El Plan Fénix surgió como un apresurado ofrecimiento de campaña, uno más entre las decenas de promesas de los días cercanos a la votación. El equipo del ahora presidente Daniel Noboa debió haber presupuestado que, ante la desesperada situación de seguridad que vive el país, esa la oferta sería tomada en serio. Sin embargo, hasta ahora no queda claro en qué consiste el Plan Fénix ni si se había en verdad cuando lo anunciaron.
Desde entonces, el gobierno ha profundizado la confusión alrededor del plan. En nombre de la reserva y de la seguridad nacional, lleva a cabo pronunciamientos crípticos y afirmaciones a medias. En más de una ocasión, como sucedió con Fiscalía o con ciertas unidades de la Policía, intenta atribuirle al supuesto plan los logros de otras instituciones, producto de esfuerzos que anteceden por mucho a este gobierno. Las prioridades y el enfoque del plan parecen variar de acuerdo con la coyuntura; por ejemplo, desde que estalló el caso Metástasis, parece dedicarse únicamente a las cárceles.
Un verdadero plan abarca diversas instituciones —Policía, Fuerzas Armadas, Justicia, sistema penitenciario, compras públicas, municipios, cooperación internacional— y requiere la comprensión y colaboración de la comunidad, todo ello con metas claras y medibles, a largo plazo. Si es que el gobierno ya cuenta con uno, pero no puede ser de conocimiento público, no tiene sentido que insista en mencionarlo. Sin embargo, eso sí, debería dejar en claro cuándo dicha implementación comenzará a reflejarse en los indicadores concretos. El país espera.