Once heridos dejó el ataque ocurrido el 6 de abril de 2023 en la provincia de Orellana. Los comuneros dieron plazo a las autoridades de Petroecuador hasta el 14 de abril de 2023 para que den respuesta a sus demandas.
Las Fuerzas Armadas decidieron reforzar las tareas de seguridad, protección y vigilancia en las inmediaciones del Bloque Petrolero 16 (provincia de Orellana), donde el 6 de abril de 2023 ocurrió un ataque por parte de miembros de la comunidad waorani de Guiyero, quienes intentaron tomarse dichas instalaciones.
Once uniformados fueron atacados violentamente con escopetas, carabinas y lanzas, reveló el general Franklin Pico, comandante del Comando Operacional 1 Norte (con área de responsabilidad en la frontera), cuatro días después de la agresión.
Los militares, en cumplimiento de los protocolos establecidos, protegieron las instalaciones haciendo uso legítimo de la fuerza, repeliendo estas acciones y evitando un enfrentamiento mayor con los comuneros, quienes en varias oportunidades han intentado interrumpir las operaciones del bloque, bloqueando las vías, y saqueando y vandalizando algunos pozos.
Para repeler el ataque, los militares usaron equipo antimotín para aplicar el uso progresivo de la fuerza. “Se logró conversar con los comuneros a quienes se les hizo notar que las acciones que emprendieron no fueron las adecuadas; el mensaje fue entendido, y se retiraron del sector”, contó el comandante Pico, quien dijo que para el control de la zona se sumará personal de otras unidades.
Plazo y demandas
Los comuneros dieron plazo a Petroecuador y al Ministerio de Energía hasta el 14 de abril para que den respuesta a sus demandas.
“A nosotros no nos imponen esa fecha, la fecha no es para nosotros, las Fuerzas Armadas seguirán dando seguridad hasta que se solucione el problema”, señaló Pico.
Los comuneros ejercen presión para que el pozo vuelva a ser manejado por la empresa privada Petrolia. “No sabemos por qué, pero no quieren que Petroecuador continúe en la zona”, comentó el oficial.
Las Fuerzas Armadas denunciaron el hecho ante las autoridades competentes y rechazaron este tipo de ataques que lesionan la paz ciudadana y crean incertidumbre en la comunidad. También aseguraron que continuarán cumpliendo su deber de proteger la soberanía, la integridad territorial y los bienes estratégicos de la nación.
Según información de la Fuerza Terrestre, dos soldados que presentaban heridas graves fueron trasladados al Hospital Militar en Quito. El sargento Isaías Hurtado fue dado de alta el domingo 9 de abril para su recuperación, y el cabo Diego Cujilema aún está hospitalizado, mientras le realizan exámenes médicos en su ojo derecho. Los otros nueve uniformados que fueron trasladados al hospital del Coca permanecen estables.
Uso de la fuerza
Los militares cuentan con herramientas para ejecutar el uso progresivo y legítimo de la fuerza como el gas lacrimógeno, pero el momento que un uniformado decida usar un arma, y no justifique ante las autoridades que primero realizó el uso progresivo, “igual se realizará el debido proceso”, dijo Franklin Pico.
Este militar hizo un llamado a las autoridades de justicia para que se comprenda la misión y el riesgo que viven a diario. ”En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) está prevista la creación de salas especializadas para que jueces o fiscales conozcan los casos de la fuerza pública. Esto aún no se implementa, pero sería un gran apoyo porque tendrían mayores elementos para juzgar eventuales casos”, señaló. (SC)
Normativa internacional
Fuentes militares, dicen que Ecuador es uno de los países suscriptores del “Código para Servidores Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1973, y están facultados por su reglamento para hacer uso de armas.
La normativa determina emplear el armamento de forma correcta para poder detener la agresión con el uso progresivo de la fuerza: gas lacrimógeno, un disparo de advertencia, un disparo de prevención, un disparo de alerta y neutralización.
La institución militar hizo un llamado a la población para aportar positivamente al restablecimiento de la paz y la tranquilidad en el país.
”En el COIP se prevé la creación de salas especializadas para que jueces o fiscales conozcan los casos de la fuerza pública. Esto aún no se implementa, pero sería un gran apoyo porque tendrían mayores elementos para juzgar eventuales casos”.
Franklin Pico, comandante del Comando Operacional 1 Norte.