En Comisión de Fiscalización no hubo los votos para aprobar informe que recomendó no enjuiciar a Guillermo Lasso

El proceso en contra del presidente Lasso salió de la cancha de Fiscalización. Virgilio Saquicela tomará la posta la próxima semana. Con 70 votos, la Asamblea debe decidir continuar con el juicio o archivarlo; y 92 votos para la censura y destitución.

El informe-borrador elaborado por un equipo de asesores de la Comisión de Fiscalizacesaión de la Asamblea Nacional que recomendó no enjuiciar al presidente de la República, Gillermo Lasso por el presunto delito de peculado, no tuvo los votos necesarios para ser aprobado.

Tras una sesión de casi siete horas, incluida la lectura del documento, Ana Belén Cordero (CREO), vicepresidenta de la Comisión mocionó que se apruebe el informe motivado, y afirmó que el proceso de interpelación se basó en acusaciones infundadas y sin pruebas.

Los votos en contra  de aprobar el informe fueron de Roberto Cuero, Comps Córdova, Gabriela Molina (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (Indendiente).

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión (Independiente), Ana Belén Cordero y Marco Troya (Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO) y Pedro Velasco (independiente) votaron a favor del informe.

Al razonar su voto, Velasco resaltó que la Contraloría es el único ente encargado de realizar auditorías y determinar responsabilidades en las omisiones en los cargos públicos. “Hasta el día de hoy no se ha comprobado que el presidente haya actuado con dolo”, dijo.

El informe motivado “no aprobado” se entregará en las próximas horas a Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento, y una copia al presidente de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada.

Una vez que Saquicela avoque conocimiento del informe deberá ponerlo en agenda para ser conocido en una sesión del pleno. “El pleno del Parlamento tomará la decisión final”, dijo el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio.

A la sesión asistieron Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (expulsada del movimiento Pachakutik; ponentes del juico. Los ausentes fueron Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID).

El informe-borrador recomendó no dar paso al juicio porque no se pudo establecer la responsabilidad política del presidente sobre los supuestos perjuicios al Estado y por no existir la celebración de nuevos contratos entre Flopec y Amazonas Tankers en la gestión de Lasso.

Según dijo Villavicencio, los ponentes del juicio no presentaron ninguna prueba, ni cifras económicas con las que el presidente se haya beneficiado de los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers. El contrato se firmó en 2018 (gobierno de Lenin Moreno) y se renovó automáticamente en 2022.

INFORME ALTERNATIVO

Los resultados de la votación en esta Comisión dejaron sin piso la intención de los bloques de oposición (PSC, UNES, disidentes de Pachakutik, Izquierda Democrática, y un sector de los independientes) que buscaban que la Comisión recomiende al pleno continuar con el juicio.

En los minutos previos para que la Comisión avoque conocimiento del informe borrador, los legisladores correistas de la bancada Unión por la Esperanza; Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova solicitaron a la presidencia de la mesa que, ese momento estaba al mando de Fernando Villavicencio, un cambio en el orden del día “para aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político”.  Pero la moción no tuvo los votos.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión presume que la “verdadera” intención de los asambleístas era “sorprender” a la Mesa con un cambio del orden del día “en el que nos pretendían obligar a aprobar un informe alternativo de ellos que es contrario al informe de la Comisión y que planteaba el enjuiciamiento y la destitución del presidente Lasso”, reveló.

La mesa de Fiscalización logró, aplicando el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) impedir que la moción del correísmo pueda ser aprobada, porque solo pueden tratarse tres cambios del orden del día, los cuales previamente ya habían sido evacuados.

PRONUNCIAMIENTO VINCULANTE DEL PROCURADOR

Un día antes del debate en la Comisión de Fiscalización, el Procurador General del Estado (PGE) Juan Carlos Larrea emitió un pronunciamiento aclarando que en el artículo 18 numeral 1 del Código Civil, y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no está previsto “expresamente” el trámite de un informe de minoría.

Y añadió que, según lo previsto en el artículo 91 de la Ley de la Función Legislativa (LOFL) le corresponde a la mesa remitir al presidente de la Asamblea el informe motivado argumentando las razones por las cuales se recomienda o no el juicio.

El dictamen del Procurador echó abajo el propósito de Esteban Torres, jefe de bloque del PSC, que el 3 de mayo de 2023, elevó una consulta a la coordinación jurídica de la Asamblea sobre si es que existe la posibilidad de plantear un informe de minoría, aunque no está establecido en la Ley de la Función Legislativa. Torres suponía que los asambleístas de Gobierno en la Comisión de Fiscalización propondrían en el informe archivar el juicio. (SC)

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