“Fue el Estado”. Esta es la consigna de varias defensoras y movimientos de mujeres frente al femicidio de María Belén Bernal, una abogada quiteña que hace pocas semanas fue asesinada, presumiblemente por su pareja, en el contexto de una pelea con éste dentro de la Escuela Superior de Policía en Quito.
Voceros del gobierno y algunos ciudadanos se han opuesto a la tesis de que el Estado sería responsable de un hecho que, a su criterio, surgió de un conflicto de pareja. Sin embargo, tanto el contexto en el que se da la muerte de María Belén en particular, como la situación con respecto al femicidio y la violencia de género en Ecuador en general, dan cuenta de un Estado que propicia y tolera violaciones a los derechos de las mujeres, en contradicción a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Veamos por qué.
Responsabilidad estatal directa
Con respecto al caso del femicidio de Maria Belén en particular, existe responsabilidad estatal directa, porque la violación a su derecho a la vida y la integridad personal ocurren a manos de un agente estatal: Cáceres era entonces policía en servicio activo y estaba en funciones en ese momento, ostentando autoridad estatal. Aquello, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es suficiente para configurar responsabilidad estatal directa. Pero además, María Belén muere dentro de un recinto estatal, e independientemente de las condiciones posiblemente irregulares en las que llegó allá el día de su muerte, el hecho es directamente atribuible al Estado, pues éste debe responder por cualquier violación al derecho a la vida e integridad personal de todas las personas que estén, permanente o temporalmente, en cualquier instalación sometida a su control directo, como la Escuela de Policía.
En este caso además, la responsabilidad estatal directa se manifiesta por tres motivos: por la negligencia de quienes controlaban el ingreso al recinto y le permitieron entrar a pesar de aquello estar prohibido; por la tolerancia y aquiescencia de otros agentes policiales que estuvieron ahí y que presumiblemente habrían escuchado a María Belén siendo asesinada sin brindarle auxilio alguno; y porque luego, las autoridades de la Escuela no supieron dar razón del paradero de María Belén, de su destino y
de lo que ocurrió mientras estuvo en sus instalaciones. El Estado, ha dicho la Corte Interamericana, es directamente responsable por la suerte de quienes están en una instalación sujeta a su control. Luego, podríamos hablar de ese largo etcétera de acciones, omisiones y declaraciones posteriores a la muerte de María Belén, que dan cuenta de un aparataje estatal que buscaba cuando menos, justificar al presunto femicida.
Como cuando el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo dijo en medios, sobre la conducta de Cáceres, que se trataba de un “acto humano e irracional, pero humano al fin”. O cuando el Secretario Diego Ordóñez calificó de “desestabilizadoras” a las mujeres activistas que exigen justicia en este caso.
Y no hablemos del hecho de que, habiendo ya estado Cáceres bajo custodia policial, misteriosamente se escapó, y la única justificación que atinó a dar el entonces Ministro fue que se trató de “fallas de seguridad”. El Estado por tanto, falló en su deber de investigar diligentemente un posible femicidio, asegurando la integridad y efectividad del proceso, custodiando al principal sospechoso. Responsabilidad estatal pura y dura.
La captura: una luz de esperanza
La posterior captura de Cáceres en Colombia, mediante una operación conjunta entre agentes ecuatorianos, colombianos y estadounidenses, trae una luz de esperanza a la posibilidad de esclarecer los hechos del caso, y de traer justicia para las otras víctimas de ese femicidio: la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, y su hijo de once años.
El Estado es responsable de la investigación
Sin embargo, el Estado está lejos de deslindarse de su responsabilidad sobre este asunto, porque una violación de derechos humanos de esta magnitud no queda reparada por la mera captura del sospechoso.
