Según las organizaciones feministas unas 20.052 niñas menores de 14 años dieron a luz en Ecuador entre 2008 y 2018.
Mujeres de más de 60 colectivos y movimientos feministas de 14 provincias del país se concentraron, este sábado 20 de marzo de 2022, en la Asamblea Nacional para rechazar la decisión del Ejecutivo de vetar parcialmente la Ley de Aborto en caso de violación.
La objeción parcial propone unificar el plazo de la interrupción del embarazo a 12 semanas para zonas urbanas y rurales.
La activista Rosa López Machuca, quien explicó que la violencia sexual, especialmente a niñas y adolescentes, se incrementó a raíz de la pandemia, rechazó el veto presidencial, porque desestima esa y otras realidades.
Argumentó que de 14 denuncias diarias por violación presentadas ante la Fiscalía, tres se refieren a menores de 14 años. Siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día. La gran parte son producto de violaciones perpetradas por un adulto conocido y muchas veces no presentan las denuncias en el tiempo que calculan los políticos.
Segundo país de la región
López dijo que esta situación ha convertido al Ecuador en el segundo país de la región con el índice más alto de embarazos adolescentes. La mayoría de las víctimas son pobres o se encuentran en condición de movilidad humana.
Según las organizaciones feministas, unas 20.052 niñas menores de 14 años dieron a luz en Ecuador entre 2008 y 2018. Todas fueron atendidas en el sistema de salud y la respuesta que recibieron fue la de continuar el embarazo. No fueron derivadas al sistema de administración de justicia.
Denuncia formal
Elena Larrea, presidenta del Consejo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Imbabura, consideró que otra de las vulneraciones consiste en incorporar una denuncia formal, como uno de los requisitos para justificar la interrupción del embarazo.
Esta previsto que el encuentro concluya a las 17:00 con la Declaración de Quito. Se trata de un pronunciamiento de los colectivos participantes que exigen a la Asamblea Nacional defender la ley que fue aprobada por esta función del Estado el 17 de febrero porque la vida de las niñas, adolescentes, mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual está en riesgo al dejarlas en la indefensión y sin alternativas para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en caso de violación. (SC)