Hace más de dos años que Ecuador despenalizó el aborto en caso de violación e incluso existe la ley respectiva. Sin embargo, las cifras de embarazo adolescente o infantil no han bajado, pues una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es la realidad. Aunque la interrupción del embarazo en caso de violación es legal, no todas las víctimas pueden acceder a este derecho.
Tras la despenalización, se presupuestó que la parte operativa recaería sobre el Ministerio de Salud y sus dependencias en el territorio nacional. Sin embargo, esto parte de supuestos equivocados, como creer que la red de salud tiene verdadera cobertura nacional, que las víctimas pueden aproximarse libremente o que todos los profesionales de dichas instituciones están dispuestos a cumplir con la ley por encima de sus convicciones. A todo ello hay que sumarle el contexto de complicidad familiar y de extrema precariedad económica en el que, en muchas ocasionas, se suscita el crimen. ¿Qué nos lleva a pensar que, en esas circunstancias, la agraviada puede estar en condiciones de acudir a la red de salud?
En un gesto digno de encomio, la Prefectura de Pichincha asumió, desde mayo de este año, la tarea de proveer asistencia, dentro de las exigencias legales, para abortos en caso de violación. Aunque no queda claro aún el impacto real, sí constituye una invitación para que más instituciones —sanitarias, educativas, deportivas y sociales— aporten en la lucha por esta causa que puede dar una nueva oportunidad a la vida de miles de víctimas.