para los legisladores que aprobaron inicialmente la ley.

«La vergüenza la conoce el pueblo de Guatemala, que sabe quienes votaron en contra de esto y sabe quienes aprobaron un texto que era inconstitucional y que lleva al presidente a pedir que lo archiven», dijo Arévalo, cuya agrupación nació de la lucha anticorrupción en Guatemala durante 2015.

La ley archivada

La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 por el partido conservador Viva hasta su aprobación el 8 de marzo pasado, aumentaba las penas de cárcel para mujeres que abortaran, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y elevaba los castigos a penas de hasta 5 años de prisión como mínimo y hasta 50 años en algunos casos.

De igual forma, la normativa prohibía enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

El Congreso aseveró el 8 de marzo que la ley debía aprobarse «considerando» la «existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana».

Pese a que Giammattei dijo el 10 de marzo que vetaría el nuevo estatuto, expertos legales en el tema insistían en que existía la posibilidad de que el Congreso aprobara la ley sin el voto de respaldo del presidente, como establece la Constitución guatemalteca.

Sin embargo, los diputados finalmente dieron marcha atrás este martes a la normativa, decretada un día antes de que Guatemala fuera designado por un congreso cristiano como «Capital Iberoamericana Provida».

En dicho Congreso, cuya jornada inaugural tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) estuvieron presentes Giammattei y la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

«¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas», aseguró el mandatario guatemalteco durante su intervención en el evento.

Alrededor de un centenar de personas se presentaron en las afueras del Congreso guatemalteco, en la capital del país, para exponer su inconformidad con la nueva ley y celebraron el archivo de la misma.

La organización humanitaria Amnistía Internacional había indicado la semana pasada mediante la directora para América, Erika Guevara Rosas, que la normativa aprobada por el Congreso guatemalteco fomentaba «el odio y la discriminación» y no protegía «a las familias ni a las vidas». EFE

Guillermo Lasso hace cambios al aborto por violación

En abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación.

El Presidente vetó parcialmente la Ley, en los plazos para interrupción del embarazo y requisitos.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reveló este martes 15 de marzo de 2022, su decisión sobre la norma aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) que regula el aborto por violación.

El Presidente detalló que sus observaciones van dirigidas a los plazos y dijo que la interrupción del embarazo, en caso de violación, será a las 12 semanas en todos los casos. La Asamblea Nacional había estipulado 12 semanas para mayores de 18 años y 18 semanas para mujeres menores de edad y de áreas rurales.

También estipula que existan requisitos para acceder a un aborto por violación, ya que la Asamblea Nacional no los establece.

En abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. La resolución fue aprobada por el pleno de la Corte con siete votos a favor y las reservas de dos magistradas, en un dictamen que declaró inconstitucionales dos cláusulas del Código Integral Penal (COIP) y abrió la posibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos en los que se constate una violación. (AVV)