El Presidente del Consejo de la Judicatura habla sobre la demanda en contra del Gobierno por la asignación presupuestaria y su pasado judicial.
El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario de la Función Judicial. Su actual presidente, el exjuez nacional Wilman Terán, habla sobre las razones que hay detrás de ese pedido, que lo hizo a título personal.
Pero también sobre el respaldo de la Corte Nacional de Justicia a sus acciones y de los rumores sobre su presunta cercanía al correísmo.
P. El Gobierno asegura que hay una devolución de $500 millones por parte de la Justicia. No utilizados. ¿Es real?
Acá vemos que son mecanismos con los cuales el Gobierno dice que incentiva el ahorro a través de la dosificación, según sus propias políticas al presupuesto. Porque cuando se asigna el presupuesto, no es que la entidad tiene una chequera, sino que se programa el Ministerio de Finanzas a entregar acorde a sus propios modos y formas, que no responden íntegramente al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
P. ¿Hubo ineficiencia de las anteriores administraciones del Consejo de la Judicatura? Por ejemplo, en las jubilaciones.
El tema de jubilaciones es muy preocupante. Si tomamos en cuenta los escasos valores, los rubros que ha dado el Gobierno del presupuesto hacia la entidad, le entrega el valor de nómina y el valor de mantenimiento de las edificaciones. No le entrega el extra que se le pide, que necesita para jubilarse. Pues hay recortes. Así, por ejemplo, este año hubo un recorte muy considerable, se pide al presupuesto general del Estado, pero se recorta en más de $80 millones, que en parte están las programaciones de jubilaciones anuales. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Finanzas cuando llega la jubilación y no hay dinero? Dice que hay un proyecto de inversión y anti técnicamente lo sacan a través de Planifica Ecuador. Es decir, haciendo un autoengaño a la normativa de Finanzas para, a través de ese proyecto, obtener un valor económico y, lo peor de todo, dosificar para entregar arbitrariamente.
P. ¿Es una falta del Gobierno central, del anterior y de este?
Es de este Gobierno y de los anteriores. Es una norma de conducta. Veamos quiénes son los subsecretarios del Ministerio de Finanzas. Son las mismas personas que han estado en los anteriores gobiernos. Incluso una Subsecretaria de Economía participó en la audiencia y ella ya está varios años en esa institución.
P. ¿No hay ninguna falta de las anteriores administraciones del Consejo de la Judicatura?
Bueno, hay un valor importante, más de $10 millones, devuelto en el ejercicio fiscal anterior 2022. Esto es por la falta de aprobación de los planes. Si no pasa el filtro de Planifica, el Ministerio de Finanzas no genera el desembolso y, por lo tanto, se revierte el dinero.
P. Es decir, sí hubo un error.
Puede haber un error de aquí, que pasó a Planifica. Que, en lugar de poner una traba, debía dar las soluciones, aconsejar, recomendar cómo enderezar ese proyecto. Y no poner las trabas para que se revierta el dinero al presupuesto.
P. Hay alertas de demasiada burocracia y no precisamente de jueces. ¿Hay un plan?
La crítica es que la Judicatura es un mal administrador… Uno, la Función Judicial presta un servicio público, no es productor de obras. No es su especialidad. Dos, sí hay que hacer inversiones es para prestar el servicio público. Se requieren vehículos para citadores, pero no han hecho ese proyecto. Se requiere generar un expediente electrónico más dinámico, como la Inteligencia Artificial, pero hay la comprensión de lo que es la tecnología por parte de los órganos que autorizan el proyecto para esa inversión. Entonces, se devuelve el dinero de inversión. Ahora, vamos al gasto corriente que está dividido en dos partes. La primera, el orgánico de funciones del personal necesario para prestar el servicio de administración de Justicia. Este orgánico de funciones dice, por ejemplo, que en la Corte Nacional hay 21 jueces nacionales y 21 conjueces. ¿Existen 21 jueces nacionales? No. ¿Existen 21 conjueces? No. La Corte está siendo suplida por conjueces temporales y ciertos conjueces que han asumido el cargo de jueces nacionales encargados. El orgánico funcional está latente.
P. ¿Lo mismo pasa en las provinciales?
Si una Corte provincial establece un numérico en el orgánico, ejemplo 12 jueces, en la realidad hay cuatro. Es decir, sobran ocho partidas del orgánico funcional que están sin fondos, en la cédula presupuestaria no existe el valor económico. Si sumamos todas esas cuentas, más lo que implican los gastos de mantenimiento que fueron desfinanciados luego de la pandemia, bajo el pretexto de que no han sido utilizados, combustibles, mantenimiento automotriz…
P. ¿Todo eso fue por la pandemia?
Por la pandemia bajo la lógica de que, como no utilizan, no la necesitan. La sumatoria de todo eso son los más de $200 millones que se exige como reparación al Gobierno. Y no todo es dinero. Qué gana la Función Judicial: celeridad. Ahora un proceso civil, el más rápido, sale en seis años; un proceso de familia en siete años; un proceso de inquilinato en cinco; de trabajo en seis… con las actuales deficiencias. Un proceso penal en ocho años. Si llenamos ese orgánico funcional los tiempos van a reducirse y ahí sí la Justicia será más cercana.
P. Ahí están los toners, el papel, las citaciones, audiencias…
Todo. No solo el personal, sino también los gastos de operación. A nivel nacional, hay 267 jueces provinciales en funciones, cuando son 364. Hay 97 ausentes para quienes no tengo un presupuesto para pagar este valor remunerativo. Para que entren y trabajen. No existen las computadoras para que trabajen, ni escritorios, no existe el papel, no existe el toner, el sistema telemático es deplorable. Hay casas judiciales a las que les cortan luz y agua por falta de pago. Estoy hablando de gasto corriente, que quieren confundir a cada rato con gasto de inversión.
