El Gobierno tiene que decidir ahora si ‘destroza’ a los grupos del crimen organizado —como dijo el presidente Guillermo Lasso, citando a su colega colombiano— o si continúa la bulliciosa y espectacular guerra contra la soldadesca del hampa que, aunque dramática y cautivante, resulta interminable e inútil. El Estado ecuatoriano ha logrado cuotas históricas, de talla mundial, de incautaciones de cocaína, dictado numerosos Estados de excepción, saturado las cárceles de traficantes menores y autores materiales de crímenes, irrumpido en las zonas más ‘calientes’ del país y colocado tras las rejas a casi todos los supuestos cabecillas de los principales grupos delictivos. Sin embargo, los asesinatos continúan y el narcotráfico no se detiene.
¿Por qué? Porque por más que se haya declarado al crimen organizado como una amenaza contra el Estado, aún no se ataca el verdadero corazón de todo grupo irregular: sus finanzas y su provisión de armas.
Se han decomisado más de 300 toneladas de cocaína, pero las incautaciones de bienes mal habidos —dinero en efectivo, oro, propiedades y demás —no suman 20 millones de dólares, un valor que no se equipara siquiera con el de una sola tonelada de cocaína en el valor de mercado de los principales países consumidores. Igualmente, se han incautado alrededor de 20 mil armas —320 de ellas de uso militar—, pero no se ha desarticulado a las bandas que las ingresan al país.
En un país dolarizado, de baja bancarización y relativamente pobre, sin industria de armas interna ni en países vecinos, basta que el Estado abra los ojos y pare las orejas para dar con los verdaderos titiriteros de la ola criminal que nos aterroriza a diario… y estar dispuesto a tocar intereses poderosos.