A la luz de los estándares interamericanos esgrimidos desde el caso “Gonzáles y otras v. México”, en casos de femicidios, sobre el Estado recae un deber de debida diligencia reforzada para investigar los hechos: las autoridades deben manejar un enfoque de género cuando investigan y construyen su teoría del caso, y deben levantar evidencia a través de organismos o especialistas no vinculados a la entidad policial que está siendo escrutada. Solo cuando se sepa la verdad de lo que ocurrió la noche del femicidio de María Belén, cuando todos los implicados- no solo quien le quitó la vida sino todos aquellos que colaboraron con el femicida para ocultar el cuerpo y escapar- sean penalmente sancionados, y cuando su familia haya sido integralmente reparada, podrá decir el Estado que ya no es responsable. Pero incluso podríamos argumentar con suficiente razón jurídica, que la responsabilidad estatal por el femicidio de María Belén surgió incluso antes del mismo. Porque Ecuador es un Estado donde la violencia contra la mujer es sistemáticamente tolerada por las autoridades, existiendo índices escalofriantes de delitos contra niñas y mujeres, que mayormente quedan impunes.
El Estado tolera las violaciones
Ya decía la Corte Interamericana, en el caso “Villagrán Morales y otros v. Guatemala”, que cuando un Estado tolera que se den las condiciones para que existan violaciones de derechos humanos, falla en su obligación estatal de prevenirlas. Asimismo, en el caso “Favela Nova v. Brasil”, indicó, con respecto al deber de prevención que los Estados deben desarrollar una estrategia de prevención de la violencia de género integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva ante posibles vulneraciones. Finalmente, en “Gonzáles y otras”, señaló que la impunidad en este tipo de delitos, envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.
Femicidios en total impunidad
De acuerdo a Fundación Aldea, solo en 2022 se registraron 272 femicidios en Ecuador. En 2021, cada 44 horas una mujer fue asesinada por el hecho de serlo en el país. Según datos de la propia Fiscalía, del 2014 al 2022 se registraron en el país 1.671 denuncias por femicidio; de este total de crímenes, apenas 473 alcanzaron una sentencia condenatoria, es decir, menos del 30%.
Y no hablemos de otras formas de violencia igualmente graves. En Ecuador, 7 niñas menores de 14 años quedan embarazadas diariamente, todas producto de violación, pues jurídicamente, a esa edad, no puede existir consentimiento al mantener relaciones sexuales. Según cifras oficiales, una de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual, y más del 50% ha sufrido violencia psicológica.
Epidemia de violencia contra la mujer
Estamos, por tanto, ante una epidemia de violencia contra la mujer, frente a la cual, el Estado hace muy poco, lo hace tarde y lo hace mal. Estamos frente a una sociedad que se esfuerza por normalizar y justificar a los perpetradores de la violencia (“error humano”, “fue el alcohol”) mientras que a las mujeres se les culpa por esos actos de violencia. Porque si a una mujer le matan o le violan, los ojos no señalan al criminal que la agrede, sino a su ropa, el lugar donde estaba, si iba sola, si había bebido, si era bonita, si tenía un carácter fuerte, en fin. A la hora de justificar a quienes disponen de la vida de mujeres y niñas, excusas sobran.
El propio caso de María Belén, demuestra de manera escalofriante que las mujeres ecuatorianas tenemos que caminar entre femicidas y sus acólitos; hordas de usuarios digitales dispuestas a justificar al femicida y hasta piropearle el físico, mientras hostigan, insultan y amenazan a la madre, pidiendo justicia. Y si bien todos estamos de acuerdo en que Cáceres debe ser juzgado en un proceso con las debidas garantías, llegar a sugerir que quien debería juzgarlo es Dios solamente -un mensaje que se repitió con frecuencia esta semana- es francamente una apología a la impunidad.
La Corte Interamericana ha indicado que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. Sin embargo, en Ecuador, la evidencia reciente, derivada el caso de María Belén y de muchos otros que le antecedieron sin quizás tanta atención mediática, demuestra que el Estado poco hace para protegernos, para crear un entorno social donde la agresión sea una normalidad a la que debemos acostumbrarnos.
María Dolores Miño