El valor de la onza de oro se ha duplicado y la prohibición de la minería formal solo abre la puerta a la ilegalidad y el lavado de activos en Ecuador.
La onza de oro registra actualmente un precio de $2.045. Su valor se ha duplicado desde 2016. Matías Abad, docente universitario y exgobernador del Azuay, explicó que en estas circunstancias la minería es “demasiado buen negocio como para esperar que una prohibición legal alcance (para frenarla)”.
En este contexto, la realidad es que donde se prohibió la minería legal aparecerá (si ya no lo ha hecho) la minería ilegal.
El economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas (UDLA), recalcó que prohibir la minería formal (como sucedió en la consulta popular del Chocó Andino en Quito) puede ser una solución muy «cómoda».
Pero, con los precios del oro en los niveles actuales, “esa prohibición va a tener tanto efecto como, en el pasado, ha tenido la prohibición al tráfico de drogas o del contrabando de gas”.
Es decir, ningún efecto práctico para impedir que las bandas criminales, el narcotráfico, y otro tipo de economías ilícitas, aprovechen el vacío dejado por una economía como la ecuatoriana que desaprovecha todas las oportunidades que se le presentan para impulsar las inversiones legales en sectores como la minería.
En una entrevista con LA HORA, Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, explicó que la minería y el petróleo tienen el potencial de incrementar de manera considerable los ingresos del Estado (justo en momentos de crisis y escasez) y además pueden ser el motor del crecimiento y la inversión que le hacen falta al país.
Sin embargo, alrededor de 200 proyectos productivos (incluidos mineros) continúan paralizados por el bloqueo de sectores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), ambientalistas y dictámenes de la Corte Constitucional (CC).
¿Por qué el precio del oro ha subido tanto?
Albornoz explica que el precio de la onza de oro ha estado en niveles altísimos desde el inicio de la pandemia (2020). Esto se debe a que la inseguridad económica y la necesidad de tener un activo que mantenga su valor ante la incertidumbre lo ha convertido en un bien muy requerido.
“El efecto es directo para el Ecuador porque una onza de oro tiene el volumen de un dado. Eso significa que si un dado fuera de oro macizo y no de plástico, tendría un valor de $2.045. Por el alto precio de los minerales, en especial del oro, la minería es tan rentable, y es por eso también que tenemos tanta minería ilegal”, apuntó.
Albornoz recalcó que es imposible impedir la minería porque simplemente existe demasiado dinero involucrado en su extracción.
En este contexto, lo mejor que puede hacer el Ecuador es autorizar, regular y controlar la minería formal.
Pero, a las trabas a la inversión, se suman, como en otros sectores de la economía, la corrupción y los intereses ocultos.
El resultado es, como ya ha analizado LA HORA, que sea “mejor trabajar de forma ilegal. Tienes más garantías y no pierdes dinero”, sobre todo para los mineros pequeños y artesanales.
La minería ilegal es el agujero negro
Según el último informe del Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat), con datos a 2022, los delitos ambientales, vinculados a otras actividades como narcotráfico y trata de personas, son los que más están creciendo en países como Ecuador.
Dentro de ese tipo de delitos está la minería ilegal, que al contrario de lo que sucede con el narcotráfico, la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, no tiene estimaciones del volumen de lavado de activos que genera.
En otras palabras, se ha convertido en un agujero negro de ilegalidad donde el movimiento económico no se ha podido calcular.
De acuerdo con el Gafilat, lo que se sabe es que ocupa espacios de difícil acceso como zonas rurales y montañosas, lo que dificulta el control.
Las principales zonas “calientes” son Imbabura, Carchi, Loja, Napo, Los Ríos y Zamora Chinchipe.
Se han identificado acciones corruptas que facilitan la actividad. Por un lado, el pago de sobornos en efectivo u oro a funcionarios públicos, o a través de testaferros.
Por otro lado, directores regionales, técnicos, policías y militares y exfuncionarios reciben compensaciones por: información sobre posibles lugares de operativos o zonas con oro; licencias ambientales; no informar de zonas con minería ilegal; emitir salvoconductos ilegales para el transporte de minerales; facilitar tráfico de explosivos. (JS)
Las exportaciones mineras legales alcanzaron $3.300 millones hasta septiembre de 2023. Ya son el cuarto rubro de exportación, pero están frenadas por trabas a la inversión.
En Colombia ya se han encendido todas las alarmas
Según un reciente reporte de Ojo Público, a medida que sube el precio del oro en el mundo, los grupos armados en Colombia se disputan los territorios de minería ilegal, una fuente cada vez más importante de financiamiento a actividades criminales y terroristas.
A pesar de que las autoridades reconocen que un alto porcentaje del oro tiene origen ilícito y que la disputa por el negocio ha agudizado la violencia, el mineral termina incorporándose al comercio global.
Así, solo en el 2022, Colombia exportó 70 toneladas de oro, por un valor de $2.900 millones. Pero desde hace tiempo se conoce que una enorme cantidad de lo producido y exportado tiene un origen criminal.
La Organización de Estados Americanos (OEA) señaló en un informe de 2022 que más del 80% del oro que sale de Colombia es de origen ilegal.
En 2022, la misma OEA también alertó que la minería ilegal se estaba convirtiendo en una lucrativa industria de exportación en Ecuador.
Un informe del Departamento contra la Delincuencia Criminal de la OEA, hecho público por el expresidente Guillermo Lasso, apuntaba, por ejemplo, a que en 2019 “Ecuador registró exportaciones de mineral de oro a China por valor de $76,7 millones. Sin embargo, las importaciones de mineral de oro ecuatoriano notificadas por China ese año ascendieron a $339,2 millones”.