Todo indica que el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso pierde momentum. La Asamblea Nacional actúa como si buscara una salida discreta, rápida e indolora del engorroso juicio. El día de mañana, los legisladores tendrán la oportunidad única de, culpándose entre ellos e ideando excusas, desechar un proceso que desde un inicio demostró ser un absurdo. Pero ya no es el momento.
Ante los ojos de la ciudadanía, no hay justificación que valga al momento de explicar por qué el Pleno, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) o la Corte Constitucional no aclararon los hechos cuando tuvieron la oportunidad, como sí se ha hecho ahora. Tampoco es justificable el desdén con el que el Ejecutivo abordó el asunto ante las primeras ‘revelaciones’ y dejó que la histeria juzgadora se apoderara de la opinión pública. Para dar una respuesta terminante al país y, sobre todo, dejar en evidencia a los autores y cómplices de este sainete, lo mejor sería que el juicio llegue a su última instancia, a la votación que decidirá sobre la destitución del presidente de la República en el Pleno de la Asamblea.
El país tendrá que soportar un par de semanas más de valioso tiempo legislativo desperdiciado, de incertidumbre política y, sobre todo, someterse al suplicio de cerca de treinta horas de interpelaciones, defensas e intervenciones de quienes cobran sueldo por ‘legislar’. Sin embargo, servirá también para revelar públicamente las verdaderas intenciones de cada asambleísta, y quizá una aproximación a la verdad de los hechos. Le daría también a la ciudadanía un lujo que suele negársele: respuestas claras y un cierre definitivo.