Se debe trabajar en el control en el gasto de los Gobiernos locales y las empresas públicas, la digitalización de trámites y la planificación a largo plazo.
En el presupuesto del Estado para 2022, que es el primero de completa responsabilidad del Gobierno de Guillermo Lasso, se estableció un nivel de gasto de alrededor de $34.000 millones.
Ese nivel, según la economista Andrea Vergara, no representa un cambio sustancial con respecto al manejo del Gobierno de Lenín Moreno y la inercia en la administración pública durante los últimos 14 años.
“Lo que hemos visto este año son mejores números en las cuentas fiscales, debido a razones como el precio del petróleo, la reforma tributaria y la reactivación económica. Sin embargo, la calidad del gasto sigue siendo una cuenta pendiente”, puntualizó.
En octubre de 2020, en medio de la primera negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ese organismo multilateral estimó que las pérdidas por malgasto en las compras públicas llegaron hasta el 30% en los últimos diez años; y en proyectos de inversión, el porcentaje alcanzó el 50% en algunos casos.
No se sabe si esos niveles se mantienen hasta hoy, pero si existe un clamor social porque se considera que la administración de Lasso ha incumplido con la promesa de gastar mejor los escasos recursos públicos.
A continuación, se detallan los tres principales nudos críticos en los que se deben trabajar las autoridades para cambiar esa situación:
Mejor planificación
El analista económico y empresario Oswaldo Landázuri, explicó que falta marcar una estrategia para hacer el presupuesto estatal y afrontar los problemas políticos y de seguridad. Agregó que la falta de claridad se nota en la gestión de cada dependencia estatal.
Ider Salgado, presidente de SD abogados y docente universitario, puntualizó que en los últimos 14 años se profundizó una cultura en la que la planificación se volvió un requisito molesto que se cumple a última hora.
Por eso, según el analista, los planes de inversión se hacen mal y al apuro; y luego vienen los problemas de procesos de compras públicas mal hechos, sin administradores adecuados, y donde la corrupción puede ingresar con facilidad”.
También se requiere un cambio estructural en la forma en que se gastan los recursos públicos. En este punto, el régimen necesita de apoyo político y social. Sin embargo, de acuerdo con Landázuri, el Presidente no está entendiendo el país que gobierna y, en lugar de buscar consensos, se pelea con todo el mundo, desde exportadores, industriales hasta líderes y partidos políticos.
“Lasso necesita aportar por una coalición abierta con otros sectores. Si no logra eso, seguirá dando vueltas en el mismo laberinto”, aseveró.
Gobiernos locales y empresas públicas
Alrededor de $11.900 millones al año se van en transferencias desde el Gobierno Central a gobiernos locales y empresas públicas. Eso representa el 35% de todo el gasto público del Presupuesto General del Estado (PGE).
La calidad en el uso de esos recursos está seriamente cuestionada. En octubre de 2021, LA HORA publicó una nota en la que se detalla que los municipios y prefecturas dispararon sin sustento el gasto corriente durante la pandemia, sobre todo en sueldos.
Sobre este punto, Andrea Vergara puntualizó que, aunque los gobiernos locales no solo reciben entre $3.400 y $4.000 millones de transferencias directas al año y cobran una variedad de impuestos, tasas y contribuciones, siempre se están quejando por falta de recursos.
Por el lado de las empresas públicas, tanto locales como nacionales, una de las que más consume es Petroecuador (alrededor de $6.000 millones anuales). Luego de la fusión con Petroamazonas, desde el anterior Gobierno se prometieron medidas de optimización que no se han concretado.
En febrero de 2022, el viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, anunció que se tenía previsto 9 grandes medidas para recortar de manera eficiente el gasto público. Entre esas está la realización de auditorías financieras a toda la banca pública, empresas estatales y gobiernos locales.
Sin embargo, el régimen no ha explicado bien ese tipo de procesos, ni todo su alcance. Solo se han producido declaraciones esporádicas y poco comunicadas. Además, desde las mismas autoridades se ha reconocido que los ajuste iniciarán recién en 2023, debido a la inestabilidad política y la crisis
Optimización de trámites
En el Gobierno de Lenín Moreno se lanzó la estrategia de Ecuador digital, la cual supuestamente se apuntaba a que hasta 2021 se tendrían más del 70% de los trámites digitalizados y optimizados.
Esos planes se quedaron más en papel que en la realidad. Un último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con corte a 2019, detalla que menos del 10% de los trámites del Gobierno Central estaban realmente digitalizados.
Esa realidad ha cambiado muy poco hasta la fecha, según Carlos Brito, ingeniero en procesos. Por eso, otro de los grandes retos que tiene el presidente Guillermo Lasso es hacer un cambio tecnológico en el manejo público. Eso también implica recortes en personal e incluso en ciertos departamentos de las instituciones públicas.
Esto choca con una mentalidad ecuatoriana que, por un lado, exige reformas y se queja de la calidad de los servicios, pero por otro lado tiene prejuicios muy fijos sobre lo público, no le gusta que le quiten ni un milímetro de su situación actual y no está dispuesta a hacer sacrificios.
Diego Olmedo, economista y empresario, recalcó que al final resulta que “No le puedes topar al gasto público, al gasto corriente porque si lo hace el país se le va encima. Todos hablan de ajuste, pero para que les toque a otros”. (JS)
$11.900 millones al año se destinan a gobiernos locales y empresas públicas.
Menos del 10% de los trámites del Gobierno estaban digitalizados hasta 2019.