Nada en estos últimos tiempos, ni siquiera los dramáticos hechos de la semana pasada, ha cambiado las prioridades y los verdaderos obstáculos que enfrenta el país: la pobreza y la corrupción. Cualquier otro problema, desde los más amplios y contundentes —como la inseguridad o la crisis de migración— hasta los más específicos y sofisticados —sea la crisis del sistema de partidos o el déficit fiscal— se originan allí. Mientras quienes conducen el país sigan desviándose en temas secundarios o coyunturales, fabricando nuevos villanos y distrayendo a la atención de la ciudadanía, nada cambiará.
El valioso esfuerzo de concertación que concluyó ayer con la aprobación de la ley económica del nuevo gobierno merece todos los aplausos. Las iniciativas allí plasmadas deberían permitir al sector público salir de aprietos y gozar de unas finanzas más sanas el próximo año. Ahora, es justo esperar un esfuerzo similar de conciliación y entendimiento que conlleve crecimiento económico y reducción de la pobreza. Se necesita un diálogo sensato, lejos de ideas y conceptos empobrecedores, en áreas como minería, energía, reforma laboral y obra pública.
En el campo del combate a la corrupción, el país se pregunta qué hará la Justicia para recuperarse del descomunal golpe a su prestigio y legitimidad que ha significado el caso Metástasis. La situación va más allá del concurso de jueces de la Corte Nacional o de quién presida el Consejo de la Judicatura. Es el momento de que tanto la sociedad civil y el Ejecutivo —por medio de la consulta popular— como el Legislativo —en diálogo con todos los sectores— planteen reformas profundas.