Fue lamentable que, en la consulta popular de inicios de este año, la polarización política y la mezcolanza de discursos condujeron al rechazo de la valiosa propuesta de permitir la extradición de ecuatorianos acusados de participar en el crimen organizado transnacional. Ahora, por iniciativa de un bloque del Legislativo, resurge la posibilidad de rectificar aquel traspié y aprobar esta reforma que el país con urgencia requiere.
Ya no existe argumento racional válido para mantener la prohibición constitucional de extradición de compatriotas. Algunos defensores de esta apelan dogmáticamente a una supuesto sentido de soberanía, pero no logran explicar qué hay de soberano en permitir que los crímenes de un ecuatoriano contra esta y otras sociedades permanezcan impunes. Se trata de un principio de otra época, de naciones enfrentadas, cuando se concebía a las relaciones internacionales como una disputa y se buscaba preservar a los propios ciudadanos de la persecución de la justicia enemiga. Hoy, las circunstancias son exactamente opuestas, pues los Estados deben cooperar en un régimen compartido contra enemigos comunes.
La lucha contra el crimen organizado trasciende fronteras y requiere que los sistemas penales de los países invadidos por este mal trabajen en conjunto. La prohibición vigente le cierra puertas a Ecuador en materia de cooperación. Es bueno que el país pueda, fuera del frenesí de las campañas y la exaltación partidista, volver a discutir este valioso cambio y buscar la normativa adecuada.