P. Las cuentas nacionales no están en su mejor momento. ¿De dónde va a salir la plata si gana la acción de protección?
No se pueden tomar fondos de seguridad, de salud, de otras cosas. No olvidemos, hay incentivos que hace el Gobierno al sector empresarial. No voy a decir que meta la mano en el bolsillo del pueblo, pero hace subsidios al sector empresarial. Por otro lado, el Código Orgánico Monetario Financiero establece las reservas internacionales y activos externos. Son reservas que están intactas, que están sobrevaloradas fuera del encaje. Según la página del Banco Central, había un acumulado de $8.200 millones, muertos.
P. Pero ese dinero es de los gobiernos autónomos, de los depositantes.
No. Es del interés generado a diferentes valores. Se suma por el oro monetario mantenido por el Banco Central; las divisas extranjeras que adquiere libremente el Estado; los depósitos netos en instituciones financieras de organismos financieros a corto plazo que se han disipado. Los valores de deuda negociables y los líquidos. El derecho a cobro de organismos financieros internacionales. Ciertos derechos de giro específicos. Pero, en lo concreto, son valores que siguen allí acumulándose como un colchón y que no le dan ningún uso. Y que en nada afectaría esos $8.200 millones. Apenas son $260 millones, que no generaría ningún desequilibrio financiero, sino que aportaría acorde al principio de solidaridad. Hay otros más.
P. ¿Cuáles?
Hay $224 millones de exoneración a la banca. ¿Y dónde está el desequilibrio en ese caso? ¿A la banca sí y al servicio de Justicia, no?
P. A usted le dicen correísta, un títere de intereses políticos, que es totalitario ¿Qué dice Usted?
Cada quien piensa como está configurado. Aquellos que dicen que soy títere, seguro son títeres. Aquellos que piensan que me debo a una persona, seguro se deben a otras personas. Yo no respondo a ninguna amistad ni sensación. Aquí hay un interés mayoritario.
P. ¿Es correísta?
Para nada. Al contrario, mi historia no da para ser correísta. Trabajé en el libre ejercicio, en Naciones Unidas, en la Comisión de la Verdad. Estuve con Elsie Monge, Pedro Restrepo, etcétera. Trabajé en la Comisión de Transparencia del Caso Angostura con Pancho Huerta, Enrique Galarza, Israel Batista. Ahí todos los días fue contra el correísmo. Personajes de esa tendencia salieron comprometidos. Trabajamos en generar un gran movimiento anticorreísta por reclamos de recursos para las zonas rurales. Participé para ser Contralor General del Estado y no hubo apoyo alguno. Participé para Defensor del Pueblo y le dieron al correísta. Llegué por mis propios esfuerzos a la Corte Nacional de Justicia. Y estoy aquí ¿Soy correísta? He dictado una sentencia contra Rafael Correa.
P. ¿Cuál?
Casos sobornos. Soy uno de los que lo sentenció. Qué rápido que olvidan.
P. Usted recibió apoyo de la Corte Nacional para llegar al cargo. ¿Cuenta con el respaldo del Pleno?
El respaldo del Pleno de la Corte fue para ser incluido dentro de la terna. Y he mantenido diálogos con los jueces nacionales. Tenemos una relación de mutuo respeto. No creo que exista un juez en el país comprometido con el restablecimiento del respeto a la magistratura, que esté en contra mío. Antes el Juez era respetado, era el alto magistrado. Ahora al recorrer el país encuentro magistrados bajo su moral.
P. ¿Qué le dicen?
Que la moral les ha bajado porque hay gobernantes, funcionarios, porque hay tuiteros, troles que les tildan acorde a sus intereses. Es la lucha de la razón contra la ignorancia. Por eso, primero hay que levantar esa moral. Su trabajo tiene que ser respetado, no porque dicte una sentencia a un juez que a alguien no le guste significa que sea antijurídica.
P. El crimen organizado también golpea a la Justicia. ¿Cómo usted ve esta realidad?
La tarea de los jueces es difícil. Yo lo fui y lo puedo comprender, pero eso no me hace tampoco indiferente. Un juez tiene que ser templado, tiene que tener carácter para hacer respetar el imperio de su decisión. Y no tiene que ser susceptible. Pero es humano. Pueden haber amenazas, pero no es justificativo tampoco. Hay un ataque sistemático y generalizado en toda América para desprestigiar a las funciones judiciales de América. En mi concepción, eso constituye un ataque para demostrar una nueva forma de dictadura contra las democracias, que empieza primero con las oleadas de mensajes de desprestigio. Luego de esa ventisca sucede el siguiente paso: ataques materiales. Han habido bombas en casas judiciales en el Ecuador, Santa Elena, Guayas, El Oro. Han ingresado a bala en Santo Domingo. Han estallado bombas panfletarias, Pichincha. Se han dado tiroteos cercanos, Pichincha, en Quitumbe. Es decir, el terror está cerca, acompañado por esta ola del crimen organizado transnacional que busca blindarse y posiblemente tiene pactos secretos con los difusores de los mensajes.
P. ¿Usted cree que esto va a crecer?
Y por eso es que la Función Judicial necesita fortalecerse. No solamente en el aspecto legal, sino también en el aspecto real y material. Casas judiciales seguras. Casas judiciales donde el usuario que ingresa no corra peligro. (DLH)