De nada servirá cualquier giro positivo a la política económica y social del Gobierno si se concreta un nuevo paro.
En las circunstancias actuales, repetir episodios como los de octubre de 2019 o junio de 2022 tendría consecuencias irreversibles, sobre todo para la economía de la Sierra. Tal como al cruzar un puente estrecho unos cuantos centímetros significan la diferencia entre seguir adelante o precipitarse al vacío, una paralización de un par de semanas implicará—con los márgenes actuales— la quiebra definitiva y la destrucción permanente de empresas, comercios y familias.
Al daño que se infringe a los grandes sectores generadores de empleo, como el floricultor o el lácteo, cuya producción se ve irremediablemente perdida, se debe sumar el impacto que sufre el consumo en general; gran parte de este recae en el sector informal y marca una diferencia definitiva en la calidad de vida de decenas de miles de ciudadanos. Si la movilización llegara a extenderse apenas un poco más que la última de junio, los efectos se sentirían también, con fuerza insospechada, en el resto del territorio nacional.
Resulta difícil entender que una fuerza política persiga, conscientemente, un camino tan doloroso para sus compatriotas. La oposición al Gobierno tiene la oportunidad ahora —con alcaldías y prefecturas bajo su mando— de demostrar con obras y gestión su mentada superioridad, sin necesidad de apelar a la violencia.
Cualquier intento de impulsar estas medidas de hecho y de articularlas con conspiraciones en los pasillos legislativos deben ser denunciadas desde ya con la mayor firmeza por quienes sí creen en la democracia.