Gobiernos locales gasta más de $438 millones al mes, pero sin transparencia ni prioridad por las obras

El Ministerio de Economía desconoce cómo se ejecutan los presupuestos en Municipios y Prefecturas.

A pocas semanas de que los ecuatorianos elijan a nuevas autoridades de los Gobiernos locales, una de las principales preguntas es cómo se gastan los presupuestos en 221 municipios, 24 prefecturas y 1.499 juntas parroquiales.

Según datos del Banco Central de Ecuador, esas instituciones gastan más de $438 millones mensuales (más de $5.200 millones al año), pero la ciudadanía se continúa quejando por el mal estado de las vías en las ciudades, por el deterioro de los servicios y la falta de transparencia sobre cómo se utilizan los recursos.

Durante un conversatorio con medios de comunicación, en noviembre de 2022, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, puntualizó que el gasto en los Gobiernos Locales es “un agujero negro que nadie controla”.

Además, apuntó a los grandes municipios como el de Guayaquil, donde se reclama constantemente por más recursos desde el Gobierno Central, pero por el otro lado no se rinden cuentas sobre el dinero que se transfiere a fundaciones y empresas municipales.

Bajo gasto en obras

En junio de 2022 causó revuelo e indignación social que la ejecución del presupuesto del Gobierno Central no superara el 35%. Pero pasó casi desapercibido que la ejecución de municipios y prefecturas no sumara más del 22% por esas mismas fechas, según una estimación del Ministerio de Economía.

Entre enero y octubre de 2022, los Gobiernos locales recibieron recursos, a través de transferencias del Estado y participación en los ingresos petroleros, por más de $3.100 millones. Además, recaudaron más de $1.100 millones por cobro de impuestos, tasas y contribuciones a los ciudadanos.

Sin embargo, de acuerdo con la última información disponible en los reportes del Banco Central, solo 25% de ese dinero se destinó efectivamente a inversión en obra pública.

Mientras, por el otro lado, en conceptos englobados en transferencias varias, donde pueden entrar contratos para fiestas, programas de todo tipo, consultorías, entre otros, se registra un gasto total de más de $1.720 millones (casi 40% de los ingresos totales).

El problema de fondo es que ni el Banco Central ni el Ministerio de Economía tienen un detalle sobre lo que se gasta a través de esas transferencias.

¿Tiene el Ministerio de Economía un estimado de cómo cerró la ejecución presupuestaria de los Gobiernos locales durante 2022? La respuesta es que esa información no está disponible porque es responsabilidad de cada municipio y prefectura.

¿Qué pasa en Quito?

La capital del país lleva varios años y administraciones con escasa gestión y pobres resultados. Según la última información disponible en la página del Municipio de Quito, la ejecución presupuestaria hasta julio de 2022 llegaba al 30,1%.

El porcentaje bajaba a 22% en dependencias como la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), donde solo se gastaron $42 millones de más de $191 millones presupuestados.

No existen detalles de cómo cerró 2022, pero si se revisa la ejecución de 2021, el porcentaje de cumplimiento apenas llegó al 60% en todo el Municipio de Quito; pero la cifra se quedó, por ejemplo, en el 53% en obras públicas y del 33% en logística para la seguridad y convivencia ciudadana.

El gasto de los Gobiernos locales, de acuerdo con Ana Montenegro, docente universitaria e investigadora en desarrollo urbano, fue considerado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como uno de los temas menos transparentes de las finanzas públicas.

Incluso, el Gobierno de Lasso tuvo de hacer correcciones en las cifras del Sector Público No Financiero como parte del acuerdo de financiamiento cerrado exitosamente en diciembre de 2022.

Sin control

Pero el problema sigue latente porque la Contraloría General del Estado no tiene capacidad ni personal suficiente para auditar todos los gastos de los Gobiernos locales.

Además, desde el Gobierno Central se incumple con lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, donde se amplían las facultades para pedir cuentas a municipios y prefecturas.

“En estas elecciones seccionales, las personas deberían exigir propuestas claras de los candidatos sobre cómo transparentar el gasto de los Gobiernos locales; y cómo priorizar la inversión, porque manejar más de $5.000 millones al año debería reflejarse en obras y buenos servicios”, puntualizó Montenegro.

No solo en Quito existen cuestionamientos a la ejecución presupuestaria. En Guayaquil, por ejemplo, hasta octubre de 2022, las obras públicas en transporte y vías sumaban $52 millones, es decir, 35% de lo presupuestado para el año.

“Si eso pasa en las administraciones más grandes, la situación empeora en Gobiernos locales medianos y pequeños. Todo comienza con una mala, o incluso nula planificación, y termina con obras al apuro en el tramo final de cada año”, concluyó Montenegro. (JS)

Entre Gobiernos locales y universidades concentran alrededor del 30% del Presupuesto General del Estado (PGE) de cada año.

El artículo 198 del Cootad establece que al menos el 70% de las transferencias del Estado deben ir a inversión y obra pública.

* Hasta el 31 de octubre de 2022, según datos del Banco Central