“No tengo fe en la Justicia ecuatoriana”, reclama Patricia Ochoa, la viuda del general Jorge Gabela, asesinado en diciembre de 2010 tras denunciar presuntas irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv. La sospechosa compra de siete helicópteros, hace 14 años, continúa en el despacho de un juez de la Corte Nacional de Justicia, que aún no decide si llamará a juicio a 18 procesados por peculado.
Es muy decidor de la salud del sistema de Justicia, que el caso por supuesta malversación de fondos en la compra de estos helicópteros, de los cuales cuatro sufrieron siniestros cobrando tres vidas, aún no se resuelve, pero más marcada por la impunidad quedará la muerte de quien lo denunció.
Como este, decenas de casos acumulan polvo en los despachos de quienes conforman el poder judicial.
En ciertos casos, los ecuatorianos son víctimas de la ‘compra’ de justicia; en otros, rige el miedo a la destitución o el miedo a agentes de poder que operan al filo o al margen de la ley, así como una marcada lentitud por resolver todo tipo de causas, incluyendo acciones constitucionales, hacen que la justicia sirva para todo menos para lo que fue ideada: resolver los problemas urgentes de los ciudadanos.
Perder la fe en la Justicia es una pérdida para toda la sociedad. El fracaso de los operadores del sistema, desde la Policía, Fiscalía, la Judicatura, la Contraloría en ciertos casos y los funcionarios judiciales, es una deuda pendiente que poco tiene que ver con el Ejecutivo y, peor aún, con las elecciones que vienen.
Al perder la fe, habrá cada vez más quienes busquen justicia por sus propios medios.