En el país sobran las críticas referentes al gasto público. Desde un lado del espectro ideológico, se critica el derroche y la dilapidación de recursos sin rendir cuentas; desde el otro, se exige mayor inversión pública y mejores servicios. Sin embargo, lo que muchas veces resulta injusto es que todas estas recriminaciones y acusaciones se centran en el Gobierno central, cuando gran parte de la responsabilidad recae sobre los gobiernos locales.
Se trata de una suma considerable —más de $5.200 millones al año, la sexta parte del Presupuesto General del Estado— de la que, contradiciendo una serie de disposiciones legales, apenas el 75% se gasta en inversión pública; tres cuartas partes de ello se destinan a sueldos, servicio de deuda, gastos operativos y demás rubros que no tienen ningún impacto a largo plazo. Además, bajo el marco legal actual los gobiernos locales gozan de una inmensa libertad —el Gobierno central no puede exigirles cuentas y las desbordadas autoridades de control o la Asamblea no posan su atención en ellos—; esto, en un contexto de concejales y consejeros débiles, termina convertido en un estímulo a la impunidad.
El resultado es una escasez crónica de obra y una clase rentista que vive del dinero de todos —cuya popularidad y campañas muchas veces se sostienen con ese mismo dinero público—, que se encarga además de manipular la atención de la gente y redirigirla hacia el Gobierno central. En estas circunstancias, la única solución es la fiscalización y el reclamo proveniente de la propia ciudadanía; recordarle cuánto dinero hay y lo poco que se hace con él.