Los recursos servirían para pagar más de $30 millones por concepto de jubilación patronal, $13’270.000 por reintegros y reparaciones, $16 millones para mantenimiento y repotenciación de estructura física.
Cecilia Pareja, jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, debe decidir sobre la acción de protección presentada por el titular del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, el 3 de abril de 2023, en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y que se sustanció en una audiencia pública el 10 de abril.
Terán pide que en un plazo de 48 horas (a partir de la resolución de la jueza), Lasso disponga que el Ministerio de Finanzas, desembolse $265’650.998 a la Judicatura. El monto constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal de 2023, se refiere en la demanda.
Según el Presidente de la Judicatura, el requerimiento presupuestario también es una medida de reparación a favor de 9.396 “víctimas” por la falta de recursos para la Función Judicial.
Los recursos solicitados servirían para pagar -de acuerdo con registros públicos de las direcciones de Talento Humano y Financiera del CJ- más de $30 millones por concepto de jubilación patronal de jueces y funcionarios jurisdiccionales administrativos. “Esta situación genera una vulneración a los derechos constitucionales”, señala Terán en su demanda.
También pide un recargo del 10% por cada día de retraso en las asignaciones.
Asimismo, para el pago de una deuda de $13’270.066 con funcionarios judiciales, por concepto de reintegros y reparaciones.
Infraestructura
Con los recursos que desembolse el Ministerio de Finanzas, también se cubrirá un déficit presupuestario de $16 millones para el mantenimiento y repotenciación de estructura física.
Según Terán, este faltante económico demuestra la vulneración del derecho al trabajo digno de los abogados. Detalló, por ejemplo, que en el país existen 241 infraestructuras judiciales de las cuales 100 son arrendadas y otras 21 son por convenio. Doce de estas están en estado precario.
Entre los hechos que, según Terán, demuestran las vulneraciones del derecho a la defensa, acceso a la justicia y tutela judicial de los usuarios de la administración de justicia, es que Ecuador posee 1.944 jueces, es decir, un promedio de nueve jueces de primer nivel y dos jueces de segundo nivel (provincial) por cada 100.000 habitantes.
Según información de la Unidad del Acceso Público de la Judicatura, Ecuador posee dentro del talento humano de los órganos judiciales 1.926 jueces, 1.335 secretarios, y 2.690 ayudantes judiciales.
“El país no posee el número suficiente de jueces para garantizar que los usuarios del sistema judicial ejerzan sus derechos, pues el número de administradores no es suficiente para garantizar la aplicación del principio de celeridad”, señaló Terán.
Agregó que el 99% de la flota de vehículos de la Judicatura cumplió su vida útil. Se requiere mayor inversión de recursos para el mantenimiento. Para el concurso de méritos y oposición del banco de elegibles, carrera fiscales y fiscales provinciales, se requiere más de $1’700.000.
Argumentos del Gobierno
Luis Riofrío, asesor jurídico del Ministerio de Finanzas, aseguró que en los últimos diez años el Estado entregó $4.497 millones a la Función Judicial, pero ha habido una ejecución únicamente del 85%. Es decir, 500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales.
El funcionario pidió a la jueza desechar la acción de protección y afirmó que no existe un sustento jurídico para asegurar que hubo una errónea asignación de recursos.
Añadió que en la demanda no se argumenta cuáles serán los mecanismos para subsanar las violaciones de las supuestas “víctimas”, sino que se pide una asignación adicional para la Judicatura, que no se sabe cómo se va a gastar.
Antes de emitir su dictamen, la jueza Cecilia Pareja pidió a las partes procesales que remitan, en un plazo de cinco días, las fechas en que se entregaron las asignaciones presupuestarias desde 2013, y que se determine cuáles fueron los productos que no se ejecutaron por parte del Consejo de la Judicatura. (SC)
Placas en las unidades
Ante la vulneración de derechos constitucionales, el presidente del Consejo de la Judicatura pide a la Presidencia de la República que se coloque una placa visible en cada dependencia judicial del país con el texto “En el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y autonomía de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Ejecutivo al Poder Judicial”.
Además, que “se le condene” al Ejecutivo, en un plazo de 30 días, a asignar a la Función Judicial el presupuesto planificado por una comisión técnica institucional de esta función de Estado para que se adquieran terrenos y se construyan edificaciones operativas, de acuerdo a estándares internacionales de arquitectura judicial que doten de seguridad, confort e inclusión en ambientes amigables donde se unifique la sede jurisdiccional, la sede fiscal y la sede defensorial.
La resolución sobre la acción de protección contra Guillermo Lasso se conocerá el 19 de abril
La acción de protección, contenida en 101 páginas, se sustanció en una audiencia pública el 10 de abril de 2023 en la sede del Complejo Judicial Norte, en Quito.