El Presupuesto del Estado es el instrumento en donde se reflejan los ingresos con los que cuenta un Gobierno, para cubrir los diferentes gastos que permiten atender los servicios públicos y otras demandas de la población.
Los ingresos provienen de los impuestos que pagan las personas y empresas, y de las exportaciones de petróleo. Con tales ingresos se pagan sueldos de 480.000 empleados públicos. También se cubren los gastos para el funcionamiento diario de las entidades públicas: medicinas de hospitales, operación de escuelas y colegios, viáticos, materiales, mantenimiento de vehículos, etc.
El Estado, nosotros, también pagamos a través del presupuesto, los bonos a los pobres, las transferencias al IESS, ISSFA e ISSPOL, los intereses y amortizaciones de la deuda pública, las transferencias a los Municipios y Consejos Provinciales.
Como los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, existe un déficit que se financia con préstamos que luego los pagamos todos. No solo es necesaria más deuda para cubrir el déficit, además se requieren más préstamos para pagar el capital de préstamos de años pasados, pagos pendientes a proveedores, deudas con el IESS, Certificados de Tesorería (CETES), Convenios de Liquidez, etc. Son las llamadas NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO que superan los $10.000 millones.
Como se observa en el cuadro, en el presupuesto del presente año se espera recibir $23.662 millones de ingresos, $ 16.025 millones por impuestos, $3.323
millones por la venta de petróleo, y el resto por ingresos no tributarios, venta de activos y transferencias. Los gastos previstos en 2023 ascienden a $26.292 millones. Los gastos corrientes son de $20.863 millones, superan la recaudación de impuestos. El pago de sueldos de $10.275 millones, incluidos sueldos que se ubican como inversiones, consume casi toda la recaudación de IVA e impuesto a la renta. Los ingresos no alcanzan para cubrir gastos rígidos y obligatorios como: sueldos, gasto operativo en bienes y servicios, transferencias a las seguridades sociales, bonos de los pobres, intereses de la deuda pública, transferencias a los GADs y otros. Casi no hay dólares para la inversión pública. Aún así, faltarían $2.630 millones, es decir el déficit.
Los ingresos petroleros y tributarios estaban sobreestimados en el presupuesto aprobado. En las cuentas hasta marzo, es evidente que los ingresos petroleros serán aún menores y los tributarios también. Los $1.040 millones esperados por la venta de activos (Sopladora, Monteverde), tampoco fluirán. Los $200 millones de utilidades previstos por la fracasada venta del Banco del Pacífico tampoco serán efectivos. Con estos males el déficit esperado será superior a los $4.000 millones. El Ecuador sigue crónicamente vulnerable a la reducción de los precios del petróleo.
Para reducir el déficit se requieren más ingresos por impuestos, lo cual no es posible. También el déficit se puede reducir con menos gastos, tarea también inviable ante su inflexibilidad, por el contrario, existen presiones para aumentarlos. Financiar el elevado déficit con emisión de bonos externos es imposible con un riesgo país de alrededor de los 2.000 puntos, pues, habría que pagar tasas de interés superiores al 24 por ciento.
Para cubrir las necesidades de financiamiento se esperan préstamos de $3.100 millones de los organismos multilaterales, flujo que es incierto. También se espera obtener $3.844 millones por deuda interna, tarea imposible, considerando que el IESS es el mayor comprador de bonos del Estado. Aún, si todos estos flujos de dólares se concretaren, faltarán miles de millones.
Ante estas realidades, el Estado no podrá pagar el 40 % de las pensiones al IESS, por tanto, tal organismo tendrá que consumir el ahorro del fondo de pensiones para cubrir las mismas. Además, se acumularán atrasos en el pago de las transferencias a los GADS, proveedores, etc.
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Las penurias descritas, son el resultado de la acumulación de irresponsabilidades fiscales y económicas desde 2007, agravadas por la pandemia. Políticos, trabajadores, indígenas, sectores sociales; y, élites políticas, económicas y sociales, por responsabilidad con el país y con el ejercicio de su propio quehacer, estamos obligados a tomar conciencia plena de estas realidades fiscales. Fundados en este entendimiento, tenemos la obligación patria de acotar nuestras demandas a las severas restricciones de las finanzas públicas, y elevarlas a la categoría de conciencia pública, a fin de que su cabal comprensión sea el cimiento para delinear políticas públicas, sustentables y viables, que nos conduzcan al progreso. Tarea que exige esfuerzos conjuntos de largo plazo.
La demencial irracional política que vive el Ecuador, que pretende reeditar perversos episodios de inestabilidad política del pasado, destruirá sin clemencia las ya precarias cuentas públicas, con altos costos y nefastas consecuencias para toda la sociedad, más para los pobres. Este es el primer artículo de otros posteriores, que pretenden abordar las realidades económicas, fiscales y sociales del Ecuador, y el futuro de las mismas ante la insensatez que se ha generalizado en el país.