El Estado ecuatoriano está sufriendo ataques de una virulencia y frontalidad que no se había visto en la época contemporánea. El año pasado, 73 policías fueron asesinados—más del doble que hace una década— y las proyecciones sugieren que este año serán aún más. Hechos macabros de esta semana —como la matanza de pescadores en Esmeraldas o el asesinato de un policía en una iglesia— demuestran el inusitado fervor de la violencia criminal. En dicho contexto, resultan tremendamente peligrosos para la estabilidad democrática del país incidentes como el acaecido en el Bloque 16, donde un impasse entre la comunidad waorani y la empresa petrolera estatal derivó en un ataque armado contra los soldados que custodiaban el lugar.
Ecuador no puede permitir que también la política se contagie de violencia. Cuando esto sucede, hasta las más nobles causas se pervierten y los intereses políticos se entrecruzan con los del crimen organizado al punto de paralizar la administración pública. La violencia atrae violencia; si dejamos que las armas hablen en la política, esta se tornará dominio de gángsters y pistoleros. Evitarlo requiere un trabajo conjunto.
Los sectores inconformes necesitan entender la fragilidad del momento actual y resistirse a procederes insensatos para no dar argumentos a quienes buscan una militarización y securitización del país. Del lado del Estado, es necesario entender la propensión a la violencia que reina en la sociedad en este momento; en lugar de cerrarse, este es el momento de aplicar a la negociación y al entendimiento en la política el mismo grado de esfuerzo, recursos y atención que se presta a combatir criminales.