Resulta lamentable que, en nombre de la contienda política, la mayoría de ecuatorianos haya preferido —aunque por un margen muy estrecho— mantener la prohibición de extraditar a compatriotas involucrados en casos de crimen organizado transnacional. Cuesta entender que las animosidades partidistas hayan sido capaces de nublar así el criterio de tantos.
¿Qué argumento válido puede haber para oponerse a ello, más allá de una emocional oposición a cualquier idea que surja del Gobierno? ¿Cuál es la justificación legal y moralmente válida para socapar a compatriotas involucrados en actividades macabras? Se partía de que serían enviados a países donde enfrentarían un juicio justo, acusados de haber tomado parte en actividades nocivas que también son penadas aquí, pero que, por la dinámica de un crimen transnacional, se consumaron en ese otro destino.
En las principales ciudades del país —Quito, Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo—, venció el ‘Sí’ a la extradición. En varios de los cantones más atormentados por el crimen —Durán, Esmeraldas, Quevedo— también venció. En cambio, curiosamente, en las zonas de frontera como San Lorenzo, o las provincias de Sucumbíos y Orellana venció abrumadoramente el ‘No’. También arrasó el ‘No’ en zonas altamente politizadas, como en las que prima el movimiento indígena —Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo—, o en las que el correísmo y el narcotráfico priman —la ruralidad de Los Ríos, Manabí, Santa Elena—.
El margen de diferencia entre quienes votaron ‘Sí’ o aquellos que se opusieron a la primera pregunta de la consulta popular es estrecho. Vale recordar lo importante que es mantener en la agenda política, para la realidad de virtualmente medio Ecuador, herramientas radicales y efectivas en esta lucha sin cuartel.